Tegucigalpa – El procurador general de la República, Abraham Alvarenga, informó que tras la sentencia definitiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteID), deben indemnizar con unos 900 mil dólares a los magistrados que fueron destituidos en 2009.
“Existe una sentencia del año anterior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los jueces y magistrados de la Corte de Apelaciones, ya hay una sentencia definitiva que hay que darle cumplimiento con los plazos que determino la misma Corte”, dijo Alvarenga.
Y explicó que la Corte “establece que hay que hacer las publicaciones de las respectivas sentencias en los periódicos de circulación nacional y que se pague las indemnizaciones correspondientes a más tardar un año después de la sentencia”.
Alvarenga reveló que el monto que deben pagar a los jueces y magistrados es de unos 900 mil dólares.
“La indemnización por materiales y daños morales ascienden a los 900 mil dólares, pero corresponden a la Corte Suprema de Justicia hacer la ejecución de la misma. Lo prudente es que el Estado cumpla en el tiempo determinado”, indicó el funcionario.
El caso se refiere a los procesos disciplinarios realizados en contra de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, así como de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza, como consecuencia de estos procesos los cuatro jueces fueron destituidos, y tres de ellos separados del Poder Judicial.
El Procurador General de la República informó que espera no seguir teniendo más demandas y que en la actualidad tienen alrededor de tres mil demandas que se manejan en un término de 10 años y unos siete mil millones de lempiras que mantienen en disputa en los Tribunales de Justicia.
