Tegucigalpa – El Juez Natural de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dictó la tarde de este miércoles medidas sustitutivas de prisión a varios implicados en el caso Pandora II.
La audiencia inicial quedó programada para el 10 de enero a las 9:00 de la mañana.
Se trata del expresidente, Porfirio Lobo Sosa y el extitular de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, acusados por fraude; el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), Jorge Johny Handal Hawit; los exgerentes administrativos de SEFIN, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina y el director de presupuesto de SEFIN, Roberto Alonso Zúniga Barahona, acusados por violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
El Juez Natural a petición de partes procesales, determinó dictar medidas distintas a la detención judicial a los seis imputados.
En ese sentido, los imputados deberán de cumplir con las prohibiciones impuestas que son no salir del país, firmar dos veces al mes en la CSJ y rendir caución por valor de 6 millones de lempiras.
A dos de los procesados se les permitió salir del país cuando lo requieran por procesos médicos en el exterior, de acuerdo a documentos presentados ante el juez que conoce la causa.
La acusación es contra los expresidentes Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, además de otros exfuncionarios acusados de varios delitos contra la administración pública.
Al otro coimputado, el octavo en el caso, al no comparecer a audiencia de declaración de imputado, se le libró la respectiva orden de captura.
Relación de hechos
El pasado 11 de octubre, el Ministerio Público acusó a ambos expresidentes por fraude, en tanto a Hernández Alvarado también se le imputa lavado de activos de más de 62 millones de lempiras, en una ampliación del caso conocido como Pandora.
Dentro de la acusación figura además el extitular de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez por fraude, el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), Jorge Johny Handal Hawit, los exgerentes administrativos de SEFIN, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina, el director de presupuestos de SEFIN, Roberto Alonso Zúniga Barahona y el exgerente financiero de BANADESA, David Eduardo Ortiz Hawit, acusados por violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
El caso se centra en el hecho que los altos exfuncionarios, de acuerdo a la investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), conformaron entre los años 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras (L. 288,016,175.00) que se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de Banadesa.
En ese sentido, el involucramiento del expresidente Hernández Alvarado se basa en el beneficio obtenido de los desembolsos que se realizaron desde las instituciones públicas a las fundaciones, donde el exmandatorio recibió para el financiamiento de su campaña política al menos 62 millones de lempiras, a través de la utilización de diferentes artificios, entre ellos, la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios, dineros públicos que llegaron a los movimientos «Azules Unidos» y «Amigos de JOH», además a la sociedad mercantil denominada «La Cachureca», así como a sus gerentes de campaña departamentales.
En todas las ampliaciones presupuestarias tuvo una participación directa el expresidente Lobo Sosa, autorizando el traslado de fondos de una secretaría a otra, para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas para drenar los fondos.
Asimismo, las investigaciones de la UFERCO determinan que desde la Secretaría de Finanzas, se aprobó una ampliación de 35 millones de lempiras que fueron traspasados a la fundación Todos Somos Honduras. IR
