Tegucigalpa – En Honduras los operadores de justicia son blanco predilecto de los carteles y jefes de bandas que buscan desafiar el Estado. Son capos y organizaciones que se sienten amenazados y que se resisten a claudicar ante el brazo de la justicia. Así, policías, fiscales, jueces y operadores de primer nivel sufren en carne propia la ola de amenazas y atentados. Una iniciativa ya en el Congreso Nacional propone hasta cadena perpetua para quienes osen atentar contra estas figuras del orden.
Las reformas contemplan penas ampliadas contra los que cometan el delito de conspiración. También quienes propongan o intenten realizar crímenes contra jueces, fiscales, policías y militares serán castigados con largas penas.
La nueva Ley también contempla severos castigos para los que atenten contra los familiares de los operadores de justicia e incluye a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Las reformas deberán ser aprobadas en el Legislativo pero antes requieren de una opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De la Colombia de Pablo Escobar
Analistas recuerdan a la Colombia de Pablo Escobar y los arteros ataques que entonces sufrieron en ese país los actores protónicos del Estado en su lucha por adecentar y recuperar la nación.
A Escobar y su cartel se le atribuyen el asesinato de 657 policías entre 1989 y 1993. En abril 1984, la orden de Pablo Escobar para asesinar al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, marcó el inicio de una etapa larga de narcoterrorismo en Colombia en la que cayeron miles de ciudadanos y cientos de operadores de justicia.
Actualmente en Honduras, si un criminal o una banda delictiva conspiran para atentar contra un operador de justicia las penas que se le aplican son las mismas que cuando se trata de un delito cometido contra cualquier ciudadano, sin ninguna responsabilidad de toma de decisiones para el mejoramiento de la seguridad ciudadana.
El recuerdo de las fiscales
Hace escasos días el asesinato de dos fiscales en la norteña San Pedro Sula, sacudió la conciencia de la sociedad frente a la indefensión con que se manejan quienes tienen una tarea clave en su lucha contra el crimen.
La muerte de la fiscal Marlen Banegas, quien fue pieza fundamental en juicios de alta incidencia dejó el sabor amargo entre la población y de zozobra entre sus compañeros.
Su hija, Julissa Medina Banegas, conmovió con su testimonio al recordar que su madre le decía “‘hija, si vas a lograr tus cosas que no sea pidiendo favores, ni saltar por uno para ir al otro lado, sino que lo vas a lograr por tus propios méritos’”. La joven habló con periodistas durante la ceremonia fúnebre y mostró el lado humano de su madre.
Julissa recordaba entre lágrimas que su madre era una trabajadora incansable y comprometida que busca hacer su labor en favor de la gente y servir al país. Su crimen es investigado y aunque hay personas detenidas aún quedan piezas sueltas.
También de la fiscal Olga Patricia Eufragio, sus compañeros y amigos refieren una hoja de servicio público y de compromiso. Ella era la titular de la fiscalía del Medio Ambiente.
Presidente urge reformas penales
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández ha pedido reformas al Código Penal para que los que atenten contra operadores de justicia reciban castigos ejemplares. “Que se pudran” en la cárcel, ha dicho al referirse a quienes cometen este tipo de crímenes.
La iniciativa para reformar el Código Penal ya está instalada en el Congreso hondureño.
La propuesta amplía penas
hasta cadena perpetua
La propuesta considera que “la actual situación de riesgo derivado de la fuerte embestida contra la delincuencia, extorsión, crimen organizado, es necesario que se agrave más la pena contra quien si quiera piense en atentar contra con la vida e integridad de un juez, fiscal, policía, militar o un miembro del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, además de que sea penada la conspiración y la proposición para ello”, dijo a Proceso Digital una fuente que impulsa la citada iniciativa.
De acuerdo a la legislación actual, las penas contra quien quite la vida al presidente de un poder del Estado o a un miembro del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en este momento son de 30 años.
De acuerdo a la propuesta de reforma, el castigo debe convertirse en cadena perpetua o cárcel de por vida.
Actualmente, el delito de conspiración es penado únicamente si la misma es contra el presidente de la República. La reforma contempla penar la conspiración contra cualquiera de los miembros del Consejo de Defensa y Seguridad. La pena que contempla la reforma es de 22 años de prisión a diferencia de la vigente que establece cárcel de entre dos y seis años.
El delito de proponer un atentado es penado actualmente sólo cuando involucra a presidente de Honduras y su pena se establece de entre uno a tres años; la reforma establece una pena de 20 años contra quien proponga atentar contra cualquiera de los operadores.
Asimismo, las reformas prevén que se tenga en cuenta el grado de exposición de los familiares de los operadores de justicia, ya sea juez, fiscal, policía en cualquiera de las ramas, militar. Por ello se incluye la protección legislativa a los miembros de su núcleo familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
