Tegucigalpa – El Decreto de Amnistía, aprobado el pasado 2 de febrero de 2022, ha generado una serie de señalamientos porque permitió a muchos personajes políticos “limpiar algunos de sus pecados” en los tribunales de la República, sin embargo el asomo de posibles indemnizaciones son calificadas como “incomprensibles” y un golpe a las exiguas finanzas públicas.
– Edy Tábora señala que nadie debe salir millonario con la indemnización que se pretende agregar a la reforma a la amnistía y menos los acusados de delitos contra la administración pública.
-Los delitos de corrupción no están dentro de los delitos políticamente motivados, defendió el ministro Edmundo Orellana.
– La población hondureña está en contra de cualquier amnistía relacionada con delitos que han afectado la administración pública, reflexionó el abogado Edy Tábora.
– Las indemnizaciones son para beneficiar a exfuncionarios del Poder Ciudadano, tachan algunos analistas.
Ante la avalancha de críticas al Decreto de Amnistía, un grupo de diputados del Partido Salvador de Honduras (PSH), finalmente presentaron una iniciativa para reformar el proyecto original que beneficio a decenas de personas acusadas de delitos de corrupción pública y criminalidad organizada.
La congresista Ligia Ramos, confirmó la presentación del Decreto de Amnistía para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia. “El proyecto de reforma consiste en que primero se tiene que definir bien lo que es un delito político, delito común conexo y lo que es persecución política y víctimas, que son conceptos que no están en la Constitución de la República, ni en el Código Penal”, dijo la legisladora.
La legisladora Ramos dijo que su iniciativa “en segundo lugar, define el catálogo de delitos, ya que se adecuó a lo que son delitos políticos, además se refiere al resarcimiento de las víctimas que era algo que no lo contenía el anterior decreto, esto tiene que ser algo integral y no solo sacar a la gente de la cárcel, sino que el Estado por una mala acción pueda resarcir a la persona”.
La diputada Ramos fue parte de la comisión dictaminadora que en febrero pasado resolvió favorablemente el proyecto presentado ante la Cámara Legislativa y que finalmente fue aprobado y donde se encontraba la amnistía política a personas acusadas, encarceladas y algunas declaradas culpables por sus participaciones en protestas, pero también las que tenían juicios por corrupción pública.
La semana anterior presentó una reforma al decreto de amnistía política y en el mismo se plantea que además de recibir la libertad las personas que fueron beneficiadas con la amnistía, ahora podrán recibir una indemnización de parte del Estado como un resarcimiento a su persecución o encarcelamiento.
Las indemnizaciones pretenden evitar las futuras demandas en contra del Estado, dijo la diputada Fátima Mena y su colega Maribel Espinoza afirmó que “venimos de una dictadura, de un proceso electoral fraudulento en 2017, donde al menos 43 víctimas fallecieron por ejercer su derecho a la protesta, entonces esas víctimas tienen que ser indemnizadas porque estos ciudadanos lo que estaban haciendo era defendiendo la democracia y eso no se hizo”.
Ya la jueza de los tribunales, Karla Romero, se pronunció en contra de las indemnizaciones a acogidos en el Decreto de Amnistía, asegurando que se trataba de otro beneficio sobre uno ya gozado previamente.
Si encima se pretende beneficiar a personas con delitos en contra de la administración pública con la Amnistía, se suma una indemnización económica por daños y perjuicios “me resultaría un poco descabellado”, acentuó la togada.
El diputado nacionalista Erasmo Portillo presentó en mayo pasado una iniciativa para derogar la amnistía política, aunque nunca fue discutida en el Congreso. A finales del mismo mes reclamó lo mismo en el Legislativo.
¿Se aplica correctamente el decreto?: Orellana
El ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, reflexionó que el decreto se está ejecutando, pero lo que habrá que preguntarse es ¿si el mismo se está aplicando correctamente?
En plática con Proceso Digital, Orellana explicó que el decreto tiene dos avenidas, una que habla del delito político, y otro que se refiere al proceso políticamente motivado.
Agregó que a los que les abarca el delito político “es incuestionable que tienen derecho, los que resulten beneficiados porque son delitos imputados por hechos que tienen que ver con protestas sociales contra decisiones del Estado, otro contra explotaciones irracionales de los recursos naturales, manifestaciones populares contra arbitrariedades”.
Sin embargo, cuando se refiere al proceso políticamente motivado porque aquí se abarca el delito de corrupción.
El también exfiscal de la República, citó un caso por el que él fue procesado junto al expresidente Manuel Zelaya por trasladar la oficina del Ministerio de Defensa que estaba en un cuartel y lo llevó a un edificio para que funcionara como ente administrativo civil. “Por ese contrato que yo firmé, el Tribunal Superior de Cuentas nos reparó a los dos; yo impugne, él también, pero a mí me exoneraron y al él no, Mel tiene todavía ese proceso en los tribunales… aquí es evidente que la finalidad era atacar al expresidente”, cotejó.
Dijo que derogar el decreto es un error “porque se estaría privando del beneficio a una gran cantidad de hondureños que están en las cárceles por razones estrictamente políticas”.
Expuso que para que alguien pudiera ser amnistiado por un juez, se necesitaba una constancia del Comité de Familiares Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) y el Ministerio de Derechos Humanos, esto en los casos de delitos políticos, pero para los casos de corrupción “el juez procederá a reconocer ese beneficio a quien acredite que el proceso se ha calificado como políticamente motivado, es decir que necesita de una calificación previa para que el beneficio se otorgue”.
Advirtió que si los jueces no han exigido esa calificación previa, entonces puede ser acusado por prevaricato.
Indemnización para delito político
Consultado sobre su valoración luego que el 2 de febrero de 2022 se aprobara este decreto en la Cámara Legislativa y que en esa oportunidad lo calificó como “Pacto de impunidad 2”, refirió que no había leído el apartado de recaudos que explicaba que no se podía conceder el beneficio en el caso que no acreditara que estaba políticamente motivado.
Orellana Mercado, enfatizó que “si los jueces no lo han aplicado correctamente, en el futuro van a enfrentar problemas porque este caso es un expediente que le van a poner atención los tribunales y el Ministerio Público en el futuro”.
Reconoció que el Decreto de Amnistía tiene problemas y por ello debe reformarse para evitar las malas interpretaciones.
Asistió que la reforma que se pretende presentar en el Cámara Legislativa habla de indemnización para delito político y no para los casos de corrupción.
El funcionario apuntó que en Honduras nunca ha existido indemnización en este tipo de casos porque basta con el perdón y olvido del delito para que se restablezca la integridad y el honor.
“Se debe reformar el decreto en el sentido que aquellos casos donde haya una motivación política para interponer un proceso de cualquier naturaleza que sea, pero debe acreditarse y concederse la amnistía”, aquilató.
Pagos serían ilegales
De su lado, el analista político, Raúl Pineda, dijo a Proceso Digital que los actos ilegales solo pueden generar consecuencias ilegales. “La idea de amnistía por delitos políticos es correcta, pero otorgar amnistía a delitos forestales, robo a mano armada y por no declarar los bienes a los que están obligados los funcionarios, y más de 30 delitos que contempla el decreto eso no es correcto”, manifestó.
Al respecto, explicó que si se inician a realizar indemnizaciones económicas serían pagos ilegales.
“En los términos que está redactado ese decreto de amnistía, que es una mancha para la gestión de este gobierno, no procede la indemnización por delitos que no sean de naturaleza política”, acotó.
Sin embargo, caviló que con voluntad política y sí se ejerce el poder por el poder mismo se puede proceder a realizar pagos millonarios a los ya beneficiados de la amnistía.
No obstante, consideró que “estos pagos serían ilegales y objeto de reparo en el futuro por parte de los que tomen la decisión en el presente”.
Insistió que en los delitos comunes no procede la indemnización, pero en los delitos políticos sí, siempre y cuando sea calificada por un juez competente.
En todo caso, añadió solo le corresponde al Poder Judicial, con base en una serie de normativas, el otorgar o no indemnizaciones y solo cuando estas han sido debidamente identificadas.
Se debe reformar para derogarla, no para indemnizar
Para el abogado penalista, Félix Ávila, si se debe aplicar una reforma en el Congreso Nacional al Decreto de Amnistía es para su derogación y no para el pago de reparaciones.
Criticó que la Amnistía ha concedido muchas cartas de libertad por delitos que no son de carácter políticos.
“Establecer amnistía por delitos contra la administración pública es un acto de corrupción de quien hace eso”, interpretó en conversación con Proceso Digital.
Ávila opinó que conceder indemnizaciones a personas amparadas no es lo más consecuente para el país.
El exjuez de los tribunales de la República, señaló que existe dentro del derecho la justicia transicional que explica que hay momentos en los cuales se puede establecer reparaciones para personas que han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
“No se ha establecido ninguna sentencia sufriendo violaciones de derechos humanos y me parece inadecuado que se haga eso justamente en una ley de Amnistía, es un despropósito”, insistió.
Indicó que el mensaje que quiere mandar con esa reforma de indemnizaciones es favorecer a las personas parciales o miembros de una agrupación política.
El profesional del derecho advirtió que la comunidad internacional puede percibir esta reforma como un acto flagrante de corrupción.
Nadie debe salir millonario con una indemnización
De su lado, el abogado Edy Tábora, quien además es defensor de derechos humanos, dijo que el espíritu de la amnistía se agarra de un mecanismo constitucional para ponerle fin a muchos procesos utilizados para criminalizar a personas que lucharon para velar por la democracia.
Sin embargo, apuntó que el decreto tiene dos ejes: el primero que no ha sido objetado porque solventa la situación penal de luchadores sociales, pero existe otro eje que incluye los delitos relacionados con la administración pública.
Tábora recomendó a los jueces verificar si los delitos de los solicitantes de la amnistía están contemplados en los hechos políticos.
“Es por eso que algunos jueces, en algunos casos, han presentado un recurso de inconstitucionalidad, lastimosamente no se hizo en todos los casos, porque eso condiciona la resolución que debe dictarse y mientras no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad, no se puede dictar una resolución en el marco de la amnistía”, detalló.
Cuestionó que al anunciarse una reforma al decreto de amnistía, lo único que deja claro es que esta normativa no contó con la suficiente discusión legislativa.
Preguntado sobre las eventuales indemnizaciones contenidas en la reforma que se conocerá en la Cámara en las próximas semanas, refirió que “cuando una persona ha sido perseguida arbitrariamente por el Estado en un proceso, necesariamente deben existir herramientas para la reparación del daño causado desde un enfoque de derechos humanos”.
El profesional del derecho, estimó que cuando se otorga una indemnización por parte del Estado, nadie debería salir millonario como un parámetro fundamental.
“Si se quiere hacer un aporte significativo a la sociedad, la indemnización no debe estar asociada para los delitos en contra de la administración pública”, concluyó.
Debe dejarse como está y no agitar más al país
Por su parte, el expresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), José María Díaz, cuestionó que por vía reforma legislativa se eximiera de responsabilidad penal a imputados por delitos en contra de la administración pública.
“Si el gobierno quiere enarbolar la bandera de la lucha contra la corrupción, uno de los primeros pasos sería derogar ese pacto de impunidad, que fue su primer acto legislativo”, declaró.
Arguyó que no se puede indemnizar a un imputado a quien no se le ha deducido su responsabilidad penal.
Díaz alertó que una indemnización implicaría cargar más al Estado por un capricho antojadizo de los legisladores y consideró que no es correcto argumentando que la ley ya estipula cuando se puede indemnizar a una persona.
El profesional del derecho criticó que ahora el Poder Legislativo pretenda premiar con una indemnización económica a las personas que fueron sobreseídas con la Amnistía.
Remarcó que el país no está en la capacidad de indemnizar económicamente a los amparados bajo este controversial decreto.
“Lo más sensato es que si ya se cambió la ley, ya se le dieron las cartas de libertad, dejar las cosas como están y no seguir agravando la situación del país con una indemnización económica”, puntualizó.
Lo debe ordenar el juez y no el Congreso
Un juez es quien debe determinar si se tiene que pagar indemnizaciones por daños y perjuicios a ciudadanos y no el Congreso Nacional, analizó el director de seguridad y justicia de una Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid.
“Ya están los parámetros para que un juez pueda determinar cuando a uno se le ha violentado un derecho”, opinó Madrid en referencia a indemnizaciones a los amparados con el Decreto de Amnistía.
Señaló que la reputación de daños y perjuicios está establecida en el Código Civil.
Madrid advirtió que si se paga indemnizaciones a los amparados con el Decreto de Amnistía vía decreto legislativo, el Congreso Nacional romperá una línea.
“Estas personas que fueron sometidas a procesos judiciales y se ampararon en el Decreto de Amnistía, muchos de ellos no fueron delitos políticos sino en contra la administración pública”, subrayó.
El director de Seguridad y Justicia de ASJ, exhortó a los diputados que reflexionen sobre lo que podría aprobar y que se asesore de manera adecuada antes de cometer un arrebato.
“Pedimos que reflexionen y se asesoren adecuadamente antes de cometer un arrebato en contra del patrimonio del Estado de Honduras para entregarles a personas que fueron sometidas a un debido proceso y no corresponde una indemnización”, increpó.
Finalmente, pidió a los amparados con la amnistía que sienten que se les ha violentado el derecho acuda a la vía civil para que un juez lo determine. PD
