Tegucigalpa- Luego de la presentación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), del informe que revela la existencia de un esquema de corrupción en la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), donde más de 103 millones de lempiras destinados a proyectos sociales habrían sido desviados hacia organizaciones no gubernamentales (ONG) vinculadas a familiares de una alta funcionaria, el oficialismo defiende que es información no objetiva.
Tras la presentación del documento, el ministro Tomás Vaquero calificó el informe como de no objetivo y con “información imprecisa”, lo que provocó la respuesta del jefe de la Unidad de Investigación del CNA, abogado Luis Urbina.
“Las disposiciones generales del presupuesto ya establecen cuáles son las instituciones que deben administrar estos fondos. El exceso del señor Vaquero fue emitir un acuerdo de delegación que permitió la intromisión del Poder Ejecutivo en funciones que corresponden al Poder Legislativo”, afirmó Urbina.
El abogado agregó que en el mismo comunicado de la Secretaría de Gobernación “ellos nos dan la razón, porque reconocen que esas ONG formaban parte de un esquema de corrupción. Lo que llama la atención es por qué, teniendo conocimiento, no presentaron denuncia ante el Ministerio Público”.
Según el CNA, se intentó en siete ocasiones obtener información de la SGJD, sin éxito. Urbina aseguró que incluso hubo instrucciones de Vaquero para que la institución no atendiera los requerimientos. “Han pasado más de 400 días sin que entreguen la totalidad de la documentación solicitada, cuando por ley debieron publicarla en el portal de transparencia”, puntualizó.
En el informe, el CNA detalla que al menos seis ONG involucradas tienen vínculos directos con la gerente administrativa de Gobernación, Jacqueline Pinto. Entre los hallazgos se menciona que su cónyuge figura como apoderado legal de esas organizaciones y que una de sus cuñadas presidía y era tesorera de dos de ellas.
“Si para el ministro Vaquero una red de más de 30 personas que sustrajo más de 103 millones de lempiras es normal, para el CNA no lo es. Por eso hacemos los señalamientos de manera objetiva”, concluyó Urbina.
El caso seguirá bajo investigación, mientras crecen los cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos asignados a proyectos sociales y el papel de la Secretaría de Gobernación en la supervisión de las ONG beneficiadas.LB
