Nairobi – El Gobierno de Kenia indemnizó este viernes con 16 millones de chelines kenianos (unos 106.400 euros) a cuatro de las ocho supervivientes de violencia sexual cometida durante los disturbios postelectorales de 2007-2008, lo que supone la primera compensación oficial a víctimas de este tipo de abusos en un contexto de conflicto.
«Este pago largamente esperado llega casi cinco años después de que el Tribunal Superior emitiera su histórica sentencia en diciembre de 2020, y trece años después de que se presentara la petición ante ese tribunal», señalaron en un comunicado conjunto nueve organizaciones de derechos humanos kenianas.
En esa sentencia, el Tribunal Superior de Nairobi declaró al Ejecutivo culpable de no haber evitado ni investigado de forma independiente los delitos de violencia sexual y de género cometidos durante la crisis postelectoral, y ordenó compensar a cuatro de las ocho víctimas con unos 4 millones de chelines kenianos (unos 26.600 euros) cada una.
Fue la primera vez en Kenia que la violencia sexual postelectoral era reconocida legítimamente por el Gobierno, y que se consiguió una compensación por el maltrato sufrido.
«Es un paso significativo hacia adelante en el compromiso de Kenia con el Estado de derecho y los derechos constitucionales, y reconoce la dignidad y el sufrimiento de muchas víctimas que han esperado más de una década para ser escuchadas», agregaron las ONG, entre las que se encuentra la Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC).
Las organizaciones afirmaron que este momento no representa únicamente una reparación financiera, «sino de reconocimiento, sanación y del establecimiento de un precedente».
Ahora, insistieron, el Estado tiene la obligación de investigar, procesar y reparar «eficazmente» la violencia sexual relacionada con conflictos.
«Este hecho ofrece esperanza a muchas otras personas y marca un posible punto de inflexión en cómo Kenia responderá en adelante a las supervivientes de violencia sexual», aseguraron en el comunicado.
Aunque el monto desembolsado cubre solo el capital principal y aún queda pendiente el pago de intereses, este primer tramo de compensación representa una victoria para las peticionarias, que han esperado años para ver justicia.
El fallo de 2020 concluyó que el Estado sólo asumió su responsabilidad en los casos de cuatro mujeres agredidas por fuerzas de seguridad estatales, sin embargo, el tribunal no falló a favor de las otras cuatro peticionarias que fueron atacadas por actores no estatales.
Estas supervivientes recurrieron la sentencia en noviembre de 2021 ante la Corte de Apelaciones de Nairobi para reclamar una reparación.
La apelación sostiene que el Estado debe garantizar no solo compensación económica, sino también reconocimiento y sanación para todas las víctimas de violencia sexual durante el periodo postelectoral de 2007-2008, una crisis que dejó más de 1.100 muertos y al menos 900 víctimas de violencia sexual.
No obstante, el tribunal ha aplazado ya dos veces la audiencia.
En su declaración, las organizaciones instaron además al Gobierno a cumplir con sus obligaciones estatales en la prevención y garantía de justicia ante la violencia sexual relacionada con conflictos, incluida la adopción de una política nacional de reparaciones, el pago de compensaciones a víctimas de tortura y violencia sexual, y la implementación de la Ley de Protección de Víctimas. EFE
(vc)
