Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El izquierdista partido Libertad y Refundación (Libre) ha arreciado en las últimas tres semanas su estrategia de retener el poder con las siguientes acciones. La primera, judicializar el proceso electoral, la segunda, amenazar con sacar los 30 mil colectivos a las calles, y la tercera, enfilar sus baterías en contra de los medios y el sector privado, mientras intenta diluir la gangrena que los devora: los actos de corrupción e impunidad de varios de sus funcionarios.
Al acercarse las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue siendo acicateado a lo interno y a lo externo. Internamente el trabajo se encuentra semiparalizado y el cronograma electoral en suspenso porque no se avanza ni con el sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), ni con la actualización del Censo Electoral, el problema de las identidades, y el nombramiento de los consejos departamentales y municipales, entre otros aspectos.
La polémica en torno al TREP, jurídicamente resuelto, pero políticamente revuelto en sus narrativas por el partido en el poder y sus principales cuadros, entre ellas la presidenciable, Rixi Moncada, para imponer un sistema “a su medida” y del coordinador Manuel Zelaya, sigue atrasando los procesos, al punto que hasta el idioma castellano ha sido cuestionado en sus conceptos acerca de palabras como “consenso”, “unanimidad”, “mayoría simple”, “simple mayoría” o “consenso necesario”. Libre ha sacado a las pantallas mediáticas a los más eruditos intérpretes del castellano.
Y mientras esa narrativa se trata de imponer en los medios, el CNE enfrenta a dos adversarios poderosos, que parecen haberse coludido con Libre y el gobierno central: el Congreso Nacional y el Ministerio Público. Desde el Congreso Nacional, su presidente Luís Redondo, pagó espacios en medios por 40 minutos para amenazar a las autoridades del CNE por osar “interpretar” la ley electoral y les ordenó revertir la decisión de poner un tercer blindaje al TREP, o caso contrario, estarían incurriendo en responsabilidad penal.
Esas y otras interpretaciones de Redondo son una especie de azote contra un órgano con rango constitucional que goza de independencia y autonomía, no está subordinado a ningún poder del Estado. La última acción de Redondo se relacionó con una cuestionada renuncia “condicionada” de la consejera Ana Paola Hall, la cual fue interpretada por el congresista, la bancada de Libre, la candidata presidencial oficialista y las autoridades partidarias como una “denuncia” de tal gravedad que debía ser conocida por el Ministerio Público.
La renuncia, la denuncia y la acción MP
En su renuncia la consejera Ana Paola Hall denuncia haber sido objeto de hostigamiento, violencia política, amenazas contra ella y su hija, embestida despiadada por no someterse al discurso político del partido Nacional, además de poner en duda su militancia liberal. Hall también cuestionó a una “exigua” militancia liberal que también la cuestionaba. La consejera puso su renuncia condicionada a la elección de su sucesor, pero el presidente del Congreso Nacional no le dio trámite al pleno, dijo que no procedía, que era ilegal y la convirtió en una denuncia que fue presentada por la secretaria del Congreso, Angélica Smith, al fiscal general, Johel Zelaya.
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Las pesquisas legislativas sobre la renuncia condicionada de la consejera Hall—que sigue al frente del cargo—llevaron a la directiva del Congreso a determinar que una alta funcionaria del Estado estaba siendo “acosada y forzada” a renunciar como parte de una conspiración en marcha de fuerzas oscuras, nombraron una comisión para investigar quién hostiga a la consejera del CNE. La directiva del Congreso Nacional ha señalado al bipartidismo que conforman los partidos Nacional y Liberal de querer montar un fraude y que la consejera presidenta, Cossette López, lidera esa conspiración.
El Congreso Nacional no quiso abordar el tema de la ampliación del TREP al vencerse el plazo para la presentación y adjudicación de propuestas, afectando así el cumplimiento del cronograma electoral y dejando a los tres consejeros y a sus dos suplentes que conforman el pleno del ente rector a las puertas de una acusación penal por incumplimiento. El Congreso se negó a recibir dos oficios enviados por la presidenta consejera del CNE poniendo en autos sobre lo sucedido con el TREP y pidiendo al Poder Legislativo elaborar un proyecto de ley para ampliar el plazo y seguir con el cumplimiento del cronograma.
En los oficios, la consejera presidenta del CNE exponía que, por no poder conformar pleno, no podían enviar como órgano rector una propuesta de ley de ampliación del TREP, que esa era una potestad del Legislativo, pero los documentos no pasaron de la seguridad del Congreso, que no dio trámite para que llegaran a la secretaría del Congreso, ni quiso dar acuse de recibido. El Congreso Nacional define así su posición en contra del CNE porque no se revierten decisiones tomadas en ley relacionadas con el TREP.
No había terminado sus interpretaciones jurídicas el presidente del Congreso Nacional sobre la renuncia de la consejera Hall y mandar al Ministerio Público a que investigara los graves atropellos a la consejera, cuando salta a la escena pública el fiscal general, Johel Zelaya, anunciando que citará a los tres consejeros del CNE para investigar una posible conspiración en contra del proceso electoral que no estaba dispuesto a tolerar.
De inmediato anunció que se había librado citatorio a los consejeros, el cual, en primera instancia, fue en calidad de testigos, pero dos horas después, lo cambió y les dice que será en calidad de investigados, que deben responder a la brevedad, o caso contrario, les librará requerimiento para capturarlos. El fiscal Zelaya los está investigando por delitos de traición a la patria, amenaza a la seguridad nacional, entre otras figuras delictivas orientadas a sembrar miedo e incertidumbre en un órgano que debería estar abocado a todo vapor a la preparación de las elecciones generales el 30 de noviembre próximo para elegir un nuevo gobierno.
Campañas de odio por incómoda fiscalización
En medio de este clima de hostilidad y polarización política, una Misión de Observación Electoral exploratoria de la Organización de Estados Americanos (OEA), al término de una visita de dos días al país, donde se reunió con lideres políticos, los candidatos presidenciales, funcionarios de gobierno y la presidenta de la República, Xiomara Castro, emite un lapidario comunicado en el cual advierte que se está frente a una estrategia de judicialización del proceso electoral.
La Misión hace un llamado a que se garantice la plena independencia y autonomía de las autoridades electorales con el fin de que puedan enfocarse en el trabajo técnico. En ese sentido, “las autoridades electorales referidas deben tener la seguridad necesaria para llevar a cabo sus funciones y expresar sus opiniones libres de intimidación y excesiva intervención judicial. La MOE/OEA ve con alarma que integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) han considerado dejar sus puestos alegando injerencias y presiones externas”.
“La Misión de la OEA también convoca a los distintos actores a moderar el tono del discurso político para evitar que la retórica afecte el pacífico desarrollo de esta etapa preelectoral e impacte negativamente en la jornada. Igualmente considera que se deben dar todas las garantías a las candidaturas inscritas para llevar adelante sus campañas y actividades en el marco de los principios democráticos y evitar la judicialización del proceso. Honduras merece que las elecciones se den en un ambiente de tranquilidad y respeto, con una campaña centrada en propuestas que beneficien a la ciudadanía”, destaca entre sus puntos el pronunciamiento de la delegación.
Pero el proceso de judicialización ha iniciado teniendo como punta de lanza al Ministerio Público que se decanta por el discurso del oficialismo y del partido en el poder de intimidación y polarización. Y para rematar en su estrategia de judicialización de la política, el Ministerio Público emite requerimiento fiscal y captura en contra del subjefe de bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez, por un presunto delito de fraude por un caso que se abrió hace casi 22 años. La captura se produjo cuando Márquez se dirigía al Congreso Nacional a conocer el tema de la renuncia de la consejera del CNE, Ana Paola Hall.
La detención se produjo no teniendo en cuenta el proceso utilizado por la ley que otorga a los altos funcionarios el derecho a recibir comunicación y ser escuchado ante un juez especial nombrado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Además de Márquez, la fiscalía ha emitido requerimientos contra otros exfuncionarios entre jueces, fiscales, abogados, y otros. Márquez ha sido un legislador activo del principal partido de oposición política en el Congreso, y las autoridades del partido Nacional han comenzado a decir que están frente a una acción de extorsión judicial.
Extorsión que también ha denunciado el partido Liberal, el otro en la oposición política, al denunciar que el oficialismo quiere condicionar la renuncia de la consejera Hall en el CNE a dos cosas: poner un consejero manejable por Libertad y Refundación, y dar al consejero de Libre, Marlon Ochoa, la conducción de las elecciones generales, cuando esta corresponde a los liberales. El partido Liberal ha denunciado que también están siendo amenazados con medidas judiciales.
Ocultar su corrupción
A ese clima de incertidumbre política, se suman las acciones anunciadas por el coordinador de Libertad y Refundación, asesor presidencial y expresidente de la República, Manuel Zelaya, quien en sus redes sociales dijo que no aceptaba ir a elecciones “con un TREP fraudulento” y que tenía listos 30 mil colectivos de Libre en todo el país y que esta vez “no nos van a sorprender como en el 2009”, el año en que fue sacado del poder cuando ejercía la presidencia. Zelaya indica que los colectivos de Libre han sido entrenados y no dudará en sacarlos a las calles para defender “su triunfo” electoral.
El coordinador de Libre envía así una amenaza directa al sistema político hondureño que aviva aún más la polarización política en el país. Se suma a esta amenaza uno de los coordinadores de los Colectivos de Libre—grupos de choque violentos al estilo chavista en Venezuela y del sandinismo en Nicaragua—Melvin Ceballos, al indicar que, sí deben tomar las armas, “las vamos a agarrar para la defensa del país”.
Con relación a las elecciones generales dijo que están listos “tal y como se las ordenó el coordinador de Libre, Manuel Zelaya”. Aseguró que están “organizados e instruidos en el aspecto de la defensa de la soberanía y también del pueblo hondureño”.
En paralelo, Libertad y Refundación ha arreciado su campaña en contra de los medios de comunicación y periodistas que abordan en sus medios y trabajos periodísticos los desaciertos del gobierno y el partido en el poder. La guerra contra la prensa se ha intensificado posterior a las elecciones primarias, y en ella se han sumado las Fuerzas Armadas con portadas y publicaciones destacadas en contra de los medios en sus portales noticiosos.
El Colegio de Periodistas de Honduras, en su último pronunciamiento, señaló a Libre, al coordinador del partido Manuel Zelaya, y a su candidata presidencial Rixi Moncada, de estar detrás de una campaña perversa contra medios y periodistas con el despliegue de pancartas en varios puntos de la ciudad, acusándolos de “sicarios” de la información, un término que iniciaron los militares. El Colegio de Periodistas los responsabilizó de las consecuencias que esas acciones que incitan al odio, la estigmatización y la violencia pueda tener contra los periodistas y sus familiares, además de los medios de comunicación.
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Esa campaña se extiende también al sector privado a quien acusan de no querer que haya elecciones, de los males del país y de estar conspirando para “robarle” el triunfo a Libertad y Refundación.
Todas estas acciones surgen en momentos que la corrupción sigue golpeando al gobierno y al partido Libre, al salir nuevos casos de millonarias y presuntas irregularidades que no abarcan solo a la institución Sedesol, sino que a secretarías como la de Infraestructura y Transporte, Gobernación y Justicia, Condepor, Fondo Hondureño de Inversión Social, Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y Gobernación, además de evidenciar los manejos discrecionales de las ayudas sociales o fondo departamental que se maneja desde el Congreso Nacional.
Los escándalos de corrupción salpican no solo a diputados con obras inconclusas, obras inexistentes y obras que se rajaron al primer aguacero, también a funcionarios allegados al poder. Los relatos periodísticos cuentan cómo se crearon ONG para drenar millonarios recursos, al estilo de la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, cómo se les otorgó personería jurídica de forma exprés, como tramitaban los recursos, como laboraban o siguen laborando en la administración pública, y como la impunidad sigue siendo aliada de estas prácticas que no son parte de la “emotividad” que, por cumplir con la ley, tiene el Ministerio Público.
Avanza así la estrategia de judicializar el proceso electoral a cuatro meses de los comicios generales, con un CNE altamente debilitado, una incertidumbre alimentada por el caos, las amenazas a los medios y periodistas por su labor de fiscalización, y el deseo gubernamental de ocultar una gangrena que los devora como es la corrupción, aparte del narco video que sacudió y sigue sacudiendo al primer círculo del anillo presidencial. (PD).
