Tegucigalpa – El perdón pronunciado por el Estado de Honduras por el asesinato del hondureño Carlos Antonio Luna López, dignifica la lucha ambientalista en el país, en la que ya varios activistas han perdido la vida.
Atendiendo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el ministro hondureño de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Rigoberto Chang Castillo, en nombre del Estado de Honduras, pidió perdón a los familiares del ambientalista Carlos Antonio Luna López, asesinado el 18 de mayo de 1998 en la ciudad de Catacamas, Olancho.
Durante la ceremonia, Chang Castillo expresó que Carlos Luna fue un quijote en Honduras porque luchó contra grandes intereses. “Sabemos que no hay palabras para consolarlos, pero ustedes deben sentirse orgullosos del padre que tuvieron”, manifestó.
El funcionario expresó que hechos como el ocurrido a Carlos Luna no deben repetirse en el país porque el Estado no se puede dar el lujo de ser expuesto a ser demandando por violaciones a los derechos humanos.
Entretanto, César Luna, hijo del ambientalista asesinado, señaló que “para nosotros es difícil recordar ese momento, por eso exigimos al Estado de Honduras que cumpla con la sentencia y proceda contra los responsables que siguen libres, porque nosotros seguimos sufriendo por la pérdida de nuestro padre y mientras haya impunidad seguirá este dolor”.
Recalcó que exigen que esa deuda por impunidad que existe contra su familia sea reparada a través de la captura de los culpables porque “han sido 16 años muy difíciles en los que hemos sido víctimas no sólo como hijos sino como compañeros en su lucha y Honduras necesita líderes como él, con compromiso, convicciones y honestidad”.
En ese sentido, consideró que la ceremonia de perdón es muy oportuna y aunque es un acto simbólico, ayuda para que el Estado mejore y los hechos no se repitan nunca más.
Mártir de la lucha ambientalista
En Honduras la lucha por el medio ambiente tiene como referentes a Carlos Luna, Jeannette Kawas y Carlos Escalera, quienes ofrendaron su vida por la protección y defensa del medio ambiente.
Carlos Luna, nació el 13 de junio de 1955 en la ciudad de La Ceiba, Atlántida. En 1969 obtuvo una beca para estudiar en la Escuela Agrícola John F. Kennedy en el municipio de San Francisco, Atlántida, de donde se graduó como perito agrícola en 1971.Inició su cruzada pública como luchador social y trabajó junto a organizaciones campesinas en Copán y Santa Bárbara durante su desempeño como extensionista del Instituto Nacional Agrario (INA). Durante este período conoció al dirigente campesino Herminio Deras, quien fue asesinado en 1983 por cuestiones políticas ideológicas, según un informe oficial.
Junto a Deras, Luna continuó el trabajo de formación social y política en los campos bananeros de la costa norte de Honduras. En 1980 regresó a Catacamas para establecerse junto a su esposa Rosa Margarita Valle y sus hijos.
Su liderazgo ambiental y político le postuló como una figura con amplio futuro dentro del Partido Liberal, al cual pertenecía, trayendo consigo las rencillas propias de la política de viejos caciques de la zona olanchana que se sentían desplazados.
Uno de esos otrora caudillos, se asegura, expandió hojas volantes desde una avioneta para citar el pasado comunista de Carlos Luna, quien siguió gozando del apoyo de su partido, pero con el tiempo se retira y apoya la fundación del Codeh en Olancho. Se vinculó a organismos humanitarios como Cofadeh y Visitación Padilla.
Carlos Luna fue dirigente político de la izquierdista Unificación Democrática y fue regidor en la alcaldía de Catacamas, tenía a su cargo la unidad ambiental, pero fue asesinado a tiros el 18 de mayo de 1998, cuando salía de una reunión de la corporación municipal que se prolongó hasta la medianoche.
El reclamo de las comunidades por el respeto a los recursos naturales como el agua, el bosque, la tierra, la biodiversidad y las bellezas escénicas, cada vez más depredados, ha sido el desencadenante de acciones violentas, que atentan contra los derechos fundamentales de las poblaciones y sus líderes.
Profundizar investigación, piden parientes
El 7 de febrero de 2013, César Luna, hijo del ambientalista Carlos Luna López, pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenara al Estado de Honduras que castigue a los responsables del crimen contra su padre para acabar con la impunidad en ese caso.“Nunca nos vamos a cansar de exigir justicia, por lo tanto pensamos que la CIDH debe ordenar al Estado que profundice las investigaciones y que logremos justicia”, expresó Luna en una audiencia celebrada en la sede del organismo en Costa Rica.
La muerte de Carlos Luna está ligada a sus denuncias de actos de corrupción en la corporación municipal en relación con la concesión de permisos madereros y de tala ilegal del bosque.
En varias ocasiones denunció amenazas a muerte y señaló a algunos servidores públicos y de otros sectores privados, hasta que fue asesinado el 18 de mayo de 1998.
Fuentes fiscales vinculadas al caso entre 2001 y 2002, aseguraron que “nunca hubo una investigación técnica adecuada” sobre el crimen contra Luna y que el caso “estuvo sustentado en testimonios”.
También dijeron que durante el proceso hubo “demoras injustificadas” y “falta de diligencia”.
Criticaron que a pesar de que un convicto confesó su autoría material e involucró a cuatro personas más, nunca se les investigó a profundidad ni se les siguió un proceso condenatorio. Posteriormente, el sujeto que señaló a los otros sospechosos fue asesinado en la cárcel.
El caso de Luna que llevó a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue por violación a los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de sus familiares, así como retardo de justica e impunidad al no avanzar las investigaciones.
La sentencia de la Corte Interamericana ordenó al Estado como medida de rehabilitación, brindar gratuitamente y de forma inmediata el tratamiento psicológico que requieran las víctimas, previo consentimiento informado y por el tiempo que sea necesario, incluida la provisión gratuita de medicamentos.
Asimismo, establece que se debe presentar un informe anual donde se indiquen las acciones que se han realizado para implementar una política pública efectiva para la protección de los defensores de derechos humanos, en particular de los defensores del ambiente.
La Corte IDH es parte de la OEA y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los Estados miembros del organismo hemisférico que han reconocido su competencia.
