Tegucigalpa– A 41 días de las elecciones generales, Honduras enfrenta una tormenta más profunda que la climática: una mezcla de vulnerabilidad social, crisis política y desilusión ciudadana. Entre los aguaceros que azotan la zona central y sur del país, y los discursos de campaña que suenan más vacíos que nunca, la población vuelve a cargar el peso de los desastres y las promesas incumplidas.
Las lluvias recientes han dejado muerte, destrucción y miles de damnificados en Tegucigalpa y el sur del país. Aunque la zona norte aún no enfrenta la misma intensidad, el panorama es sombrío: los deslizamientos y derrumbes amenazan con provocar más desplazamiento forzado y migración, en un país donde cada tormenta deja cicatrices físicas y humanas.
Un ejemplo tangible es el que viven para citar casos específicos es el de los vecinos de la colonia Guillen en Tegucigalpa y también los de Rio Abajo, donde decenas de familia han quedado literalmente en la calle, y con el pasar de los días pierden hasta la esperanza, según el relato de afectados que con lágrimas y su voz entrecortada citan que han visto sus patrimonios desmoronarse en pedazos, sin que se sientan acuerpados por las autoridades.
En la capital, la escasez de agua se agrava al igual que los problemas de energía debido a las fuertes lluvias. Las clases presenciales fueron suspendidas, justo en el último periodo previo a clausura el año lectivo que ya de por si en año electoral debe cerrar temprano, lo que limita el aprendizaje.
Respuesta
La respuesta de las autoridades la percibe tarde y precaria, sobre todo porque siempre se quedan a deber políticas públicas que sean soluciones verdaderas para solventar los problemas de vulnerabilidad recurrentes.
Según un análisis de NODO, la emergencia por lluvias demuestra la limitada capacidad de respuesta estatal y municipal, lo anterior porque el gobierno destinó 500 millones de lempiras, mientras que los daños preliminares solo en Tegucigalpa superan 850 millones de lempiras.
A nivel nacional, 16 muertos y más de 34,000 personas afectadas, con 32,000 hogares sin agua y cultivos devastados en la zona sur.
En paralelo, los problemas económicos hierven: el expresidente de la CCIC, Eduardo Facussé, denunció una nueva deuda de 200 millones de dólares en bonos soberanos, mientras el desempleo se intensifica con el cierre de maquilas y la inversión extranjera permanece a la espera de señales de estabilidad. La inseguridad jurídica aumenta, sobre todo por las invasiones de tierras, que siguen sin control.
Institucionalidad electoral en efervescencia
Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza con tropiezos: retrasos técnicos, discrepancias internas y problemas logísticos amenazan la organización del proceso electoral. En el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), los pleitos entre magistrados mantienen el órgano prácticamente paralizado; el caso de Jorge Cálix sigue sin resolverse, mientras puntos más graves como el presupuesto tanto del TJE como de la Unidad de Política Limpia, sigue sin ser aprobado.
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En el Congreso Nacional, la parálisis continúa. Aunque la junta directiva y los jefes de bancada se reunieron el pasado viernes, no hay señales de convocatoria al pleno, pero sigue viva la esperanza de una autoconvocatoria, en contraste del temor de la instalación de una comisión permanente que concentre decisiones.
Mientras tanto, candidatos presidenciales y candidatos a puestos de elección popular siguen recorriendo el país, subidos en caravanas, bailando en redes sociales y repitiendo consignas gastadas. Compiten con influencers y tiktokers, pero no con ideas. No hablan de reconstrucción, ni de agua, ni de empleo. Solo hablan de sí mismos.
Entre tanto ruido, sociólogos y otros generadores de opinión recuerdan que la ciudadanía sigue resistiendo: empapada, cansada y desconfiada, pero con la esperanza intacta de que el voto aún tenga poder. LB
