El concepto de Alianzas Publico Privadas (APPs) es rico en posibilidades de crecimiento y captacion de inversion, al igual que llena también de peligros visibles y ocultos para la nación. La mayoria de los estados usan estos mecanismos con buen suceso. El proceso de aprobación de la ley del 2010 tuvo sus controversias, y la aprobación de los contratos se hizo con una mayoria oficial con escasa socializacion y estudio. Las lecciones y aprendizaje que este proceso nos deja son múltiples.
El primer error fue convertir la discusión de temas que eran eminentemente técnicos y financieros, en políticos. Estos incluyen los riesgos y posibles beneficios, las salvaguardas y protección del interés público, la valoración de las inversiones, y todo el proceso de contratar y supervisar estas obras. El gobierno confundió su interés político de construir un marco legal e inversión en proyectos (que era válido), con lograr la aprobación de sus propuestas sin debate ni análisis.
Al convertir la aprobación de los proyectos en una prueba de lealtad partidaria, la discusión de los mismos se tornaba vacía. Las observaciones, incertidumbres y reservas expresadas eran vistas como un ataque político. Adicionalmente, adormecía la capacidad de estudio de los seguidores del gobierno, quitándoles su agencia al verla como un obstáculo. Por tanto, se lograban aprobaciones rápidas, con muy limitado debate y poca participación de la opinión de expertos externos. Se imposibilitaba la posibilidad de estudiarlo estratégicamente, más allá de las bondades de cada proyecto individual. No es de sorprenderse, por tanto, que no se lograsen las mejores condiciones posibles en cada contrato.
Otra fuente de error producto de esta óptica política es esperar resultados de alta visibilidad y a corto plazo. Esto crea un incentivo de formular los proyectos más grandes primero, cuando la complejidad de los mismos tenía una curva de aprendizaje necesaria, la cual no se consideró. No existía en el país ninguna experiencia en este tipo de proyectos, y generalmente una entidad debe buscar validar sus criterios y aprender mediante buscar las operaciones de menor riesgo y más sencillas posibles para desarrollar sus capacidades. La ausencia de esa experiencia, unida a la urgencia política, hacía más probable que hubiese falencias en la legislación y los contratos, y deficiencias en la implementación.
La pérdida de confianza ha sido considerable. Para seguir desarrollando nuestras capacidades de utilizar elementos de inversión privada en infraestructura y servicios de forma complementaria a la acción pública, se requerirán cambios y mejoras sustanciales en la forma de concebir el modelo. Para las ya existentes, se necesita la publicacion de los contratos para que la sociedad pueda vigilar su correcto cumplimiento.
Los gobiernos no deben tener secretos ni aferramientos en cuanto a las negociaciones o prioridades en estas inversiones. Solo la transparencia da confianza a la población y garantiza las mejores condiciones posibles. Se debe quitar la opción preferente para los grandes proyectos cuando este modelo puede funcionar mejor para obras municipales de infraestructura, puentes, sistemas de agua y saneamiento, etc., que por su naturaleza son más pequeños. Además, existen otras medidas, como convertir al estado en socio de los proyectos y transferir riesgos al inversionista de una forma más óptima.
Como caso ejemplar tenemos el fiasco del corredor turístico. En lugar de cercar El Progreso de casetas de peaje y priorizar la carretera la Barca-Progreso (por conveniencia del concesionario), se pudo haber construido un libramiento de El Progreso (que cumplía con un 80% de las condiciones de reducir el tiempo de recorrido) y el segundo puente “La Democracia” con peaje en esta nueva vía alterna. Esto hubiese permitido hacer viable el cobro y haber realizado la obra que era urgente. Haber tenido un debate público desde el inicio del proyecto hubiera evitado esta enorme pérdida económica para el estado, desconfianza en la seguridad de las inversiones e incomodidad a la población.
Para que sea factible continuar con estos procesos, es necesario que los responsables apliquen estas lecciones. No podemos seguir usando de forma ineficiente la escasa capacidad de gestión pública y confundiendo el interés nacional permanente con las impresiones inmediatas.
