El anuncio lo hizo el ministro de la Presidencia y asesor legal presidencial, Enrique Flores Lanza, quien, compareció en una rueda de prensa junto al secretario privado del gobernante, Raúl Valladares.
Según Flores Lanza el decreto aprobado por el Legislativo contiene elementos de inconstitucionalidad, los que no citó.
No obstante, explicó que la Constitución de la República establece que cuando exista un veto presidencial que implique la inconstitucionalidad de un proyecto de ley remitido por el Congreso Nacional, no podrá ser conocido por el Congreso Nacional sin que antes se haya escuchado la opinión de la Corte Suprema de Justicia”.
“El veto del presidente tiene varios argumentos, y uno de ellos es la inconstitucionalidad de estas reformas, de tal manera que en respeto a la Constitución de la República tendrá que oírse la opinión de la Corte Suprema de Justicia antes de que el Congreso Nacional pueda ratificarlo o no”, apuntó.
El veto debe servir para que todos los hondureños volvamos a analizar esta situación, profundicemos acerca de lo que es más conveniente para el país, y una vez que lleguemos a un convencimiento miremos si estas reformas deben de proceder o debemos de cambiarlas”, añadió.
Sobre el tema, Valladares dijo que Zelaya vetará las reformas a la Ley Electoral “por las implicaciones económicas en contra del pueblo” que las mismas conllevan.
Dijo que las reformas implicarían al pueblo hondureño un gasto de más de 1.000 millones de lempiras que podrían utilizarse en comprar medicinas, en mejorar los hospitales, en mejorar la educación del país”.
“El presidente hondureño por eso ha vetado esto, porque no se está de acuerdo que se gaste este dinero en la política. Se quieren gastar 1.000 millones de lempiras que se tendrían que repartir en los partidos políticos y el presidente Zelaya considera que un país tan pobre como Honduras no se puede dar el lujo de gastar estas cantidades millonarias para la política”, apuntó.
Tras el anuncio, el secretario del Congreso Nacional, José Ángel Saavedra, dijo que el Poder Legislativo respeta la decisión del Poder Ejecutivo, pero que no comparten su decisión.
“Queremos decirles que la Constitución de la República es clara, señala de manera expresa cual es el procedimiento” a seguir en estos casos, señaló.
Dijo entender que el presidente Zelaya hace uso de sus facultades constitucionales al vetar las reformas aprobadas por la mayoría de los diputados.
“Eso lo respetamos, lo comprendemos y no tenemos porqué cuestionarlo, pero el procedimiento debe continuar, es decir que una vez que el Poder Ejecutivo toma esta decisión debe remitirlo con el razonamiento acompañado al Congreso Nacional, tal y como lo establece la Constitución”.
“Y después será el Congreso Nacional el que de manera respetuosa, de manera prudente continuará con el trámite correspondiente remitiéndolo, si es por razones de alguna inconstitucionalidad que señale el razonamiento del Poder Ejecutivo, a la Corte Suprema de Justicia”, explicó.
“Cualquier otro procedimiento es distinto al señalado por la Constitución de la República”, apuntó el diputado, quien llamó a los funcionarios del Poder Ejecutivo a respetar lo que establece la ley y a fortalecer el estado de derecho.
Si lo hace “sería una intromisión, simple y sencillamente se tiene por no presentado”, dijo sin ahondar en este aspecto.
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Ángel Valentín Aguilar, también consideró que lo anunciado por Flores Lanza y Valladares es incorrecto, ya que “quien debe de pedir a la Corte Suprema de Justicia una opinión con el término respectivo es el Congreso Nacional”.
“Si el Poder Ejecutivo equivoca el procedimiento y lo remite a la Corte Suprema de Justicia pudiera interpretarse que el Poder Ejecutivo no ha hecho uso correcto del veto”, señaló.
Sobre el tema, el presidente del Tribuna Supremo Electoral (TSE), Jacobo Hernández, dijo que ellos ya emitieron su opinión y ya no tienen nada que ver en el conflicto.
“El camino es que el Poder Ejecutivo veta el decreto, lo retorna al Congreso Nacional y el Congreso Nacional lo remite al Poder Judicial para que emita la opinión correspondiente, ese es el camino correcto”, indicó.
