Tegucigalpa – El director general de la Policía Nacional, comisionado Ramón Sabillón, aseveró que más de 60 mil personas están gozando de medidas sustitutivas de la prisión en Honduras, lo que constituye una preocupación para los miembros de esa institución ya que implica estar atentos y vigilantes para que no vayan a cometer algún delito.
– El jefe de la Policía Nacional, Ramón Sabillón, refirió el caso de un joven de apenas 17 años de edad que ya ha matado a más de 17 personas.
– Ante el arrecio de las fuerzas de seguridad en contra del crimen, las bandas delincuenciales ha adoptado otras estrategias para continuar con sus fechorías.
– En Honduras existe una debilidad con las cárceles donde el hacinamiento rebasa los límites imaginables, el presupuesto es precario y la rehabilitación es casi de cero.
Ante las últimas masacres ocurridas en el país, Sabillón señaló que a veces siente impotencia y frustración, pero a la vez coraje y valor porque el primer precepto para esa institución es coadyuvar a preservar la vida y en segundo lugar cumplir con la ley.
Criminales intentan despistar al Estado
Aseveró que la Policía privilegia la vida y es por eso que a los integrantes de la banda de Los Espinoza que opera en Comayagua, se les ha dado la oportunidad para entregarse y someterse al debido proceso.
El jefe policial también se refirió a la situación con los menores de edad ya que las bandas delincuenciales los utilizan primero como bandera para avisarles mediante un teléfono celular que les han proporcionado cuando llega la Policía, pero luego esos niños van siendo promovidos o ascendidos hasta usarlos como sicarios.Citó el caso de un joven capturado recientemente que tiene apenas 17 años y ya ha matado a más de 17 personas, ya que los criminales los utilizan para distribuir drogas o para cuidar territorios.
Los jefes de esas mafias contratan esos niños para la comisión de delitos a sabiendas que los menores tienen un tratamiento especial según la ley.
Indicó que lo complicado es dar con los cabecillas de las bandas criminales y por eso se sigue una investigación a través de la persona que ejecuta el delito.
Sabillón aseveró que en el interior de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, están guardando prisión, una gran cantidad de líderes de maras y bandas criminales quienes han tomado ciertas medidas para despistar al Estado y desequilibrar las operaciones de los operadores de justicia que actúan integrados en la Fuerza Nacional Interinstitucional de Seguridad (Fusina).
Señaló que la Policía tiene que tener un trato diferenciado para los niños y para las personas que se encargan de ir a recoger el dinero que cobran por las extorsiones o cobro del impuesto de guerra.
Asimismo, otra estrategia que han adoptado los cabecillas de las bandas criminales, es que los extorsionados tienen que depositar el dinero en cuentas de banco, por lo que la Policía ha tenido que direccionar su maniobra para trabajar en ese sentido.
Miles gozan de medidas sustitutivas
El jerarca de la Policía refirió que en este momento en la Penitenciaría Nacional, hay casi 13 mil personas guardando prisión y la capacidad de esa cárcel sólo es para cinco mil y hay de 60 mil individuos con medidas sustitutivas quienes podrían estar cometiendo ilícitos en la calle.
“Realmente tenemos una cantidad de personas bajo tratamiento que llegan a 73 mil, lo que representa que hay un trabajo fuerte; entonces esa cantidad nos indica que hay un enfoque social también”, apuntó.Se preguntó ¿por qué tanta gente bajo medidas sustitutivas?, por lo que consideró que se deben buscar otras perspectivas para atacar el delito como el enfoque social a nivel del gobierno aparejado a la fuerza de la persecución del delito.
Esto porque el patrón delincuencial de algunas personas ha llegado al extremo que el joven de 17 años que ha asesinado a una gran cantidad de personas, le confesó que en otro tiempo también hubiera acabado con la vida del jefe de la Policía.
Sobre ese tema, el analista jurídico Alejandro Espinoza, indicó que esa cifra de 60 mil personas con medidas sustitutivas, se reveló durante un diplomado de derecho penal, pero eso es algo que se basa en el principio de inocencia.
Por el contrario si a la persona se le ha seguido el debido proceso y al final resulta culpable de la comisión de un delito, es condenado, pero el juicio puede durar uno, dos, tres, cuatro, cinco u ocho años o el tiempo que sea, el imputado debe estar en libertad porque la persona es inocente porque no hay una sentencia.
Refirió que en sociedades avanzadas, tienen un control bien riguroso sobre las personas que están con medidas sustitutivas de la prisión; por ejemplo, hay países donde se les coloca un collar con un chip que no se puede retirar del cuerpo y garantiza que no puede salir de la ciudad o de determinada área; eso debido a presunción de inocencia al que tiene derecho toda persona.
Explicó que lo que sucede es que si a una persona se le envía a la cárcel y el si el juicio dura cinco años y al final, el juez encuentra que es inocente, el Estado tiene que responder por las indemnizaciones materiales y sicológicas al que tiene derecho la persona que estuvo presa injustamente durante ese período.
En ese sentido, consideró que las cárceles sólo deben ser para los condenados, aunque hay excepciones en casos que son bien evidentes y que la prueba debe ser mínima para reducirlo a una prisión antes de una sentencia porque tenerlo en libertad bajo medidas sustitutivas representa un riesgo para la sociedad en casos de un presunto narcotraficante, violador o extorsionador.
Debilidad del sistema carcelario
Agregó que en el país la evidencia más fuerte continúa siendo la testifical versus prueba científica, la que puede ser utilizada para reducir a la cárcel a alguien.El problema también al enviar a la cárcel a todos los imputados es que para el caso, para cada reo en la Penitenciaría Nacional, hay apenas una asignación de 88 centavos diarios, según le confesó un ex jefe de centros penitenciarios.
Asimismo, no hay hospedaje para los internos y muchos tienen que dormir en los pasillos, ni tampoco hay un hospital penitenciario aparte de la mucha inseguridad que impera en ese recinto.
Apuntó que la mayoría de centros penitenciarios funcionan en casas que datan desde la colonia construidas por los españoles y están ubicados en el propio centro de las ciudades y tampoco hay rehabilitación del delincuente por lo que a las personas las meten a la cárcel y si no era delincuente ahí se hace pues hay mucha gente que es inocente y fue encarcelada por un mal proceso o una mala defensa y adentro comienza a ser víctima hasta de la extorsión y se vuelve un rebelde contra la sociedad.
“El malo sale peor, ahí no hay nadie que salga arrepentido y que le pida perdón a la sociedad; hace unos días miré a un coronel hondureño que estuvo preso en Miami y lo primerito que hizo cuando llegó al aeropuerto donde lo entrevistaron, fue pedirle perdón a la sociedad hondureña por la vergüenza que le hizo pasar al país”, refirió Espinoza.
Fragilidad de la prueba científica
Por su parte, una jueza de lo penal que accedió a hablar con Proceso Digital, pero pidió no ser mencionada, coincidió en que en Honduras no hay rehabilitación, no se respeta la presunción de inocencia y muchas veces ni el debido proceso.Señaló que hay muchos procesos que son flojos, porque las debilidades en la investigación, es decir, que no existe una verdadera investigación criminal ni científica forense.
Añadió que si la Fiscalía no tiene un buen respaldo y sustentación, en la audiencia inicial que debe celebrarse seis días después, el acusado es dejado en libertad.
“Entonces, por lo general el juez decide que aquí no hay mérito y vamos a dictar un sobreseimiento provisional porque lo que representó la Fiscalía con el respaldo de la Policía o de la DNIC, carece de fundamento y en la audiencia inicial, el abogado defensor se lo votó y en ese sentido, el Ministerio Público cuenta hasta con cinco años para hacer una mejor investigación e ir aportando pruebas y si no lo hace en ese lapso, la persona queda en forma definitiva en libertad”, apuntó.
