Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El más reciente informe del Latinobarómetro 2024 sigue colocando a Honduras como uno de los países con una frágil institucionalidad que merma la confianza de los hondureños. Los pactos políticos bajo la mesa, la corrupción, la impunidad y el acceso a la justicia destacan entre los elementos que inciden en una erosión entre las instituciones.
Honduras pasó del golpe de Estado de 2009, a una modalidad de “golpes suaves” a las instituciones que tuvo un primer momento en 2012 cuando la cámara legislativa destituyó a la Sala de lo Constitucional, del Poder Judicial. Por esa acción, en abril del año pasado, el Estado de Honduras fue condenado por la Corte Interamericana de Justicia por la destitución arbitraria e ilegal de 4 de los 5 magistrados.
Mientras la Sala Constitucional de ese entonces era desmembrada, el gobierno del presidente Porfirio Lobo se hacía del control de las principales instituciones del país: Congreso Nacional, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, entre otros cargos de elección de segundo grado. La oposición en ese entonces liderada por el izquierdista partido Libertad y Refundación reprochaba esas acciones, abogaba por reformas a la Ley Orgánica del Congreso Nacional y una mayor democratización en las elecciones de segundo grado.
Pero el discurso cambió a partir de 2022 al asumir el poder, el partido Libertad y Refundación (Libre) al asumir el poder ha replicado y profundizado esa estrategia de “golpes suaves” a la institucionalidad en donde la última batalla que libra en la actualidad se centra en el control del Consejo Nacional Electoral (CNE).
En su último escrito de trascendencia nacional, la exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos, dibuja con mucha profundidad lo que se juega y jugó en estas elecciones primarias e internas, en donde parecía que se iba a acudir a un proceso de cartas echadas, donde las elecciones no estaban en riesgo. El riesgo, asegura Castellanos, se advertía en los pocos avances de construcción democrática y los graves retrocesos autoritarios.
Pero el boicot al proceso electoral primario el 9 de marzo con las incidencias registradas en dos de los principales centros de votación con mayor carga electoral, como fueron el municipio del Distrito Central en Francisco Morazán, y la ciudad de San Pedro Sula, en Cortés, activó las alertas. “Alguien no quería que el proceso electoral se llevara a cabo”, acota Castellanos en su carta.
Los militares se convierten en el centro de la controversia por incumplir su rol de custodia de las urnas y garantizar unas elecciones confiables como manda la Constitución. El otro punto de la discordia era el Consejo Nacional Electoral (CNE), en especial sus dos consejeras, Cossette López, que lo preside y la secretaria Ana Paola Hall. López fue elegida para presidir la conducción de los comicios primarios, en tanto Hall, lo hará para las generales. Ambas consejeras, ahora, están en la mira del Ministerio Público y del oficialismo para ver si pueden sacarlas del juego por las incidencias del 9 de marzo.
El CNE es por ahora una de las instancias que no es controlada por Libertad y Refundación, junto al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. La batalla final sobre el control o la implosión del CNE se verá en los próximos meses de cara a los comicios generales de noviembre próximo.
Libre superando al enemigo: el PN
Dentro de la estrategia de “los golpes suaves”, Libertad y Refundación (Libre), empezó a tejer finamente su red siguiendo las técnicas de su antecesor, su enemigo político, el Partido Nacional, con los siguientes hechos:
El 23 de enero de 2022, la presidenta electa, Xiomara Castro, se niega a reconocer la Junta Directiva del Congreso Nacional, en donde 79 diputados eligieron a su presidente, el diputado Jorge Cálix, del partido Libre en el poder. Castro rechaza esa elección pues previo a ello, encabezó protestas en los bajos del Congreso Nacional arengando a favor de que el presidente del parlamento fuera Luís Redondo, en cumplimiento a un pacto hecho con quien la llevó al triunfo electoral en una alianza política como fue Salvador Nasralla.
Ese hecho de desconocer a Cálix, abre una fisura en Libre, y el país tiene 2 juntas directivas paralelas: una presidida por Cálix, y otra por Luís Redondo, que toma el poder del Congreso a patadas, golpes y forcejeos. Se produce el primer “golpe suave” institucional.
Llega el 27 de enero, fecha en que la Constitución establece que debe asumir el poder un nuevo gobierno. La crisis en el Congreso con sus dos directivas no zanja y el equipo de la presidenta electa Castro se ve forzado a acudir a una juez para la juramentación presidencial y evitar caer en vacíos de poder que generaran inestabilidad política.
La jueza contactada para ese juramento fue Karla Romero, quien se niega a validar a Luís Redondo para que avalara la juramentación al considerar que había una controversia jurídica en el cual Redondo no era el presidente legítimo ni legal del parlamento. Con el tiempo, Romero fue destituida del Poder Judicial alegando faltas a su horario laboral.
En medio de ese debate sobre la legitimidad y la legalidad de la presidencia de Luís Redondo, éste procede el 3 de febrero de 2022, con su junta directiva, a elegir al nuevo procurador y subprocurador de la República a destiempo y al margen de la ley, en medio del barullo, sin contar con el respaldo de la mayoría de las bancadas legislativas y bajo el cuestionamiento de las organizaciones de sociedad civil que señalando la ley, evidenciaba que los nuevo funcionarios no llenaban los requisitos legales. Se produce así el segundo “golpe suave” a la institucionalidad.
En paralelo, esa misma fecha, la cámara legislativa presidida por Redondo, otorga el tercer “golpe suave” a la institucionalidad: se aprueba un polémico decreto de amnistía política o pacto de impunidad 2.0 en el cual se absuelve de delitos de corrupción a exfuncionarios del gobierno del expresidente, Manuel Zelaya, se allana el camino para que retornen otros que estaban prófugos, e incluso se liberan a otros más condenados en prisión por actos de corrupción que no eran parte de las bondades de la amnistía política. Los golpes “suaves” se otorgaron así a la institucionalidad del Poder Judicial y del Ministerio Público.
El 7 de febrero de 2022, el diputado Jorge Cálix y los legisladores que le acompañaban en su cruzada por la presidencia del Poder Legislativo, cerca de 22, suscriben un acuerdo en la Casa de Gobierno, a lo interno de Libre, para zanjar la crisis, avalar la presidencia de Luís Redondo, y aceptar el reparto de cuotas de poder que le ofrece el partido en el poder. La fisura en Libre que parecía subsanada se profundiza con el tiempo y Cálix junto a sus más leales diputados, abandonan el partido y se suman al Partido Liberal para correr por la candidatura presidencial en los comicios primarios del 9 de marzo. Su llegada, junto a la de Salvador Nasralla, dinamizan a un partido centenario que se encontraba cabizbajo y sin posibilidad de repuntar para las generales de noviembre, pero la historia ahora es otra: el Partido Liberal tiene posibilidad de volver al poder, tras dos décadas de llanura.
Una CSJ y MP “a la carta”
En marzo de 2023 se elige una nueva Corte Suprema de Justicia tras meses de regateo, de filtros y contra filtros en el trabajo de la junta nominadora, donde los candidatos mejor evaluados, no fueron considerados por el Congreso que eligió un nuevo Poder Judicial afín al partido en el poder, Libertad y Refundación. Tras la elección de la Corte Suprema de Justicia, el periódico del gobierno, Poder Ciudadano, difunde un pacto político de las cúpulas de Libre, Partido Nacional y Partido Liberal, que diseña la ruta del reparto institucional del país entre los tres institutos políticos que conforman el tripartidismo político. El cuarto “golpe suave” se consolida en el Poder Judicial con las votaciones de los magistrados en casos de interés público por medio de sus sentencias. Inicia también un desmantelamiento a lo interno del Poder Judicial con remoción de jueces y colocación de activistas del oficialismo en cargos claves dentro de la administración judicial.
En junio de 2023, el avance por el control institucional en materia de seguridad se produce con el nombramiento del nuevo ministro de Seguridad, el magister Gustavo Sánchez, en sustitución de Ramón Sabillón, que ya resultaba incómodo tras la captura del extraditable, Midence Oquelí. Sánchez se vuelve un activista del partido en el poder, distante de las políticas de seguridad ciudadana, impulsando un estado de excepción revestido de legalidad constitucional y con ampliaciones, según expertos, y con amenazas de perfilamiento y levantamiento audiovisual de quienes lideren protestas sociales en contra del gobierno. Es el quinto “golpe” suave institucional.
En noviembre de 2023, la cámara legislativa, bajo una Comisión Permanente que preside Luís Redondo, elige al nuevo fiscal general y fiscal general adjunto, en una de las decisiones más controversiales ya que fue tomada por 8 diputados de Libre sobre el resto de los parlamentarios, 128 en total. La decisión la tomaron a rajatabla para dar fin a una insurrección legislativa que se oponía a elegir un fiscal general “a la carta” de Libre. Esa Comisión Permanente estuvo integrada por Luís Redondo, que la presidía, y los legisladores de Libre, Carlos Zelaya Rosales, Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Silvia Ayala, Edgardo Casaña, Rasel Tomé y Fabricio Carbajal. Es el sexto “golpe suave” institucional. El 29 de febrero de 2024, las fuerzas políticas del tripartidismo en el Congreso logran nuevos pactos oscuros y ratifican al fiscal general electo, nombran otro adjunto y se reparten los cargos claves dentro del Ministerio Público bajo un claro control de Libre.
El 27 de diciembre de 2023, asume el general Roosevelt Hernández como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y las vuelve obedientes “políticas y deliberantes”. El séptimo golpe institucional se consuma por parte del partido en el poder al poner una institución garante de la alternabilidad en el poder al servicio de un partido político y de la virtual candidata de Libre, la ministra de Defensa, Rixi Moncada. El costo de esta politización partidaria del ente armado se ha visto reflejado en las incidencias del 9 de marzo al no poder dar una respuesta contundente del por qué no custodiaban las urnas que se fueron de paseo turístico en buses rapiditos en la capital. El general Roosevelt Hernández ha entrado en abierta confrontación con las consejeras López y Hall del CNE.
El 28 de febrero de 2024, se eligen nuevas autoridades en elección de segundo grado en el Congreso Nacional, entre ellos los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, Tribunal de Justicia Electoral, Instituto de Acceso a la Información Pública, entre otros, controlados en su mayoría por Libertad y Refundación. Se reeligió también a otros funcionarios. Los pactos políticos se van cumpliendo y el partido en el poder impone poco a poco su agenda y cooptación de la institucionalidad. Los golpes “suaves” institucionales suman y siguen. Y en este proceso electoral, de cara a las generales, la batalla por el control total de la institucionalidad se centrará en el principal ente rector electoral: El Consejo Nacional Electoral. (PD)
