A otras siete personas el juez Esteban Quevedo les aplicó medidas sustitutivas de la prisión por los delitos de manifestaciones ilícitas en contra de la seguridad del Estado. Estas personas deberán presentarse a los tribunales para una audiencia en 60 días.
Las acusaciones están vinculadas con saqueo de negocios, incendio a unidades vehiculares, incendio a un restaurante de comidas rápidas, agresiones a personas y daños al patrimonio histórico de la ciudad así como a la propiedad privada.
En relación a las determinaciones del juez Quevedo el jefe de la policía Danilo Orellana, dijo que el juicio no ha concluido y que la las autoridades de seguridad presentarán las pruebas durante el desarrollo del mismo.
Agregó que fiscales y policías trabajan para presentar pruebas concretas e indicó que en el caso de un manifestante que incendió un vehiculo de una estudiante universitaria ya existe identificación plena de el responsable.
Manifestó que otro caso en el que existen pruebas es el de un maestro originario del occidental departamento de Santa Bárbara a quien se le atribuyen las agresiones físicas en contra del diputado y vicepresidente del Parlamento hondureño, Ramón Velásquez.
“Tenemos pruebas, las presentaremos, seguiremos trabajando ya que esa es la razón de vivir en democracia” concluyó el jefe de policía.
