Tegucigalpa (Proceso Digital) – La política de intervención del actual gobierno se extiende al sistema penitenciario hondureño, donde en las últimas horas se produjo un “sincronizado amotinamiento” en cuatro de sus principales cárceles con el saldo de una decena de heridos y un interno muerto.
– Se proponen dos nuevas cárceles de máxima seguridad en las Islas del Cisne y Patuca.
– No importa quien administre las cárceles, si no se logra combatir la corrupción en el interior de los recintos, dice criminólogo.
– Es más fácil ingresar un arma que una biblia a los recintos penales, lamentan pastores evangélicos.
El singular suceso violento agregó momentos dramáticos en las cárceles de Ilama en Santa Bárbara, Morocelí en el Paraíso, Siria y Támara en Francisco Morazán, donde sus instalaciones parecían escenarios de guerra que pusieron en riesgo a la visita que en esos momentos se realizaba por parte de los familiares de los privados de libertad.
Pero ni siquiera habían pasado 24 horas de los amotinamientos simultáneos y en El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara, otro suceso irrumpía la tranquila de la llamada cárcel de máxima seguridad.
La administración de las cárceles deja episodios trágicos como el incendio en 2012 en Comayagua con el saldo de más de 360 muertos, así como otros 107 muertos en un hecho similar en el penal de San Pedro Sula en 2004 y 69 víctimas en una matanza en El Porvenir en 2003.
La intervención gubernamental esta vez toca a los centros penitenciarios y de acuerdo a lo ejecutado en los últimos años no ha sido una medida eficaz porque solo pasa de un cuerpo armado a otro, pero sin soluciones integrales en el tiempo.
Dos masacres ocurridas en menos de una semana en diciembre de 2019 en dos cárceles -Tela y El Porvenir- cobró la vida de 38 privados de libertad, en otro hecho deleznable del país.
Honduras tiene actualmente 25 centros penitenciarios, tres de ellos conocidos como cárceles de máxima seguridad. Alberga a 19 mil 450 privados de libertad, de los que el 48 % están en condición de procesados.
Las fugas masivas, reyertas, matanzas y tráficos de drogas, armas y explosivos son el pan nuestro de cada día en los llamados módulos de máxima seguridad.
Gobierno anuncia intervención
La ingobernabilidad en las cárceles hondureñas provocó el anuncio de “una dura intervención” por parte de la presidenta Xiomara Castro, quien dará más detalles a la opinión pública este lunes.
La mandataria dijo que este lunes 10 de abril anunciará los nombramientos (interventora) y las primeras medidas de emergencia y resaltó que “lo que importa son los resultados”.
“La intervención será dura, pero respetuosa de la humanidad, de los encausados, sus familiares y defensores. El crimen se combate desde la prevención no sólo con el castigo”, externó Castro.
Seguidamente reconoció el esfuerzo de la Policía Nacional, quien administra actualmente los 25 centros penales del país, al tiempo que volvió a repetir que intervendrá enérgicamente las cárceles.
“Sé del esfuerzo de la Policía y la Secretaría de Seguridad en la disminución de homicidios y corrupción, pero voy a intervenir enérgicamente los Centros Penales”, expresó la gobernante.
Castró sentenció que “voy a poner mano dura y orden en las cárceles, hasta transformarlas en Centros Penales de rehabilitación, no en escuelas de crimen y tortura como lo que he heredado”.
El gobierno de la presidenta Castro ha anunciado la construcción de dos nuevas cárceles bajo el modelo de máxima seguridad en las Islas del Cisne y otra en la zona montañosa de Patuca, Olancho.
30 años en crisis
El director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), comisionado Otoniel Castillo Lemus, citó que hace tres décadas el país vive una crisis en el sistema carcelario y los problemas se agudizan con el paso de los años.
“Sabemos que es una respuesta de las estructuras criminales a las siete medidas tomadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, ya que el Estado está decidido a no permitir que estos criminales sigan controlando las instituciones”, expresó.
El comisionado Castillo Lemus destacó el despliegue policial en los cuatro centros carcelarios en el momento que se suscitaron los amotinamientos.
Justificó que la crisis en el sistema penitenciario no es de ahora, “tenemos 30 años de estar en crisis y todo lo que existe ha quedado heredado del pasado”.
Aceptó que hay muchas armas de fuego en el interior de los 25 centros penitenciarios y también las llamadas que siguen saliendo desde esos recintos carcelarios.
Mencionó que trabajan en ubicar la mejor tecnología para bloquear la señal en las cárceles. Existe mucho trabajo realizado al respecto y hay coordinación entre los entes del gobierno para cortar las acciones del crimen.
El oficial Castillo mencionó que existen sectores organizados en el país que están interesados en desestabilizar la operatividad del actual gobierno de la República.
Parte del fracaso continuado en seguridad
La ingobernabilidad en el sistema penitenciario hondureño es apenas un eslabón más que retrata el fracaso sostenido en materia de seguridad, cuestionó el sociólogo Pablo Carías.
El académico dijo que lo ocurrido el sábado en cuatro cárceles hondureñas solamente es parte del fracaso continuado de la llamada estrategia de seguridad, que a su juicio no es una táctica integral para atacar el problema de inseguridad.
Dijo que para atacar la inseguridad en todos sus ámbitos es necesaria la articulación de acciones desde cada uno de los tres poderes del Estado.
Refirió que las reyertas simultáneas en cárceles deben interpretarse como una especie de saludo a las políticas anunciadas por el gobierno para combatir el crimen en todas sus formas.
“Uno no entiende cómo es que en estos centros que son de máxima seguridad puedan entrar armas de grueso calibre y que los privados de libertad hagan uso de estos artefactos a su discreción en el momento que lo estimen conveniente”, criticó.
Carías recriminó que la población está cansada de diagnósticos sobre la inseguridad que se vive en el país, al tiempo que propuso seguir en la etapa de ejecución de soluciones para evitar un agravamiento de la situación de seguridad.
Policía y FFAA han fracasado en cárceles
A criterio del exjefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), Gonzalo Sánchez, el problema de los centros penitenciarios “no es algo fácil de resolver”.
Citó que inicialmente la gestión de las cárceles estuvo bajo el mando de la Policía Nacional, luego se pasó a las Fuerzas Armadas en el gobierno anterior y ahora retorna a la Secretaría de Seguridad.
“No es fácil controlar a privados de libertad y más cuando se trata de personas que integran el crimen organizado, maras y pandillas”, expresó.
Sánchez dijo que es inexplicable que en las cárceles, denominadas de máxima seguridad, haya armas de fuego, rifles y hasta explosivos. “Con los controles que ahí existen cómo es posible que ingrese todo eso. Algunos custodios están coludidos con privados de libertad para el ingreso de armas, drogas y explosivos”, expresó.
El criminólogo dijo que mientras no se combata la corrupción en la gestión de los centros penitenciarios la problemática seguirá sin importar quién esté al mando como autoridad.
Cuestionó que la intervención de organismos de derechos humanos muchas veces no abona para una correcta administración del sistema carcelario.
Reveló que se pagan hasta 70 mil lempiras por el ingreso de un teléfono celular y por un arma la cifra podría pasar los 100 mil lempiras.
Propuso ser un poco duro en las medidas porque se trata con personas del crimen organizado. PD
