Los Ángeles (EE.UU.) – El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) redujo los cargos contra el líder sindical David Huerta, detenido en junio pasado por autoridades federales cuando protestaba por la primera gran redada migratoria en un lugar de trabajo, en Los Ángeles.
Huerta, presidente de la Unión Internacional de Empleados de Servicio (SEIU, en inglés), afrontaba un cargo criminal de «conspiración para obstaculizar a una autoridad», lo que conlleva a una pena máxima de seis años, tras ser detenido el 6 de junio pasado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Ahora el DOJ ha rebajado el cargo a un delito menor por obstrucción a un agente federal, lo que podría acarrearle un año en prisión.
El DOJ afirma que Huerta obstaculizó el paso de los agentes federales al cruzar una entrada e intentar bloquear un vehículo en una empresa de confecciones en el centro de Los Ángeles, donde agentes armados realizaban una redada migratoria en el centro de la ciudad, en medio de un gran operativo que desató protestas.
La detención del líder sindical causó entonces un rechazo generalizado.
Tras conocerse los nuevos cargos, la presidenta de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), Liz Shuler, dijo en un comunicado que la nueva acusación constituye “un grave abuso de poder” por parte de la Administración del presidente Donald Trump “empeñada” en castigar a sus supuestos enemigos y atacar a los inmigrantes.
Imágenes del arresto, que se volvieron virales en las redes sociales, muestran a agentes enmascarados empujando a Huerta al suelo antes de esposarlo.
El líder resultó herido y tuvo que ser enviado al hospital, donde estuvo casi un día para después ser encarcelado por varios días, hasta que se le concedió una fianza de 50.000 dólares.
La detención de Huerta despertó la indignación de líderes y funcionarios electos como el gobernador de California, Gavin Newsom, y los senadores por California, Alex Padilla y Adam Schiff, y protestas para que fuera liberado.
El Departamento de Justicia ha emprendido en los últimos meses una campaña enérgica para presentar cargos contra ciudadanos estadounidenses que interfieran en las redadas migratorias, incluyendo activistas, funcionarios electos y hasta jueces.
Sin embargo, en Los Ángeles el DOJ no ha logrado obtener ninguna victoria judicial conocida hasta el momento.
Shuler subrayó que los casi 15 millones de miembros de la AFL-CIO apoyan a Huerta en su lucha por demostrar que ha sido “injustamente perseguido” por este gobierno. EFE
