Tegucigalpa – En un país donde la violencia de grupos criminales permea comunidades enteras, los docentes se han convertido en víctimas silenciosas de un fenómeno alarmante: el desplazamiento forzado, lo que su vez se traduce como una amenaza invisible a la educación.
-En muchas zonas del país los grupos criminales delimitan sus territorios con “fronteras invisibles”, donde los docentes y estudiantes no tienen permitido cruzar, aunque estas incluyen áreas recreativas.
Más de 300 maestros han sido obligados a abandonar sus hogares y centros educativos debido a amenazas, extorsiones y atentados, mientras que al menos mil 472 se encuentran en riesgo inminente.
Esta crisis no solo pone en jaque la integridad de los educadores, sino que amenaza el futuro educativo de miles de niños y jóvenes en zonas de alto riesgo.
Informe
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Acnur y Save the Children han documentado este problema a lo largo de los años, revelando un patrón de vulnerabilidad que afecta particularmente a mujeres –quienes representan el 68% de las denuncias– y a regiones como Cortés, Francisco Morazán y Olancho.
Así lo revela el estudio “Desplazamiento forzado de docentes e impacto de la violencia generalizada en Honduras”, realizado por el Comité Nacional de Docentes con apoyo de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y Save the Children Honduras.
Dicho estudio consultó a más de 3 mil docentes en el país centroamericano y ofrece un panorama detallado de los riesgos que afectan la labor educativa.
Entre 2016 y 2024, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) registró 494 casos de desplazamiento forzado de docentes. Este registro es consistente con los hallazgos del estudio y evidencia la magnitud y persistencia del fenómeno, refiere el estudio.
El traslado, una medida de protección
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, señaló que la solicitud de traslado de la plaza laboral es una medida de protección que se ha identificado entre los docentes en riesgo de ser desplazados.
Actualmente los docentes se ubican como el tercer grupo de profesionales desplazados en Honduras, refirió.
Explicó que muchos docentes que ya han sido amenazados, adoptan como primera medida de protección la solicitud de traslado.
En el menor de los casos proceden a hacer una denuncia, por lo que se estima que la cifra sea mayor.
Razonó que con cualquier desplazamiento forzado el sistema de educación entra en riesgo, el primer impacto lo sufren los estudiantes, concluyó.
Pilares de protección
De su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) señaló a través de un comunicado que además de enseñar, la labor cotidiana de los docentes incluye cuidar y proteger a sus estudiantes, lo que en ocasiones los expone a conocer o denunciar casos de violencia sexual, trata de personas o reclutamiento forzado. Lo anterior los convierte también en pilares de protección.
“Las y los docentes son pilares de protección en sus comunidades. Protegerles no sólo es cuidar su labor, sino garantizar la protección de la niñez en las comunidades. Si ellos están en peligro, toda la comunidad escolar está en peligro. Es clave que en el marco de la Ley de desplazamiento interno se les reconozca como población prioritaria y activar rutas de protección ágiles y sensibles a su perfil”, expresó Pilar Peña, oficial senior de protección de Acnur.
El informe plantea recomendaciones urgentes, diseñadas por las propias personas docentes, para proteger tanto al personal educativo como a los centros escolares más afectados. Entre ellas se destacan el fortalecimiento de protocolos de traslado por razones de seguridad, la agilización de la respuesta institucional ante amenazas y la garantía de atención psicológica, legal y de acompañamiento integral para quienes han sido desplazados.
Asimismo, subraya la necesidad de capacitar al personal en protección y autoprotección, primeros auxilios psicológicos y resolución de conflictos, herramientas esenciales para ejercer la docencia en entornos afectados por la violencia.
Panorama sombrío
A pesar de los esfuerzos del Conadeh y organizaciones como Acnur y Save the Children, la impunidad persiste y la respuesta institucional sigue siendo limitada.
Desde el Estado la protección al docente es casi nula ya que no existe un tratamiento focalizado y prioritario en estos casos.
Mientras la violencia no cese, el derecho a la educación en Honduras seguirá en precario equilibrio, exigiendo acciones inmediatas del Estado para salvaguardar a quienes forman el futuro del país. PD
