Tegucigalpa – La extorsión no sólo arrebata vidas a los actores del transporte público en Honduras, también es un flagelo que “no es pasajero” porque a pesar del paso de los años crecen las cuotas que cobran hasta media docena de grupos criminales que burlan las estrategias de los cuerpos de seguridad, aunque algunas veces existe colusión para que el problema no se elimine de raíz.
– Atlántida, Cortés, Francisco Morazán, Choluteca son los departamentos con más denuncias de extorsión, afirmó el director de DIPAMPCO, comisionado Mario Molina.
– Al menos 28 transportistas han sido asesinados en lo que va del año en Honduras, de acuerdo a recuentos de los propios empresarios del ramo.
Los transportistas se quejan de ser víctimas de tres y hasta seis grupos criminales que cobran el mal calificado “impuesto de guerra” y que cuando no se llega a ningún acuerdo con ellos, al siguiente día la amenaza, la pagan con su vida los conductores o los ayudantes. Añaden que se han acostumbrado a vivir bajo ese esquema porque no encuentran ningún tipo de respuesta en las autoridades encargadas de la seguridad en el país.
Algunos familiares incluso han mencionado que a su propia casa han llegado los criminales a asesinar a un esposo, hijo o familiar que trabaja en el rubro del transporte.
El lunes de la presente semana fue asesinado el motorista de una unidad de transporte en el sector Felipe Zelaya de San Pedro Sula, norte de Honduras. El occiso, de nombre Miguel Lara y conocido con el alias de “El Choco”, fue ejecutado por desconocidos. Esta muerte como muchas que ocurren casi a diario no logran ser judicializadas y mucho menos identificar a los que ejecutan este tipo de acciones que mantienen de rodillas a los operadores y usuarios del transporte público.
Las constantes muertes en el rubro también se matizan con una ola de extorsiones que obliga a los transportistas a pagar cantidades millonarias a más de media docena de grupos que viven del cobro del mal llamado “impuesto de guerra”.
Muy común es informar el cierre parcial o definitivo de históricas empresas de transporte que no pueden pagar el cobro extorsivo. Los ataques a balazos a las instalaciones y en muchos de los casos a los buses son las formas de intimidación utilizadas por parte de estos grupos. Tal es el caso ocurrido esta misma semana en Santa Bárbara, donde un bus fue tiroteado por malhechores que cobran el pago de la extorsión.
Y así, en respuesta a los ataques violentos, varias empresas de transporte interurbano se vieron en la obligación de cancelar sus viajes temporalmente.
En los últimos años, la labor que realizan taxistas y buseros se ha convertido, en Honduras, en una ocupación de alto riesgo para quienes la ejercen, ya que tienen que exponer su vida a cualquier hora del día.
En su mayoría, los victimarios de los transportistas son personas desconocidas que se conducen en vehículos o en motocicleta. En algunos casos los victimarios se suben a la unidad como pasajeros y no solo terminan asaltando a la víctima sino hasta la matan en forma violenta.
Modalidades delictivas como la extorsión, las amenazas, los asesinatos, los homicidios obliga que la gente no solo abandone su casa, sino que su trabajo, su medio de subsistencia y huyen para salvaguardar su integridad física y su vida, muchas veces en compañía de sus familiares.
Ante esa realidad, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, adelantó que este viernes se harán públicas las determinaciones tomadas en Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) para bajar las tasas de extorsión, homicidios y la violencia contra las mujeres, pero todo este entramado legal ocupa del acompañamiento del Poder Legislativo que vuelve a sesiones hasta el próximo mes.
La dirigencia estima que anualmente el rubro del transporte paga alrededor de 600 millones de lempiras en extorsiones, lo que agrava aún más la situación financiera de las empresas. A esto se suma la implementación del pago del décimo cuarto o “catorceavo” mes de salario, una carga adicional que dificulta la sostenibilidad del negocio, se quejan a diario los empresarios del ramo.
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“Estado de decepción”
El dirigente del transporte, Jorge Lanza, dijo que los empresarios del ramo ya están al tanto que tienen que cumplir con el decimocuarto mes de salario a las organizaciones criminales que cobran la extorsión. “Yo no sé de donde se sacan eso porque a nosotros nadie nos paga aguinaldo para que tengamos que pagar a esta gente, pero existe la triste situación que estos grupos se acostumbraron a vivir a costillas de otros”, reforzó.
Calificó el estado de excepción como “estado de decepción” porque bajo ningún esquema de medición de resultados ha logrado bajar la extorsión en el transporte público.
Denunció que actualmente hay una mayor afluencia de teléfonos y papeles extorsivos por parte de estas organizaciones criminales, lo que tiene a los empresarios del transporte al borde de la quiebra. “No tenemos más de donde pagar y de postre el gobierno no acelera el pago de los subsidios que están comprometidos en documentos”.
Lanza dejó claro que en el rubro del transporte la situación de inseguridad sigue “igual o peor”. En el caso del pago del decimocuarto a los criminales es más recurrente en San Pedro Sula.
Reveló que los pagos estimados por extorsión ascienden a unos 600 millones de lempiras en todo el territorio hondureño.
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Motoristas mejor migran
Un reciente informe del Conadeh, cita que hay barrios y colonias donde el desplazamiento forzado está tocando fuertemente a las mujeres, a los comerciantes y a los transportistas, entre otros.
“Constantemente hay rutas del transporte que se paralizan porque no quieren continuar brindando su servicio por la extorsión, que es una de las principales causas que está generando el desplazamiento forzado”, menciona el escrito del ente defensor de DDHH.
La migración de la mano de obra calificada, «es una triste realidad, porque los conductores se van a buscar trabajo a otros países. La mano de obra buena, conductores con experiencia y responsables, se han ido a Estados Unidos y a otros países de Europa», manifestó el dirigente de transporte Jorge Lanza.
El empresario detalló que su empresa ha perdido recientemente a 22 conductores experimentados, una situación que refleja una preocupante tendencia en el sector.
Este éxodo de conductores ha forzado a las empresas a trabajar con el personal disponible, muchas veces no capacitado adecuadamente. «Nos vemos obligados a contratar personal que no está capacitado, necesitamos certificar a los conductores. Pero mientras tanto se debe contratar a personas que estén disponibles, hay un dicho que dice: ‘estos son mis bueyes y con estos tengo que arar’», añadió el dirigente.
Jorge Lanza justificó que, debido a la falta de mano de obra capacitada, algunos empresarios se han visto obligados a contratar conductores sin cumplir con todos los requisitos necesarios. Esta situación ha derivado en problemas adicionales, como la presencia de conductores que consumen alcohol y drogas, lo que pone en riesgo la seguridad y eficiencia del servicio de transporte.
En conclusión, el dirigente anotó que esta situación crítica exige medidas urgentes para certificar y capacitar a nuevos conductores, además de políticas que reduzcan la extorsión y apoyen a las empresas en la gestión de sus obligaciones laborales.
No hay voluntad de modernizar flota de buses
Otro de los dirigentes del transporte, Wilmer Cálix, lamentó que no exista voluntad por parte de las autoridades gubernamentales para empujar la modernidad en el rubro.
Cuestionó que desde las máximas autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), no se generan las condiciones para cambiar la flota de buses que prestan el servicio a los usuarios.
“Al final vemos que el Instituto de Transporte es un elefante blanco que no ha podido impulsar un proyecto efectivo de transporte en el país. Como rubro de transporte hemos tenido la voluntad, pero no encontramos eco en la institucionalidad para sostener un proyecto viable y sostenible a largo plazo”, describió.
Cálix enumeró que diariamente tienen que lidiar con la inseguridad que los abate, la falta de respuestas de los cuerpos del estado para garantizar sus vidas y también pelear con los personeros del IHTT por el incumplimiento de subsidios aprobados por el Poder Ejecutivo.
Proceso Digital hizo un recorrido en buses de la ruta urbana y encontró que los mismos males que el transporte terrestre viene registrando por años.
No hay seguridad al interior de las unidades, las cuales van repletas y los conductores manejando a velocidades mayores en el llamado “pelea de rutas”, frenando de forma intempestiva para recoger pasajeros fuera de las estaciones asignadas.
Las promesas de unidades con botón de pánico, pago electrónico y con videocámaras al interior es algo que solo es posible en los foros donde se promocionan y en una o dos unidades que sirven de publicidad, pero en el mundo real nada de eso existe, según constató Proceso Digital en las unidades de transporte urbano.
Problema endémico
Por su parte, el sector privado de Honduras analiza el delito de la extorsión como algo endémico, es decir muy propio de Honduras.
En ese orden, el gerente de Empresas Sostenibles del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Gabriel Molina Delgado, indicó que la extorsión en el país es un tema endémico.
“En varias partes del país tenemos muchos reportes que no está sencilla la cosa, vemos los efectos negativos como la informalidad en el sector formal, empresas que estaban formalmente trabajando hoy por asuntos de seguridad se están volviendo invisibles”, dijo.
Señaló que la extorsión “hay que trabajarla fuertemente” y que es importante proteger la seguridad de las personas y las empresas.
Estado de excepción elevó la extorsión
Modalidades delictivas como la extorsión, las amenazas, los asesinatos, los homicidios obliga que la gente no solo abandone su casa, sino que su trabajo, su medio de subsistencia y huyen para salvaguardar su integridad física y su vida, muchas veces en compañía de sus familiares, alertó en un reciente informe el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).
Según el ente estatal, las medidas adoptadas por el gobierno, como la instauración del Estado de excepción, no ha dado los resultados que espera la población ya que la violencia no ha disminuido y, afirmó que, según el recuento preliminar de las quejas atendidas, en el 2023, el desplazamiento forzado interno es un fenómeno que sigue en crecimiento.
La extorsión y las violaciones a los derechos humanos aumentaron durante el estado de excepción en Honduras, alertó la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) mediante un informe publicado el pasado 21 de mayo.
De acuerdo al informe, aunque el estado de excepción surgió para frenar la extorsión, esta llegó a su nivel más alto de los últimos cinco años. En noviembre de 2023, 11.1% de los hogares hondureños eran víctimas de extorsión y los departamentos más afectados eran: Cortés (16 %), La Paz (15 %), Colón (14 %), Yoro (14 %) y Francisco Morazán (13%).
Otro dato relevante del ente defensor del pueblo da cuenta que hasta agosto del 2023, más de 170 mil hondureños solicitaron asilo en más de una veintena de países del mundo. Unos 114,000 lo hicieron en Estados Unidos, más de 40 mil en México y 7 mil en España. En su gran mayoría estos compatriotas huyen de una violencia que no da tregua.
El informe elaborado por el Consejo Noruego de Refugiados, sitúa a Honduras en el sexto lugar de las 10 crisis de desplazados más olvidadas en el mundo. Es una realidad alarmante, ya que tiene que ver mucho el tema de los desastres naturales, la pobreza, pero, sobre todo, la violencia generalizada que se vive en el país y que por supuesto no es ajena al transporte. PD
