Tegucigalpa/Nueva York – El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández será sentenciado el 26 de junio tras ser declarado culpable por tres cargos de narcotráfico, informó la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Según el comunicado de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Hernández conspiró con algunos de los traficantes de drogas más grandes del mundo para transportar toneladas de cocaína a través de Honduras a Estados Unidos.
A continuación Proceso Digital reproduce el comunicado de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York:
Damian Williams, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York; Merrick B. Garland, fiscal general de los Estados Unidos; y Anne Milgram, administradora de los EE.UU. La Administración Antidrogarra anunció hoy que un jurado devolvió un veredicto de culpabilidad contra JUAN ORLANDO HERNANDEZ, a/k/a .JOH, por los tres cargos en la Acusación, que incluyó la importación de cocaína y delitos de armas. HERNANDEZ está programado para ser sentenciado el 26 de junio de 2024.
El abogado Damian Williams dijo: «Juan Orlando Hernández tenía todas las oportunidades de ser una fuerza para el bien en su natal Honduras. En su lugar, optó por abusar de su oficina y su país para su propio beneficio personal y se asoció con algunas de las organizaciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo para transportar toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Espero sinceramente que esta convicción envíe un mensaje a todos los políticos corruptos que considerarían un camino similar: elegir de manera diferente. Mi Oficina no se detendrá ante nada para investigar y procesar a los responsables de enviar veneno a esta comunidad, sin importar su estatus o poder político.
El Fiscal General Merrick B. Garland dijo: «Juan Orlando Hernández abusó de su posición como presidente de Honduras para operar el país como un narcoestado donde se permitía a los narcotraficantes violentos operar con virtual impunidad, y el pueblo de Honduras y Estados Unidos se vieron obligados a sufrir las consecuencias. Como demuestra la condena de hoy, el Departamento de Justicia está desbaratando todo el ecosistema de redes de narcotráfico que dañan al pueblo estadounidense, sin importar cuánto hasta dónde debamos llegar o lo alto que debamos llegar.
La administradora de la DEA, Anne Milgram, dijo: «Cuando el líder de Honduras y el líder del Cártel de Sinaloa trabajan mano a mano para enviar drogas mortales a las comunidades estadounidenses, ambos merecen rendir cuentas en Estados Unidos. Este caso debe enviar un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley o fuera de nuestro alcance.
Como se refleja en la Acusación y las pruebas presentadas en el juicio:
Al menos en o alrededor de 2004, hasta en o incluso en o alrededor de 2022, HERNANDEZ, el ex presidente de Honduras y expresidente del Congreso Nacional de Honduras, estuvo en el centro de una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo. HERNÁNDEZ abusó de su posición y autoridad en Honduras para facilitar la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos. A cambio, HERNANDEZ recibió millones de dólares en dinero de la droga de algunas de las organizaciones de narcotráfico más grandes y violentas de Honduras, México y otros lugares, y usó esos sobornos para alimentar su ascenso en la política hondureña.
A lo largo de su mandato, HERNANDEZ promovió públicamente la legislación y los esfuerzos que pretendía emprender en apoyo de las medidas antinarcóticos en Honduras. Al mismo tiempo, protegió y enriqueció a los narcotraficantes de su círculo íntimo y a quienes le proporcionaron sobornos alimentados con cocaína que le permitieron obtener y permanecer en el poder en Honduras. Por ejemplo, Hernández confirmó selectivamente las extradiciones utilizando su poder ejecutivo para apoyar las extradiciones a Estados Unidos de ciertos narcotraficantes que amenazaron su control del poder, y prometiendo a narcotraficantes que lo pagaron y siguieron sus instrucciones de que permanecerían en Honduras. Además, HERNANDEZ y sus co-conspiradores abusaron de instituciones hondureñas, incluyendo la Policía Nacional hondureña y el Ejército hondureño, para proteger y aumentar su conspiración. Entre otras cosas, miembros de la conspiración utilizaron agentes de la Policía Nacional hondureña fuertemente armados para proteger sus cargas de cocaína mientras transitaban por Honduras. Los miembros de la conspiración también resistieron a la violencia y el asesinato para proteger y hacer crecer su empresa de narcotráfico, atacando y asesinando a traficantes rivales y a quienes amenazaron con su control sobre el comercio hondureño de cocaína.
Varios de los co-conspiradores de HERNÁNDEZ ya han sido condenados y sentenciados en relación con esta investigación. Entre otros, el hermano de HERNÁNDEZ, Juan Antonio Hernández Alvarado, a/k/a «Tony Hernández» fue condenado tras el juicio en octubre de 2019 y sentenciado a cadena perpetua, y Geovanny Fuentes Ramírez, un violento traficante de cocaína que se reunió con HERNÁNDEZ en múltiples ocasiones para discutir su asociación con tráfico de drogas, fue condenado tras juicio en marzo de 2021, y sentenciado a cadena perpetua. Más recientemente, Juan Carlos Bonilla Valladares, a/k/a El Tigre, el ex jefe de la Policía Nacional hondureña, se declaró culpable de su participación en la conspiración de importación de cocaína y está previsto que sea sentenciado el 25 de junio de 2024, y Mauricio Hernández Pineda, ex miembro de la Policía Nacional hondureña y primo de HERNÁNDEZ, se declaró culpable de su participación en la conspiración de importación de cocaína y está previsto que sea sentenciado el 2 de mayo de 2024.
En total, HERNÁNDEZ y sus co-conspiradores traficaron más de 400 toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos a través de Honduras durante la tenencia de HERNÁNDEZ en el gobierno hondureño.
HERNÁNÁNDEZ, de 55 años, de Honduras, fue condenado por tres cargos: i) conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua; ii) uso y porte de ametralladoras y artefactos destructivos durante la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una pena de prisión consecutiva obligatoria de 30 años; y iii) conspiración para el uso y porte de ametralladoras y dispositivos destructivos durante la consejera de la Conspiración de importación de cocaína, que conlleva una pena máxima de cadena perpetua.
Las sentencias potenciales mínimas y máximas están prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí con fines informativos solamente, ya que cualquier sentencia del acusado será determinada por el juez.
Sr. Williams elogió los esfuerzos destacados de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, las Fuerzas de Tarea contra el Tráfico de Drogas contra el Crimen Organizado (-OCDETF) New York Strike Force, y la Oficina de la Ciudad de la República de las Naciones Unidas, así como de los Estados Unidos. Departamento de Justicia Oficina de Asuntos Internacionales y Sección de Contraterrorismo de la División de Seguridad Nacional. Sr. Williams agradeció además al Gobierno de Honduras su asistencia extraditando HERNÁNDEZ a los Estados Unidos.
La Fuerza de Huelga de Nueva York de la OCDETF prevé el establecimiento de equipos de tareas interinstitucionales permanentes que trabajan codo con codo en el mismo lugar. Este modelo de ubicación conjunta permite a agentes de diferentes agencias colaborar en operaciones multijurisdiccionales impulsadas por la inteligencia para desbaratar y desmantelar a los narcotraficantes más importantes, lavadores de dinero, pandillas y organizaciones criminales transnacionales. La misión específica de la Fuerza de Huelga de Nueva York es atacar, desarticó y desmantelar las organizaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero, reducir el suministro ilegal de drogas en los Estados Unidos y llevar a los criminales ante la justicia.
Este caso está siendo tramitado por la Dependencia de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la Oficina. Asistente de EE. Abogados Jacob H. Gutwillig, David J. Robles, Elinor L. Tarlow y Kyle A. Wirshba está a cargo de la fiscalía, con la ayuda de la especialista paralegal Kayla A. Collins y los abogados de primera instancia Andrea Broach y Jessica Fender, de la Sección de Contraterrorismo de la División de Seguridad Nacional.
