Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El presupuesto General de la República de un poco más de 392 mil millones de lempiras aprobado por el Parlamento, no contempla entre sus prioridades el apoyo a los organismos que luchan contra la corrupción, cuyas asignaciones presupuestarias siguen inamovibles o con incrementos irrisorios que contrastan con el discurso público de combate frontal a la corrupción y la impunidad.
De cara a las negociaciones para la instalación en el país de una Comisión Internacional de lucha contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), las señales emanadas de los poderes Ejecutivo y Legislativo no concuerdan con la narrativa oficial anticorrupción, pues dependencias claves de combate a este flagelo, siguen asfixiadas con sus presupuestos.
La secretaría de Transparencia y Lucha Anticorrupción que preside el ex fiscal del Estado, Edmundo Orellana, se mantiene con el presupuesto de un poco más de 157 millones de lempiras, descartando los 22 millones adicionales que habían sido solicitados, sin que exista una justificación de parte del Poder Ejecutivo de mantener a raya a esta dependencia que se prevé será decisiva en el acompañamiento que se pueda dar a la CICIH una vez que se instale.
Hasta ahora, el ministro Orellana ha sido uno de los actores más protagónicos en las negociaciones para traer al país a la CICIH, afirmando que ésta vendrá con dientes y con independencia para cristalizar su misión de combatir de frente la impunidad y a los corruptos. No obstante, a fines del año pasado, Orellana dejó entrever su desacuerdo con la aprobación de un decreto ejecutivo que autorizaba compras directas sin licitación y bajo el manto de la confidencialidad, de recursos públicos a discreción de la Casa Presidencial.
Los castigados del presupuesto
El decreto ejecutivo 04-2022, publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 17 de noviembre de 2022, aprobado en Consejo de Ministros, generó polémica porque eleva al rango de la confidencialidad la compra de la alimentación de la presidenta, el transporte, las encuestas y otras acciones que estimen son de “seguridad nacional” y no se pueden conocer públicamente. Además de eludir las licitaciones y decantarse por las compras directas, algo que el titular de la Secretaría de Transparencia cuestionó ampliamente.
Observadores estiman que ese desacuerdo, habría costado el no incremento del presupuesto en 22 millones que se había solicitado. En el Parlamento hondureño tampoco hubo eco en el partido del oficialismo, Libertad y Refundación, por dar mayores aumentos a las instituciones gubernamentales y del Estado enfocadas en promover la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas.
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), otro ente de control responsable de que se cumpla la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública apenas tuvo un incremento de dos millones de lempiras en su presupuesto. En el 2022, el presupuesto era de 37 millones de lempiras y para el 2023, subió a 39 millón.
El IAIP es responsable de verificar si los gobiernos son proactivos en cuanto a proporcionar información pública de interés social a los ciudadanos, o por el contrario, prefieren mantenerse en el paraguas de la opacidad. Cada año, mide la efectividad de los portales gubernamentales y municipales de transparencia, y otorga una puntuación de cumplimiento o incumplimiento. En el caso del actual gobierno, muchas de las instituciones no han salido tan bien evaluadas, y se atribuye a la etapa de transición en que cayó el nuevo gobierno.
Las autoridades del IAIP han sostenido que para garantizar un efectivo acceso a la información pública se requiere de mayor presupuesto para promover la cultura ciudadana de la transparencia y terminar de completar el arco de que todas las instituciones públicas, centralizadas y desconcentradas, así como las municipalidades y dependencias gremiales que reciban fondos públicos, se sumen al sistema de la rendición de cuentas y el acceso a la información pública como garantía de transparencia.
Los contrastes en las prioridades
En tanto, otro ente de control que apenas recibió apenas seis millones de incremento fue el Ministerio Público, cuyo presupuesto en el 2022 fue de 2,240 millones de lempiras, y para este 2023 le asignaron 2,246 millones de lempiras. El Ministerio Público tiene bajo su responsabilidad importantes fiscalías anticorrupción y contra las diversas formas de crimen organizado, pero las limitaciones presupuestarias impiden que su labor de incidencia en el combate a la corrupción sea más efectiva. La lucha anticorrupción queda así estancada.
Otra institución importante, es el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que se queda con los mismos 491 millones de lempiras, no tuvo ningún incremento. Es el responsable de las auditorías a posteriori, pero en la nueva configuración del circuito anticorrupción que debería apoyar la labor de la CICIH, una vez instalada, el TSC, es un actor clave, por las funciones que le otorga la ley.
De acuerdo con el Foro Social de la Deuda Externa en Honduras (Fosdeh), la lucha contra la corrupción apenas concita el uno por ciento del interés del presupuesto, los montos de las principales dependencias identificadas así lo reflejan, y la mayoría de los recursos asignados van para gastos de salarios, muy poco a prevención y formación.
Los montos asignados a estas dependencias contrastan con los otorgados a instituciones como la Secretaría de Seguridad (más de 9 mil millones) y la Secretaría de Defensa (con más de 10 mil millones). Los poderes Ejecutivo y Legislativo, acordaron en el nuevo presupuesto, priorizar los recursos para el Consejo Nacional Electoral (CNE) con más de 500 millones en época no electoral, que el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (con 111 millones), aunque el país esté pasando una mala racha en derechos humanos con el crimen de activistas humanitarios, desmantelamiento del mecanismo de protección y denuncias de violaciones y de desplazamiento forzado por inseguridad y violencia, entre otros hechos.
Honduras es percibido como uno de los países más corruptos de América Latina, se encuentra en la posición 157 de 180 países evaluados por Transparencia Internacional, según el índice de percepción de 2021. En la escala de 0 a 10, Honduras se ubica en la posición de 2.3, es decir, en el vagón de la corrupción. Entre más se acerca un país a 0, se percibe más corrupto, y entre más de cerca a 10, se percibe como más transparente.
Esta posición de Honduras es recurrente y en décadas los gobiernos han sido claros al mandar señales que no apuestan al combate a la corrupción ni a la impunidad, sino que prefieren favorecer la opacidad. Los presupuestos a los entes de control que combaten este flagelo parecen ser un indicativo que el país quiere seguir transitando por el camino equivocado. (PD)
