Ciudad de Panamá – En un hecho sin precedentes, 46 reclusas murieron en una reyerta en una cárcel de Honduras, desnudando la deshumanización de los hacinados recintos penitenciarios de Centroamérica, una región marcada en gran medida por la violencia de las pandillas y la corrupción.
El pasado 20 de junio se desataron los infiernos en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas): una riña e incendio dejaron sin vida a 23 reclusas por armas blancas y de fuego, y las otras 23 calcinadas, de acuerdo con la información de las autoridades de Honduras.
Las primeras versiones dan cuenta de un enfrentamiento entre pandillas, las que ya han convertido en casi un hecho habitual la muerte violenta de sus contrincantes en los superpoblados y hacinados presidios masculinos.
En el Cefas había unas 1.000 reclusas cuando su capacidad es de 400, de acuerdo con los datos disponibles.
En mayo pasado en una visita in loco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató el «preocupante hacinamiento» en el Cefas, recalcó a EFE Liliana Caballero, Oficial de Incidencia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), un ente vinculado al sistema interamericano de DD.HH.
«La tragedia del Cefas es consecuencia de una omisión estatal en el mejoramiento y atención de las condiciones carcelarias en el país», afirmó Caballero.
El problema «gravísimo» de la sobrepoblación y el hacinamiento en las cárceles de América Latina, «potencia muchas situaciones de violación de derechos humanos» y es tierra fértil para «lamentables masacres», dijo durante una audiencia ordinaria de la CIDH en octubre de 2021 el Relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad, Edgar Ralón.
SOBREPOBLACIÓN Y HACINAMIENTO
La población carcelaria de Centroamérica se acerca a las 197.000 personas, según la información gubernamental y de ONG recopilada por EFE.
Datos recogidos por la Plataforma Mundial de las Prisiones (WPB, por sus siglas en inglés) indican que la población reclusa se duplicó en Panamá y Honduras entre los 2000 y 2020, lapso en el que se quintuplicó en El Salvador y se cuadruplicó en Guatemala.
Este fenómeno se debe, según analistas y ONG, a un excesivo uso de la detención preventiva y el aumento de los tipos penales, además de un alza de la criminalidad.
Todos los sistemas penitenciarios centroamericanos presentan sobrepoblación (cuando se rebasa la capacidad de los recintos) y hacinamiento (cuando el espacio no es suficiente para las personas que están allí).
«Un problema crónico en América Central es el hacinamiento carcelario», dijo este viernes a EFE la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), la colombiana Juanita Goebertus.
Citó el caso de Guatemala, donde «hay tres veces más reclusos que la capacidad de las cárceles, según los datos disponibles», lo que contrasta con Costa Rica, que «ha logrado reducir el hacinamiento en los últimos años, ubicándose en el 7 % actualmente».
En el 2022 Guatemala cerró con un hacinamiento carcelario del 363 %, el más alto de América Latina, según un informe publicado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
En El Salvador, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) ubicó el hacinamiento carcelario en el 247,6 % a julio de 2022, cinco meses después de iniciada la campaña gubernamental contra las violentas pandillas que ha puesto a decenas de miles de sus supuestos miembros tras las rejas.
Según la WPB, el nivel de ocupación del sistema penitenciario de Panamá se situó en el 152,4 % a marzo pasado; el de Honduras en 150,8 % a octubre de 2022; y Nicaragua en el 177,6 % a octubre de 2018.
La WPB, que utiliza datos derivados en gran medida de fuentes gubernamentales u otras fuentes oficiales, indica que la prisión preventiva representa desde el 19,9 % de los presos en Costa Rica hasta el 53,7 % en el caso de Honduras.
«Es fundamental que los Estados en América Central tengan control efectivo de las cárceles. Para ello es crucial reducir el hacinamiento disminuyendo el uso de la prisión preventiva, que es excesiva y representa alrededor del 50 % de toda la población carcelaria en Guatemala y Honduras, por ejemplo», afirmó Goebertus.
Además, indicó, «las prisiones deben gestionarse de forma profesional, por civiles adecuadamente capacitados, no por policías o Fuerzas Armadas», y que «el Estado debe garantizar condiciones carcelarias dignas y oportunidades laborales y educativas» que garanticen la reinserción social.
LAS PEORES TRAGEDIAS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS
La matanza en el Cefas es la primera registrada en una cárcel de mujeres en Honduras, un país en el que murieron de forma violenta 1.050 reclusos entre 2003 y 2019, de acuerdo con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
En uno de esos hechos, registrado el 14 de febrero de 2012 en la Granja Penal de Comayagua, murieron calcinados 360 reos y una mujer que visitaba a su marido.
En El Salvador, 14 reclusos miembros de la pandilla Barrio 18 fueron asesinados en el 2015 en la cárcel de Quezaltepeque en una disputa, mientras que en Panamá 12 presos murieron en diciembre de 2019 en un tiroteo entre pandillas rivales.
