Tegucigalpa – El gobierno de Xiomara Castro estuvo casi los cuatro años de gestión bajo decretos de emergencia en varios sectores, especialmente salud, donde las compras directas fueron el denominador común y las promesas de licitaciones para hacer más transparentes las adquisiciones quedaron en el olvido en la mayor parte.
– Los PCM son la vía rápida para crear nuevos ricos en Honduras, de acuerdo al exministro de Salud, Manuel Matheu.
Igualmente destacaron que los decretos de emergencia o PCM (Presidencia en Consejo de Ministros) fueron una vía rápida para la generación de nuevos ricos.
Honduras ha enfrentado una serie de desafíos que han llevado al gobierno, bajo la administración de la presidenta Xiomara Castro, a declarar múltiples estados de emergencia mediante Decretos Ejecutivos. Estas declaratorias han respondido a crisis de diversa índole, desde fenómenos climáticos hasta problemas de seguridad pública, salud y otros.
Al mismo tiempo estos PCM son una declaratoria de una falta de planificación, puesto que se deben utilizar únicamente para emergencias, no para justificar las compras directas, coincidieron los expertos.
La declaratoria de un PCM es una vía rápida para crear nuevos ricos en el país, de acuerdo a algunos consultados.
De otra manera no se puede explicar que personas sin experiencia, y algunas con su primer empleo en cuestión de meses compren casas, vehículos y realicen viajes de lujos, dijo a Proceso Digital el diputado José Manuel Matheu.
El también exministro de Salud apuntó que históricamente, las declaratorias de emergencias se han utilizado como grandes actos de corrupción.
Honduras, un país marcado por la pobreza (más del 71% de la población vive bajo el umbral de pobreza, según el Banco Mundial) y por desastres naturales recurrentes, ha utilizado los decretos de emergencia como una herramienta para responder rápidamente a crisis. Sin embargo, esta práctica no ha estado exenta de críticas, ya que, históricamente, los PCM han sido señalados como fuente de opacidad y corrupción.
Nuevos ricos
“Se me pidió por parte del Ministerio de la Presidencia de aquel entonces (2023) que yo tenía que mandar una nota solicitando que se declarara estado de emergencia en salud del 2024. Yo les dije que no, que ya no lo ocupaba porque tenía todos mis procesos de licitación ya en curso, inclusive había abierto ya la licitación de medicamentos desde septiembre del dos mil veintitrés, que se adjudicó en los primeros meses del dos mil veinticuatro”, narró el doctor Matheu.
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Me volvieron a decir que era orden y que yo tenía que hacerlo y yo les dije que bien me conocían, que yo no cumplía ese tipo de órdenes. Ah, pero es que necesitaban hacer compras directas con los hospitales, denunció.
Esta fue una de las causales de que yo saliera de la Secretaría de Salud el primero de enero del 2024, ¿Por qué? porque yo no acepté que se volviera a declarar estado de emergencia en el 2024, dijo el galeno.
“Y es donde tú ves los nuevos ricos, sea quien sea, que de la noche a la mañana, con un tiempo de haber sido autoridad de una dependencia, lo ves cambiando de casa y cambiando de estatus social. Yo me pregunto ahora cómo estos cipotes que es su primer empleo y los pusieron de ministro, ahora viven en casas de más de 10 millones de lempiras. Eso es imposible, eso es imposible”, señaló.
Ni los que hemos sido médicos por décadas pudimos adquirir lo que uno de estos nuevos ricos ha podido adquirir así de la noche a la mañana, lamentó.
La historia de Honduras dicta que no se utiliza este mecanismo de decreto de emergencia para un buen fin, reprochó.
“Una compra directa posibilita a la autoridad que pueda hacer eso, comprar directamente con gente con la que se ponga de acuerdo, así porque ya estás protegido y ninguna institución te va a venir a poder sancionar”, explicó
Sin embargo, el galeno es del criterio que el mal es quién maneja ese estado de emergencia.
“En salud ahorita ya sabían lo que iban a hacer, porque desde el año pasado hicieron un decreto autorizando a los directores para que hicieran compras de emergencia en este año”, razonó.
Sin lograr abastecimiento
Blanca Munguía directora de salud de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), señaló que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro estuvo los cuatro años bajo un decreto de emergencia en el sistema de salud y nunca logró el 100 % del abastecimiento.
La especialista señaló que el decreto de emergencia habilita compras de emergencia, pero nunca se logró abastecer al 100 % de medicamentos al sistema de salud pública del país.
El decreto de emergencia es la excepción a la ley, pero en Honduras se tuvo de forma permanente, señaló.
“Los cuatros años estuvimos bajo ese marco, es un mal índice, no habla de suficiente transparencia y de la ineficacia de administración”, acotó.
Si bien faltan algunos meses para que el actual gobierno concluya su gestión, el resto de los meses se continuará con ese decreto de emergencia que permite la compra directa de medicamentos sin licitación, dijo.
PCM sin resultados
De su parte, el ingeniero Aníbal Cálix dijo a Proceso Digital “si revisamos históricamente el contenido de los decretos y PCM de emergencia, la mayoría de ellos no han dado resultados por lo menos para una mejor calidad de vida o servicio al ciudadano”.
Para lo que han servido (PCM), básicamente para poder tener la herramienta necesaria para adaptar los contratos a los allegados familiares o personas cercanas a los funcionarios, arguyó.
“Es un mecanismo para crear nuevos ricos en nuestro país”, coincidió.
El criterio para las declaraciones de emergencia tiene que ser un criterio más estricto, criticó.
Consideró que la Ley de Contratación del Estado tiene muchas falencias y tiene que reformarse y actualizarse como se está haciendo a nivel mundial.
Principales emergencias decretadas
Emergencia por la Temporada Ciclónica (2022)
En septiembre de 2022, ante la llegada de la temporada ciclónica y los efectos de la tormenta tropical Julia, el gobierno decretó el estado de emergencia mediante el PCM-24-2022. Este decreto, publicado en La Gaceta el 24 de septiembre de 2022, autorizó contrataciones directas para obras de mitigación, especialmente en el Valle de Sula, y la distribución de la “Caja de la Esperanza”, un paquete de productos básicos para las familias afectadas. La medida buscaba atender rápidamente las inundaciones y daños en infraestructura, pero expertos señalaron la falta de un monto máximo definido para las contrataciones directas, lo que generó preocupaciones sobre posibles irregularidades.
Emergencia Nacional en Materia de Seguridad (2022)
En noviembre de 2022, la presidenta Castro anunció el PCM-29-2022, declarando una emergencia nacional para combatir la extorsión, el narcotráfico y el crimen organizado. Esta medida incluyó la militarización de fronteras, controles bancarios y la posibilidad de suspender garantías constitucionales en áreas específicas. El objetivo era desarticular redes criminales, responsables de la violencia que ha causado el cierre de negocios y desplazamientos forzados. Según un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa, en 2022, más de 206 mil hogares fueron víctimas de extorsión, con un impacto económico estimado en 737 millones de dólares anuales. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó preocupación por el uso recurrente de estados de excepción sin una política integral de seguridad basada en derechos humanos.
Emergencia Sanitaria en el Sistema de Salud Pública (2023)
En 2023, mediante el PCM-04-2023, se prorrogó el estado de emergencia sanitaria en todo el sistema de salud pública, una medida enfocada en fortalecer la capacidad de respuesta ante crisis como la pandemia de COVID-19 y otras necesidades sanitarias. Esta declaratoria permitió la adquisición de equipos médicos, la expansión de la vacunación y la digitalización de datos sanitarios, según el Banco Mundial. Sin embargo, la efectividad de estas medidas ha sido limitada por la persistente precariedad del sistema de salud.
Emergencia en el Sistema Penitenciario (2023-2025)
Tras un violento enfrentamiento en una cárcel de mujeres en junio de 2023, que dejó 46 víctimas mortales, el gobierno asumió el control militar de las prisiones y ratificó el estado de emergencia en el sistema penitenciario mediante un PCM, cuya vigencia se extendió hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta medida buscó frenar el crimen organizado dentro de los centros penales, pero ha sido criticada por el riesgo de violaciones a los derechos humanos debido a la militarización.
Emergencia por Fenómenos Climáticos (2024)
En 2024, el gobierno emitió alertas y medidas de emergencia coordinadas por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) para enfrentar los efectos de fenómenos climáticos, como la tormenta tropical Sara y una vaguada asociada a un sistema de baja presión en el Pacífico. Aunque no se detalla un PCM específico en los registros disponibles, Copeco mantuvo alertas verdes en seis departamentos y zonas cercanas al río Ulúa, promoviendo acciones preventivas para proteger a la población.
Emergencia Fitosanitaria (2025)
Con el objeto de proteger la producción agrícola y pecuaria del país, así como la seguridad agroalimentaria de la población hondureña SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA FITOSANITARIA a nivel nacional, ante la presencia confirmada de la plaga de Langosta Voladora Centroamericana (Schistocerca piceifrons piceifrons. Walker, 1870), por un período de seis (6) meses, a partir de la vigencia del presente Decreto Ejecutivo.
Estado de emergencia por lluvias
El último PCM decretado por el gobierno fue el publicado el fin de semana por las lluvias que azotan el país y decretaron estado de emergencia, para lo cual se pueden realizar compras directas.
En el decreto se establece que el gobierno puede desviar los recursos destinados a transferencias o pagos a proveedores del Estado y destinarlos a las compras de emergencia, tal como recordó la Secretaría de Finanzas. (RO).
