Tegucigalpa – Apenas un 3 % de las denuncias interpuestas por ciudadanos víctimas de extorsión han derivado en una sentencia condenatoria contra los implicados, reveló este jueves la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
– Se estima que apenas 1 de cada 10 casos por extorsión llegan a una sentencia condenatoria
En el marco del seguimiento a las acciones implementadas por el gobierno hondureño contra la extorsión, la organización de Sociedad Civil presentó el Monitor de Impacto de la Extorsión en Honduras.
Esta herramienta fue diseñada por ASJ para proporcionar un seguimiento continuo de los resultados obtenidos por el sistema de justicia penal en el combate contra la extorsión.
El monitor indica que, desde diciembre de 2022, cuando se declaró el estado de excepción realizado por el gobierno hondureño con el objetivo de combatir la extorsión con mayor contundencia, han transcurrido 596 días; sin embargo, con un aproximado de 283 mil 952 hogares que manifiestan ser víctimas de extorsión, según una encuesta efectuada por ASJ en 2023.
De enero a mayo, 891 denuncias han sido interpuestas ante la Policía Nacional, pero sólo se reportan 484 detenciones y apenas 27 casos han derivado en una condena contra los acusados ante los juzgados competentes.
La herramienta digital muestra un Índice de impunidad en extorsión de 99 %, considerando las variables del número estimado de hogares víctimas de la extorsión y el número de sentencias condenatorias reportadas por el Poder Judicial.
No obstante, considerando únicamente los datos oficiales presentados por las instituciones del sistema de justicia penal, con el número de denuncias registradas y el número de sentencias condenatorias, el Índice de impunidad por extorsión es de 97 %, porcentaje que no está alejado de la percepción de la ciudadanía.
Desde la sociedad civil organizada, ASJ mantiene este monitoreo permanente de las estrategias implementadas por las instancias de seguridad y justicia para combatir el flagelo de la extorsión, para que se ejecuten en el marco de la ley, sin la necesidad de continuar con modelos de seguridad que limitan derechos humanos y garantías constitucionales de la ciudadanía como lo es el estado de excepción.
ASJ recomienda a la Secretaría de Seguridad, Ministerio Público, Poder Judicial y demás instancias vinculadas a resguardar y colaborar con la seguridad nacional, a mejorar e implementar estrategias antiextorsión que resulten efectivas para el combate integral de la problemática que atraviesa la población hondureña, mediante la unión de esfuerzos con los sectores afectados, fiscales, jueces, sector financiero y sociedad civil.
Más información sobre el impacto de la extorsión en Honduras, están disponibles en el medidor: https://asjhonduras.com/impunidad_extorsion/
