Tegucigalpa – El Fiscal General, Johel Antonio Zelaya, presentó este martes un requerimiento fiscal en el Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción en contra del exministro de la Presidencia, Ebal Díaz y una decena de exfuncionarios de gobierno.
– Ya se giraron las respectivas alertas migratorias para que los imputados respondan ante la justicia hondureña.
Según el requerimiento fiscal, el exministro Díaz presidió el consejo de administración del Instituto de la Propiedad (IP) y dirigió una estructura criminal para orquestar un fraude para el desarrollo de un proyecto habitacional para más de 10 mil familias hondureñas.
Los otros imputados son: Zonia Margarita Morales (expresidenta de Coalianza), Lizeth Guadalupe Villatoro (delegada de una institución bancaria), Mario León Gómez (exfuncionario de la Secretaría de la Presidencia).
Igualmente, son imputados Rolando Federico Poujol, Juan Ramón Cruz Carbajal, Edmundo del Carmen Cuadra, José Fernando Cálix Bonilla, Myrna Isabel Mejía Flores, Dino Rieti, Francis Yamileth Rodríguez, Lis María Moncada Pineda, Luis Roberto Aparicio Godoy, Óscar Rolando Mendoza Cáceres y Tania Michelle Montoya, quienes estaban relacionados con la unidad ejecutora y coordinadora de proyectos.
Los delitos por los que se acusan a las personas mencionadas anteriormente son: asociación para delinquir, fraude, violación a los deberes de los funcionarios y administración fraudulenta entre otros, por lo que se solicita se giren las respectivas órdenes de captura nacional e internacionalmente y se decrete la inmediata alerta migratoria.
El ente acusador del Estado solicitó al juez que gire las ordenes de capturas a nivel nacional e internacional, decretando alerta migratoria.
Estas personas son señaladas por el proyecto habitacional “Residencial Morazán” en la que se defraudó al Estado 294 millones de lempiras.
El Fiscal General manifestó que es necesario que el pueblo hondureño tenga justicia en estos casos.
Señaló que el MP ya hizo su trabajo en presentar el requerimiento fiscal, pero que ahora le toca al Poder Judicial en realizar su labor.
“No queremos jueces timoratos y que busquen caminos alternos para para liberar delincuentes, traemos suficientes pruebas en este caso”, declaró a periodistas que cubren la fuente judicial.
Confió que el circuito anticorrupción del Poder Judicial logrará una condena contundente y que servirá de ejemplo para futuros gobiernos para que no sigan cometiendo actos de corrupción y se burla del pueblo hondureño.
Sobre el caso de Ebal Díaz que reside en Nicaragua, Zelaya respondió que usará los medios diplomáticos para que comparezca ante la justicia hondureña. AG
