Por medio de un comunicado los empresarios indicaron que han apoyado los procesos de ordenamiento de las finanzas públicas, para mejorar las recaudaciones fiscales y controlar el gasto público, que permitan suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Agrega el escrito que la posición del Cohep es que las cargas tributarias deben ser claras y simples, no discriminatorias, justas y universales, como lo establece el ordenamiento constitucional.
El Sector Privado está en contra de tasas, impuestos, recaudaciones o cualquier otra medida fiscal o de procedimiento que genere distorsiones de las leyes y la economía, o sean de carácter confiscatorio.
De acuerdo a lo anterior el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), ha analizado el impacto económico y legal de la aplicación de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, que incluye el impuesto del 1.5 por ciento de los ingresos en el marco de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Según el documento, la aprobación de este impuesto sobre los ingresos brutos establece el supuesto que todas las ventas necesariamente generan utilidades, contraviniendo y distorsionando los principios fundamentales del impuesto sobre la renta, que consisten en pagar impuesto una vez que existan utilidades. Ello contradice la naturaleza distributiva del Impuesto Sobre la Renta y afecta la capacidad económica de los contribuyentes creando de esta manera un impuesto confiscatorio.
De conformidad con el sistema legal hondureño toda persona que se sienta agraviada por leyes, reglamentos y cualquier otra disposición tributaria impuesta por el Gobierno tiene el pleno derecho de acudir a las instancias judiciales para impugnarlas.
En ese sentido, representantes de las organizaciones agremiadas al Cohep, recomendaron a la Junta Directiva que se presente un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, que revise la legalidad de la aplicación de esta recaudación del 1.5 por ciento, así como de otras disposiciones tributarias y legales que afectarán a las empresas, a los consumidores y a la economía del país.
La Corte Suprema de Justicia, en 2011 declaró con lugar el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Cohep-ANDI en contra de otra medida fiscal muy similar a este 1.5 por ciento.
En esta oportunidad, se presentó un recurso en contra del 1.5 por ciento aprobado por el Congreso Nacional en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, publicada el 30 de diciembre en el diario oficial La Gaceta, con vigencia 1 de enero de 2014.
El Cohep no acepta que se califique de evasores a las instituciones o empresas que impugnen el impuesto del 1.5 por ciento o cualquier otra ley o medida tributaria aprobada por el Gobierno arbitrariamente.
