Tegucigalpa- Tegucigalpa – En Honduras existe una “impunidad generalizada” debido a la corrupción y “graves restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa”, señala el Informe de Honduras sobre Derechos Humanos del gobierno de Estados Unidos.
El informe referente al año 2024 fue emitido por el Departamento de Estado del gobierno norteamericano y en el mismo señala que miembros de las fuerzas de seguridad fueron favorecidos con la impunidad, aunque admite que las instituciones de justicia procesaron y condenaron a algunos miembros por violaciones a los derechos humanos.
El reporte destaca que el sistema judicial es débil, aunado a la corrupción y la interferencia política fueron los obstáculos para lograr condenas y castigos a funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos.
Estados Unidos considera que los grupos criminales, pandillas locales y transnacionales, narcotraficantes cometieron importantes crímenes violentos, cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas y violencia contra defensores de derechos humanos, periodistas, blogueros, mujeres, sindicalistas y otras poblaciones vulnerables,señalando que el gobierno investigó y procesó ciertos crímenes, “pero la impunidad fue generalizada”.
El documento destaca que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reportó que agentes gubernamentales perpetraron seis ejecuciones extrajudiciales, aunque el Ministerio Público informó de sólo tres casos, en el que estuvieron involucrados cinco agentes de la Policía Nacional.
El Informe sobre Derechos Humanos en Honduras 2024 de Estados Unidos destaca los asesinatos de los activistas ambientales Juan López y de Luis Alonso Teruel Vega.
Restricciones y amenazas a la prensa
El documento del gobierno de Estados Unidos destaca que el 2024 hubo “graves restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, incluidas amenazas contra miembros de los medios por parte de elementos criminales”.
También se señaló que hubo informes de propietarios de medios de comunicación que señalaron que se les excluía de eventos oficiales y se les impedía recibir ingresos por publicidad oficial “como represalia por su presunta cobertura periodística antigubernamental”.
(LEER) Se eleva hostilidad hacia libertad de expresión, la prensa bajo ataque en Honduras
El informe también destaca que representantes gubernamentales criticaron a la sociedad civil y a miembros de la comunidad internacional por comentarios que fueron percibidos como críticos con el gobierno.
Señaló que las organizaciones de la sociedad civil denunciaron las declaraciones como un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión.
“El CONADEH reportó dos casos de restricciones al derecho de expresión por parte de las fuerzas de seguridad y otro caso relacionado con amenazas o acoso contra periodistas y comunicadores sociales por parte de funcionarios gubernamentales. La Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia reportó dos casos de amenazas contra periodistas”, se lee en el informe.
El reporte norteamericano recoge que periodistas y otros integrantes de la sociedad civil se autocensuraron por temor a críticas, acoso y represalias por parte del gobierno y sus simpatizantes.
“Otros denunciaron actos directos de intimidación o amenazas de violencia por parte de funcionarios o simpatizantes del gobierno por criticar al gobierno. Organizaciones de la sociedad civil criticaron la falta de investigación adecuada por parte del gobierno de las amenazas y los incidentes de violencia”.
El CONADEH reportó dos casos de agresiones violentas y dos casos de violencia y difamación contra periodistas y comunicadores sociales. La comunicadora social Magaly Zelaya Ferman fue agredida por fuerzas de seguridad mientras informaba sobre un bloqueo de carreteras durante una protesta en septiembre, señala el informe.
“El 13 de marzo, el Ministro de Seguridad criticó a una importante ONG por sus constantes informes sobre el estado del país y el impacto de las decisiones políticas del gobierno, y anunció que el gobierno había abierto una investigación sobre la ONG y la validez de su estatus como ONG”, destaca el Informe sobre Derechos Humanos en Honduras que divulgó la administración del presidente Donald Trump.
En materia laboral se destaca que el gobierno investigó la violencia y amenazas contra líderes sindicales, pero “la impunidad por estos delitos era alta”.
Torturas y tratos crueles
El infome señaló que el “Ministerio Público reportó 26 casos de presunta tortura por parte de las fuerzas de seguridad, mientras que el CONADEH reportó 37. El CONADEH también reportó dos casos de violación sexual por parte de las fuerzas de seguridad, así como cuatro casos de violencia sexual. El Ministerio Público reportó un total de 123 casos de tratos crueles o inhumanos por parte de las fuerzas de seguridad, y el CONADEH reportó 76 casos a través del Ministerio de Derechos Humanos”.
También se destacó que el Ministerio de Derechos Humanos informó que 21 presos fallecieron bajo custodia, cinco de ellos a causa de violencia. Se investigan las causas de otras seis muertes.
En conclusión el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó su informe anual sobre prácticas de derechos humanos, señalando que en Honduras no hubo cambios significativos en la situación durante 2024, y que persisten problemas graves como ejecuciones arbitrarias, desapariciones, torturas, detenciones ilegales y restricciones a la libertad de expresión y de prensa.PD
