Tegucigalpa- Una enorme manta pegada en un puente del Anillo Periférico, a la altura de El Trapiche en Tegucigalpa, que reza “No más narcos en política, diputados actúen ya”, es posiblemente una medida de presión para los diputados que han hablado de la aprobación de una nueva ley de extradición.
Tras el juicio al expresidente Juan Orlando Hernández quien fue condenado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, las voces se han incrementado en el Poder Legislativo que Honduras necesita una nueva ley de extradición y no seguir con el auto acordado.
En el juicio salieron mencionados varios políticos que ahora elevan su voz para que sea abolido el auto acordado que permite la extradición de hondureños por delitos de narcotráfico, lavado de activos, entre otros.
La presidenta Xiomara Castro exigió a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que actúe a los responsables de vender el territorio, los que rompieron el orden constitucional y los que traficaron drogas valiéndose de una estructura de poder político.
Pidió al Poder Judicial que actúe con plena independencia frente a los que traicionaron la patria, vendieron el territorio, rompieron el orden constitucional, asesinaron, robaron, traficaron drogas y dictaron ilegal sentencia para la reelección presidencial.
Igualmente, la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando se pronunció y dijo que los hondureños deben de ser juzgados en su mismo país.
El jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento se decantó por una Ley de Extradición que regule este proceso en ambas vías, aunque aceptó que el auto acordado ha funcionado para entregar narcotraficantes. IR
