Tegucigalpa – El poderoso arsenal encontrado esta semana en varias cárceles hondureñas es tan solo la repetición de una historia que recién había ocurrido en 2017, luego que el expresidente Juan Orlando Hernández lanzara el novedoso modelo de penales de máxima seguridad.
– La inacción de la justicia para castigar a los responsables de introducir poderosos arsenales a las cárceles es tan solo caldo de cultivo para que los hechos se repitan.
– Armamento de alto poder, granadas, teléfonos satelitales, instrumentos de comunicación, pertrechos policiales y militares, son apenas algunos de los hallazgos en las mal llamadas cárceles de máxima seguridad.
– Al menos 1 mil 050 privados de libertad han muerto violentamente en las cárceles hondureñas en los últimos 20 años, de acuerdo a recuentos del Conadeh.
La matanza de 46 privadas de libertad el pasado 20 de junio en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), obligó al gobierno a replantear las estrategias para recobrar la gobernabilidad en los presidios hondureños calificados como “escuelas del crimen”.
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Previo a la cruenta masacre de reclusas en Támara, se había declarado emergencia en el sistema penitenciario a raíz de balaceras múltiples en las principales cuatro cárceles hondureñas. La designada para llevar a cabo la intervención fue Julissa Villanueva, quien a lo largo de 70 días tuvo un tibio desempeño que se acompañó con una decena de sucesos violentos en el interior de las ergástulas carcelarias.
Ante la gravedad de los acontecimientos la medida gubernamental más significativa fue asignar el control de los recintos carcelarios a las Fuerzas Armadas, a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), un cuerpo élite creado en la administración gubernamental anterior y que incluso fue calificado como la oposición de aquel entonces -pero que hoy gobierna el país- como la guardia pretoriana de Hernández.
El control de los presidios al inicio del actual gobierno pasó del instituto castrense a la Policía Nacional, una institución en que la presidenta Xiomara Castro depositó toda su confianza, pero sólo transcurrieron 17 meses para que las cosas volvieran como allá por enero de 2022.
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Semana de requisas militares
Aunque el traspaso en la gestión de los presidios a manos de militares fue ordenado a partir del 1 de julio, los efectivos verde olivo se adelantaron con las acciones de seguridad y ejecutaron requisas en las cárceles masculina y femenina de Támara, así como en Morocelí, conocida como La Tolva.
Las imágenes divulgadas por la Fuerzas Armadas retrataron la similitud de las acciones ejecutadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuando declaró “guerra total” a las pandillas al tenor de un estado de excepción que hasta la fecha deja más de 50 mil detenidos.
“Las armas en las cárceles no entraron solas, los que ayudaron a ingresarlas son cómplices de la sangre derramada y deben ser procesados”:
Cardenal Rodríguez
En Honduras al inicio de esta semana las gráficas y videos mostraban a los miembros de las estructuras criminales (maras o pandillas), en filas y casi desnudos, con la cabeza gacha y totalmente indefensos.
Sendas requisas en PNFAS -lugar de la matanza de 46 reclusas- y la cárcel de varones de Támara –la mayor de Honduras- fueron apenas el inicio de hallazgos de poderosos arsenales, dinero en efectivo, drogas, aparatos de telecomunicaciones y objetos prohibidos.
Los decomisos vuelven a demostrar las condiciones en que viven los privados de libertad en estos espacios denominados como de máxima seguridad. Aquí los reinos del crimen operan a sus anchas y gozan de muchos privilegios que ni la población honrada puede disponer.
Gráficas sobre lo incautado en Támara
Las temibles “leoneras”, como se les conoció a los módulos de máxima seguridad en Támara, eran en la realidad espacios muy cómodos con todas las facilidades de una población penitenciaria altamente peligrosa a la vista y paciencia de quienes gerenciaron el Instituto Nacional Penitenciario (INP).
El miedo en algunos casos y la colusión con los hampones en otros, dejaron que estos espacios de confinamiento se convirtieran en novedosas escuelas del delito, desde donde fluyen ilícitos como la extorsión, órdenes de asesinatos y muchas modalidades de la criminalidad organizada.
Las irregularidades en los centros carcelarios también retratan historias de peligrosos convictos que deberían estar recluidos en un penal, pero como por arte de magia aparecen en otros recintos, sin que haya respaldo documental de semejantes movimientos.
Al final de este miércoles se informó que con el decomiso de explosivos, armas, equipo tecnológico y drogas, concluye la operación de requisa en módulos asignados a la MS-13, Pandilla 18 y Peseteados, del centro Penal La Tolva en Morocelí, El Paraíso. Esta cárcel fue una de las que se inauguró en 2016 y que se calificó como de máxima seguridad.
Álbum requisa de 2017
Hace seis años…
En agosto de 2017, mediante la Operación Morazán se informó el decomiso de un arsenal y otros hallazgos hechos en la Penitenciaría Nacional por parte de las fuerzas de seguridad, lo que según las crónicas de la época demostraba que los reclusos estaban preparándose para enfrentarse a la autoridad.
Un año antes el gobierno del expresidente Hernández lanzó el concepto de cárceles de máxima seguridad con la apertura de El Pozo y La Tolva, además se anunció la puesta en marcha de dos nuevas cárceles en lugares de difícil acceso y salida, un hecho que nunca ocurrió.
En aquella oportunidad se destacó el éxito de la masiva incautación de armas, artefactos explosivos y pertrechos militares encontrados en las celdas de las maras Salvatrucha y 18 en la Penitenciaría Nacional, localizada en Támara (Francisco Morazán), después de que varios de sus miembros fueran trasladados a Ilama en Santa Bárbara y Morocelí en El Paraíso.
Entre lo incautado en Támara, figuró: 16 fusiles de asalto AK-47, 5 fusiles de asalto Galil, 5 fusiles M16 tipo carabina, 5 fusiles AR-15 semiautomático, 10 subametralladoras Mini UZI, 3 fusiles lanza granadas de 40 MM, 2 escopetas calibre 12, 41 pistolas de diverso calibre, 27 mil 886 proyectiles de diversos calibres, 368 cargadores para diferentes tipos de armas, 14 granadas de fragmentación de mano, 2 granadas de fragmentación M67, 3 silenciadores para fusil, 50 artefactos explosivos de fabricación artesanal, 1 granada de 40 MM, 61 armas blancas, 35 radios de comunicación, 8 routers para señal de wifi, 6 fatigas digitalizadas de uso penitenciario, 12 fatigas color azul de uso policial y 16 mil 700 lempiras en efectivo.
En 2014 también se registró el decomiso de perros (un pitbull y dos rottweiler) y loros, así como enseres domésticos entre los que destacaban equipos de sonidos, plasmas, ventiladores, refrigeradoras, aires acondicionados, juegos de muebles y sillas ejecutivas, materiales de construcción y combustible en la cárcel de Támara.
Las historias contadas con apenas seis años de diferencia son iguales. Nunca existe castigo para los responsables o las autoridades que permitieron que los arsenales ingresaran a las cárceles hondureñas, mientras la población sigue reclamando que estos recintos se conviertan en espacios de reinserción social y de total tranquilidad. PD
