Tegucigalpa – El próximo lunes 23.06.2025 se cumplen dos meses desde que estallara el escándalo piramidal de estafas “Koriun” y aunque la trama afecta el patrimonio de más de 35 mil aportantes –la mayoría personas de bajos recursos– lo cierto es que se ha ido diluyendo entre el reclamo de los estafados y la apatía del gobierno que no ofrece soluciones a la problemática.
– El jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, aseveró que el gobierno está dejando crecer a propósito el descontento de las personas que aportaron a la financiera Koriun Inversiones.
– Detrás de este mecanismo irregular de captación de fondos operó una red criminal vinculada a hechos delictivos graves, es la principal teoría de la Fiscalía, sin embargo por orden del fiscal se devolvieron más de 400 millones de lempiras –entre cuentas y efectivo– a su principal figura.
Koriun Inversiones, fue una empresa no regulada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que operaba desde hace seis años ante la vista y paciencia de las autoridades. La Fiscalía ha reiterado que se trata de una estafa, que la compañía operaba de forma ilegal y que no existen registros contables de sus accionistas que garanticen la devolución de los fondos.
Pero, aunque pareciera que el escándalo de Koriun Inversiones se disipa en la agenda mediática ante la gran cantidad de eventos que sacuden al país en todos los ámbitos, el problema sigue sin resolverse al tenor de la ira de miles de aportantes que aguardan con paciencia las respuestas ofrecidas por el gobierno.
56 días después de que se destapara este sistema de estafa al público, varios actores como el Ministerio Público y la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) guardan un profundo silencio. Apenas el director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Zelaya, apareció esta semana para pedir “paciencia” a los afectados.
En todo este tiempo, lo único logrado por las autoridades es la captura del gerente Iván Velásquez, su esposa y un par de empleados señalados –todos– por la comisión del delito de lavado de activos, sin embargo, la gente sigue exigiendo que les devuelvan su dinero.
Pero la demanda de llegar a los llamados “peces gordos” u autores intelectuales de la estafa parece no ser escuchada por las autoridades encargadas del caso. En las últimas semanas ha existido una especie de “oídos sordos” para dejar que el escándalo se disuelva al tenor de una vorágine de temas que afectan a la mayoría de los hondureños.
Las autoridades se han ido olvidando de este asunto para involucrarse y enfocarse en otros relacionados con el año electoral que han acaparado la atención mediática de los medios de comunicación, y por consecuencia, de la ciudadanía.
Sin embargo, los aportantes de Koriun Inversiones no han abandonado el destino de su dinero invertido, más bien han reiterado sus exigencias con acciones como protestas pacíficas, vigilias frente a las sedes gubernamentales y caminatas para que los medios no olviden que este tema no está ni cerca de resolverse.
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El exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, fue enfático al referir que la Fiscalía no ha sido capaz de ofrecer respuestas por las desastrosas elecciones primarias de marzo o por el escándalo de estafa piramidal Koriun y mucho menos por el galopante delito de la extorsión que afecta a más de 300 mil familias hondureñas.
“El problema es institucional, creo yo fundamentalmente, por supuesto que con el cambio (de fiscal) todos esperábamos que fuera más contundente, pero hemos visto un manejo negligente en los casos anteriormente descritos, al grado que uno piensa que el Ministerio Público no actúa correctamente y no digamos en el resto donde se ha debilitado, ha perdido el entusiasmo”, aseveró.
En el caso específico de Koriun, citó que ha sido una situación muy mal manejada y se captura a personas que más bien parecen choferes del administrador. “Hay 400 millones de lempiras que nadie sabe qué pasó con ellos, y ahora quieren que nosotros con nuestros impuestos les paguemos a las víctimas. Y ellos por qué no protegieron ese dinero”.
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Relación de hechos
La primera reacción de las autoridades fue un comunicado de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) del 17 de febrero en la que aclaraba que la financiera no estaba autorizada para realizar operaciones y recibir fondos para entregar rendimiento de estos.
Sin embargo, pasaron más de dos meses para que hubiera una respuesta de las autoridades, el 23 de abril, el Ministerio Público aseguró la sede de esta financiera tras percatarse que operaba con un “esquema Ponzi”, modalidad de estafa.
Además, se confiscó bienes, vehículos y cuentas bancarias de sus representantes en San Pedro Sula y Choloma.
El modo de funcionamiento de Koriun era ofrecer a sus clientes una rentabilidad semanal del 5%, asegurando que recuperarían su inversión en cinco meses.
Con las acciones del MP, la estafa no se pudo concretar y más bien dejó una problemática porque ocasionó una ola de reacción negativa en su contra de parte de los aportantes en vista que se les privó del dinero invertido, para algunos de ellos, era todo su patrimonio.
Sumado a la reclusión de Iván Velásquez, perciben que no hay nadie que responda por su dinero invertido, más las evasivas respuestas de parte del Ministerio Público y la CNBS, que entre ellas se tiran la responsabilidad.
Analistas y expertos consultados por Proceso Digital han reconocido que el tema ha salido de la agenda mediática, coincidiendo que no auguran nada bueno para los afectados y un mal manejo por parte del gobierno.
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A la puertas de otra estafa
El analista Carlos Cálix dijo que el caso Koriun demostró la incompetencia del gobierno, especialmente en las autoridades que debieron con suficiente tiempo cancelar este proceso de estafa que mantiene en vilo a más de 52 mil hondureños.
“La mayor parte de la población coincide con todas estas propuestas que se hicieron para entre comillas tratar de subsanar esta situación. De alguna forma están tratando de generar una estafa más grande cuando proponen pagar a los afectados con fondos públicos”, describió.
Cálix reflexionó que este escándalo podría pasar factura al oficialismo si estallan mayores aristas acercado el proceso electoral porque en Honduras los escándalos duran una semana.
Caviló que si el gobierno no cumple con la promesa de garantizar la entrega de las aportaciones a los que confiaron en Koriun, obviamente les pasará factura, al menos con las familias de las más de 50 mil personas estafadas.
Supongo –dijo– que el gobierno debe tener una estrategia para poder hasta cierto punto calmar un poco las aguas fraudulentas que ha generado Koriun.
Quedará en el olvido
El economista Julio Raudales consideró que el caso de Koriun Inversiones quedará en el “mar del olvido” señalando que el gobierno terminará lavándose las manos.
El economista opinó que se debe enfocar y presionar con que los responsables sean castigados por la justicia hondureña, y educar financieramente a los hondureños para que no caigan en estos esquemas de estafa.
Indicó que las personas que aportaron a Koriun perdieron su dinero señalando que es un riesgo que corre cada persona que decide meter dinero en estos esquemas.
“Allí no hay nada que hacer, esta compañía no estaba regulada por el sistema financiero y no hay ninguna ley que proteja a los que invirtieron”, arguyó.
Disminución en la visibilidad en los medios
El analista Héctor Soto manifestó a Proceso Digital que el caso de Koriun ha tenido un desposicionamiento en su visibilidad en los medios de comunicación, pero que el problema no ha sido resuelto.
Señaló que la percepción del tema es que tiene menos fuerza en los medios de comunicación, pero que los inversionistas se han tomado carreteras, espacios públicos y nombrar apoderados legales para que los represente.
Soto indicó que la promesa del gobierno de reponer el dinero de los aportantes con fondos públicos ha generado el rechazo de diversos sectores, incluso a lo interno del oficialismo.
En ese sentido, opinó que hay incertidumbre en cuanto a la devolución del dinero a los aportantes por la falta de claridad de parte del gobierno.
Aunque avizoró que la oposición política retomará este tema en su agenda como instrumento para atacar al gobierno por el impacto que ha tenido en el departamento de Cortés, zona clave para el proceso electoral.
“No creo que sea un tema en el olvido, los intereses de la oposición y del gobierno se han volcado a otros como la disputa a lo interno del Congreso Nacional”, consideró el analista.
Concluyó que no ve una salida favorable para las personas que aportaron a la financiera “es muy escasa, están perdiendo dinero y no hay cómo reponerles”.
Sin soluciones técnicas ni jurídicas
De su parte, el director de NODO Honduras, Héctor Corrales, cuestionó que la postura del Ministerio Público y la CNBS se declararon incompetentes al pasarse la responsabilidad entre ellos para actuar y dar respuesta a los aportantes.
Subrayó que este caso sigue provocando inestabilidad social, cuando el Estado no ha comenzado a construir una respuesta coherente, sin señales claras de que se esté preparando una solución real.
Soto calificó que la iniciativa del comisionado Marcio Sierra de reparar las pérdidas con fondos públicos es una medida populista que solo añade más ruido al ambiente.
El director de NODO puntualizó que un posible involucramiento del Congreso Nacional es una disputa electoral y no una solución técnica ni jurídica.
Indemnizar a los más pobres con dinero de Iván
En el caso del diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, admitió que el problema es complejo porque son personas que aportaron dinero bajo el argumento de buenas intenciones.
Indicó que la percepción de los aportantes es que Iván Velásquez estaba cumpliendo con los inversionistas porque devolvía el dinero.
Barrios acusó que el Ministerio Público se equivocó al devolver el dinero a Iván Velásquez para que lo repartiera a los aportantes.
El legislador oficialista reiteró que Koriun fue un caso muy mal manejado y aunque se ha anunciado el envío de un proyecto al Legislativo para resarcir el daño con dinero del tesoro nacional, a la fecha aún eso no ocurre. Igualmente, dijo oponerse a pagar estafas privadas con dineros públicos, pero señaló que no duda habrá una salida al problema.
Y así transcurre la megaestafa de Koriun, con miles de afectados, y una desesperación que se incrementa al tenor del silencio gubernamental para reparar a las víctimas. AG
