Tegucigalpa – El Ministerio Público en el marco de la Operación Tormenta de Fuego III realiza una serie de investigaciones y secuestra documentación en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con el objetivo de sustentar varias denuncias contra ese ente contralor.
– Asimismo, se realizan allanamientos en varias oficinas del Instituto de la Propiedad y del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), Dirección de Tránsito y el Comando Cobras.
En ese sentido, varios equipos de trabajo liderados por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) del Ministerio Público se encuentren al interior de una serie de instituciones del Estado y municipalidades realizando diligencias de investigación para sustentar los casos que son del conocimiento de esta dependencia.
Según el reporte enviado por los agentes de tribunales, quienes se hacen acompañar de elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), así como de auditores, durante la operación que se está llevando a cabo se pretende el decomiso de documentos en virtud de la necesidad de investigar denuncias por delitos de diferente naturaleza, en ese sentido se inspeccionan: Instalaciones de Tránsito, Comando “Cobras”, Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), Instituto de la Propiedad (IP), Tribunal Superior de Cuentas (TSC) entre otras dependencias en su mayoría ubicadas en la capital de la República.
La portavoz de Ministerio Público, Lorena Cálix, dijo que las investigaciones que se realizan en el secuestro de documentos son para verificar las denuncias que hay en contra de las instituciones.
En el TSC, se realiza una investigación en el archivo de esa dependencia del Estado, indicó.
Manifestó que las denuncias son en contra de servidores públicos, es por lo que un equipo de fiscales financieros acompaña la acción.
Según se informó fiscales anticorrupción, no descartan que en las próximas horas se materialicen órdenes de captura contra personas que ya fueron acusadas penalmente por delitos contra la administración de fondos públicos y privados.
