Tegucigalpa – Para el analista Germán Licona, el Ministerio Público quiere mantener a la población en un guion, una narrativa de que ellos tienen la verdad, sin embargo, hay una verdad jurídica, resaltó que la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) indica que las mismas prerrogativas que le asisten a los 15 magistrados de la CJS le asisten a los tres magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
– La Fiscalía debió actuar contra Marlon Ochoa y Mario Morazán por paralizar lo entes electorales, pero no ocurrió, dijo.
“Es más, debieron haberle aplicado tanto a Marlon Ochoa como consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a Mario Morazán del TJE, esas ausencias que ellos tuvieron sin justificación y eso si es constitutivo de delito, porque se retrasó el cronograma de actividades del CNE y eso sí está tipificado”, dijo.
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Licona detalló que el artículo 544 habla de otros delitos penales electorales ya establece que aquellos que obstaculizan el cronograma de actividades del CNE tienen responsabilidad.
No obstante, el profesional del derecho señaló que en la actualidad solo hay una mirada hacia un lado mientras el otro lo dejan en opacidad. “Esta decisión nos está diciendo que tenemos que suscribirnos a lo que nos dice la Constitución, el 234: el juicio político administrado por el pleno del Congreso Nacional por las dos terceras partes”. VC
