Tegucigalpa – “Al seguir aplicando la amnistía política, Honduras está dando un mal mensaje a las Naciones Unidas y al estipular que en Honduras sí hay clases privilegiadas y sí hay sesgos e inclinaciones en cuanto a la impartición de justicia”, dijo este jueves a Proceso Digital el coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA) en el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), César Espinal.
La reciente absolución del director del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona, por delitos de malversación de fondos, amparado con el decreto de amnistía pone en tela de juicio la voluntad política para que la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) venga al país.
Analistas consultados por Proceso Digital señalan que la CICIH es una promesa de campaña del oficialista Libertad y Refundación (Libre) y que para eso, las Naciones Unidas han pedido quitar algunos obstáculos, donde incluye el pacto de impunidad que permitió que Barahona quedará en libertad.
Espinal considera que seguir aplicando este borrón y cuenta nueva a señalados de malversar dineros públicos, “entabla un mal mensaje hacia las Naciones Unidas porque diferencia de si se instala una comisión anticorrupción, podrían existir nuevos comportamientos que en el futuro estén orientados a limitar el accionar de esta comisión en los casos que el oficialismo considere que podría afectarle”.
Pacto deber ser derogado
El analista Kennett Madrid dijo a Proceso Digital que la clase política ha hecho daño con la amnistía, porque muchos delitos procesados por corrupción que no obedecían a factores políticos se han beneficiado de estos, por lo que “la ONU fue clara, dijo que era necesario que se derogaran los pactos de impunidad, incluida ahí la amnistía política y lógicamente que esto no ayuda”.
Para Madrid, con ese pacto no se puede hacer justicia objetiva y con el mismo solo se demuestra que no habría una lucha contra la impunidad y la corrupción de manera objetiva y transparente.
“Prácticamente con ese decreto están clasificando a un sector de una clase política que estuvo en un gobierno determinado, dejando fuera de cualquier persecución aunque hayan cometido delitos de corrupción u otros delitos contra la administración pública”, consideró.
Por su parte, el abogado penalista Félix Ávila indicó que este pacto de impunidad es uno de los obstáculos pendientes de la Administración de Xiomara Castro y lamentó que “más bien no se ve que se quiera remover”.
Inseguridad jurídica
Como en casos anteriores donde exfuncionarios se ampararon en la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, mejor conocido como pacto de impunidad 2.0, en casos vinculados a corrupción donde los implicados han argumentado que las acusaciones eran motivadas por persecución política, el rechazo de diversos sectores no se ha hecho esperar.
Para el caso, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, es de la opinión de que en Honduras la corrupción solo cambió de bandera y este caso es el ejemplo.
Para la parlamentaria, “malversación de caudales públicos es delito de corrupción y no se trata de delito político o común conexo y tampoco hay en él, motivaciones políticas”, además agrega que aplicar amnistía en lugar de declaración de inocencia en su caso, es inseguridad jurídica.
En tanto, la diputada del Partido Nacional, Merary Díaz, señaló que la amnistía concedida a Barahona, confirma la teoría de que Libre busca el control de la Sala Constitucional para beneficio de sus militantes.
“Faltan todavía, por eso pelea Libre el control de la Sala Constitucional, para que no se someta a conocimiento de magistrados el pacto de impunidad aprobado sin votos en el Congreso Nacional por una junta directiva ilegal”, reaccionó la parlamentaria a través de sus redes sociales.
Las amnistías no aplican para casos de corrupción
Normalmente las amnistías son creadas como un mecanismo de reparación, de reconciliación donde el poder público emite acuerdos, decretos o leyes de amnistía mediante las cuales perdonan crímenes que se han cometido por alguno de los sectores beligerantes, explicó el abogado Ávila.
Así, las amnistías son para delitos políticos, no para delitos de índole común o peor, delitos contra la administración pública.
“Pero la malversación de caudales públicos o cualquier delito contra la administración pública no son delitos políticos”, enfatizó el profesional del derecho al señalar que el oficialismo ha usado un juego de palabras, alegando que los procesos judiciales contra estas personas fueron motivados políticamente, al que en la “doctrina y jurisprudencia es inadmisible este argumento”.
Barahona, quien anteriormente se desempeñaba como gerente administrativo en la Secretaría de la Presidencia durante el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, fue acusado de malversación de fondos provenientes del gobierno de Taiwán.
Reformas al pacto
Para el defensor de derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, ya que el Poder Judicial “no puede o no quiere aplicar el decreto de amnistía estrictamente sin desvirtuar su naturaleza y su fin, exigimos que el Congreso Nacional derogue o reforme el artículo 4 literal a) del Decreto N° 4-2022”.
En dicho artículo indica que tanto la Fiscalía General de la República como la Procuraduría General de la República “renuncian a presentar recurso de amparo, así como su admisión por parte del Tribunal, con lo cual la decisión judicial es definitiva”. VC
