Tegucigalpa – De un tiempo a acá los alcaldes y gobiernos locales en sí, se han convertido en el centro de atención de la agenda informativa y mediática hondureña, arrastrados por el fenómeno de la corrupción, la impunidad y los vínculos con la delincuencia organizada, dejando atrás imágenes pasadas de transparencia y rendición de cuentas.
Muy lejos ha quedado cuando organismos internacionales promovían como buenas prácticas de gobernanza algunas acciones de gobiernos locales en diversas partes del país por sus proyectos de desarrollo o porque en los cabildos abiertos transparentaban mejor sus acciones, generaban el acceso a la información pública o eran más cercanos con la gente.
Pero esas historias ahora han sido desplazadas por aquellas en donde varios alcaldes y miembros de sus corporaciones -de pequeñas, medianas o grandes alcaldías- se han visto envueltos en escándalos de corrupción y delincuencia organizada, así como opacidad en sus gestiones e incluso retroceso en materia de cumplimiento con la ley de transparencia.
Una “mano invisible” parece haberse apoderado de determinadas alcaldías en donde los llamados grupos paralelos de poder ligados al narcotráfico o el crimen organizado estarían tomando el control.
Así en los últimos tres años se ha visto como las autoridades de la Fiscalía y el resto de operadores de justicia efectúan sendos operativos en donde los capturados o son sus alcaldes o son regidores u otro tipo de funcionarios de diversas municipalidades del país.
A las labores del Ministerio Público su suman las del Tribunal Superior de Cuentas con sus auditorías e informes hechos públicos, donde todos alegan inocencia o persecución política. Los sindicados son personajes de todos los colores.
Los aprietos de alcaldes y regidores
Al igual que en el parlamento, donde también varios diputados se encuentran bajo procesos especiales con jueces naturales, por diversos y presuntos delitos, las alcaldías parecen ser el reflejo de esa otra red tejida con sutileza por esos grupos paralelos de poder.
Ha sido tanto el “poder” de algunos gobiernos locales que recientemente el Ministerio Público encontró y secuestró información relevante en la cárcel de San Pedro Sula donde se encuentra el suspendido edil de Yoro, Arnaldo Urbina, quien guarda prisión por varios delitos.
Desde su cómoda habitación en la cárcel sampedrana, Urbina según la fiscalía, despachaba y gobernaba aún, aunque estuviera suspendido. La fiscalía para la transparencia del Ministerio Público secuestró información en las municipalidades de El Progreso y de Yoro por supuestas malversaciones públicas en obras de construcción, entre otros.
En el caso de Urbina, la fiscalía dice haber encontrado información relevante para esa nueva línea de investigación contra el suspendido edil. En tanto, acción similar enfrenta también el alcalde de El Progreso, Alexander López, quien no dudó en movilizar a sus bases para enviar mensajes de respaldo a su gestión.
En aprietos también se encuentra el regidor de la municipalidad de El Triunfo, Choluteca, José Adán Castillo, quien, junto a su esposa, Tomasa Escalante, fueron acusados del delito de lavado de dinero.
Castillo, según las autoridades, es parte de una supuesta red criminal a la cual se le venía dando seguimiento desde hace varios años. Deberá demostrar en los tribunales su inocencia, pero es la primera vez que las acciones de la fiscalía contra el crimen organizado se expanden hacia un gobierno local de la zona sur.
Las investigaciones por ahora se centraban en regiones de las llamadas zonas calientes del país donde operan algunas bandas de criminalidad organizada como en occidente, el atlántico, norte, nororiente y ahora el sur del país. Así la mano invisible del poder oculto que se mueve sigilosamente en el país parece copar todos los espacios de la territorialidad nacional.
El alcalde de El Negrito, en Yoro, el de San Francisco, en Atlántida, el de Juticalpa, en Olancho, Sulaco en Yoro, el de San Isidro, Intibucá, el de Choloma, La Ceiba, Útila, Islas de la Bahía, Santa Ana, Francisco Morazán, El Porvenir, Francisco Morazán, Talanga, Francisco Morazán, San Fernando en Ocotepeque, entre otros, son algunos de los ediles señalados en diversos ilícitos que riñen con la transparencia y se acercan a la impunidad.
La presencia del narco
Hace un año, el entonces asesor presidencial, Marvin Ponce, dijo que al menos unos 35 alcaldes y vice alcaldes estarían siendo investigados por los cuerpos del Estado por presuntas vinculaciones con la criminalidad organizada, en especial el narcotráfico.
En tanto las autoridades filtraron que al menos unas seis municipalidades del país estarían en la mira de los operadores de justicia por sus nexos con el narcotráfico. Algunas de ellas son de la región de occidente.
Se suman a estas acciones, ligadas básicamente a supuestos hechos de corrupción, las denuncias de casos presentadas por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) contra varios gobiernos locales. Estas denuncias ya se encuentran en poder de la fiscalía y de las mismas no escapa ni la municipalidad de San Pedro Sula, en períodos pasados, se informó.
En tanto, el Tribunal Superior de Cuentas indica que al menos unas 35 alcaldías han presentado problemas de transparencia y se les investiga a petición de los mismos donantes no conformes con su forma de rendir cuentas.
El espectro es amplio, hay alcaldías chicas, medianas y grandes que están mapeadas por esta mano invisible de contaminación que va tras los gobiernos locales y vuelve así cuesta arriba, aunque no imposible, la lucha estatal en contra de los grupos paralelos de poder que se disputan el control de lo público en Honduras.
