Tegucigalpa – Desobedeciendo una orden judicial, un grupo de personas fueron desalojadas pacíficamente la semana pasada, pero este lunes volvieron a invadir las tierras propiedad de Azunosa en El Progreso, Yoro, norte de Honduras.
– El oficial de asesoría legal del Cohep, Olvin Mondragón lamentó que no exista una política estatal para terminal con las invasiones en el país.
El desalojo se realizó en presencia de delegados del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), quienes supervisaron el proceso de desocupación.
Este nuevo suceso causa un profundo malestar entre los empleados de la empresa azucarera, sus familiares y los vecinos de las comunidades aledañas, quienes ven en peligro muchos puestos de trabajo y daños a la economía local debido a estas invasiones que obstaculizan la producción y comercialización de azúcar.
El desalojo de la semana pasada fue llevado a cabo por elementos de Seguridad del Estado bajo estrictas órdenes judiciales, después de que se determinara legalmente que los invasores carecían de cualquier fundamento para sus reclamos.
La reincidencia en estas invasiones ilegales amenaza no sólo la operatividad de Azunosa, sino también el sustento de más de 3,000 familias directas y más de 15,000 personas de manera indirecta.
Voceros de Azunosa subrayaron que las tierras cultivadas de caña de azúcar son de su legítima propiedad, avaladas por certificados emitidos por el Instituto Nacional Agrario (INA). Estos documentos confirman que la empresa cumple con todos los requisitos legales para la tenencia de la tierra, reafirmando su derecho a operar sin interferencias ilegales que pongan en peligro su actividad productiva.
El resurgimiento de estas invasiones no sólo afecta a Azunosa, sino que también desmotiva la inversión en la industria agrícola hondureña, creando un ambiente de incertidumbre que afecta negativamente a la economía nacional.
Según observadores del sector económico, la repetición de estos actos ilegales refleja una preocupante falta de respeto por el Estado de derecho y las decisiones judiciales, exacerbando la inseguridad para las inversiones en el país. JS
