Tegucigalpa – Un poco más de tres años pasaron, desde el estreno de la cárcel El Pozo, para retratar la violencia que se vive en estos recintos calificados como de máxima seguridad en Honduras.
– Pese a los constantes traslados entre cárceles de máxima seguridad, la violencia no se detiene en estos recintos.
– La crónica del asesinato anunciado de un conocido capo pone interrogantes sobre el personal penitenciario y de sus autoridades, mientras el gobierno niega colusión en el crimen.
– Al menos cinco centros penitenciarios del país han sido escenarios, entre junio y octubre de 2019, de varios hechos violentos que han dejado como saldo casi una docena de muertos y alrededor de medio centenar de heridos y lesionados.
Fue en septiembre de 2016 que con bombos y platillos se anunció el nuevo concepto de cárceles de alta seguridad con la inauguración de El Pozo (Ilama) y luego en mayo de 2017 con la puesta en marcha de La Tolva (Morocelí).
Desde un inicio se notificó que los reinados que los hampones habían construido en cárceles comunes, serían historia con la puesta en marcha de estas nuevas prisiones.
Cuando se dieron los primeros traslados los reos fueron uniformados con trajes anaranjados.Sin embargo en los poco más de 1,000 días de operación de ambas ergástulas de alta seguridad ya se cuentan historias de fugas, reyertas, motines y trasiego de dinero, drogas y armas. Más de 70 personas han sido capturadas intentando introducir objetos prohibidos y medio centenar de custodios puestos a las órdenes de la justicia por su colusión con actividades ilícitas.
5/5 #Exhortamos a las autoridades correspondientes a tomar todas las medidas necesarias para prevenir estos hechos, así como a atender las causas estructurales que los generan e investigar exhaustivamente y sancionar a los responsables
— OACNUDH Honduras (@ONUDDHH) 27 de octubre de 2019
Constantes traslados de jefes del crimen de una cárcel a otra, es otro de los hechos notorios en los últimos tres años. Protestas de familiares y defensores de derechos humanos se agrega a las aristas de esta problemática.
El fin de semana dos asesinatos -uno en cada cárcel- de nuevo ponen en el tapete la colusión y la vulnerabilidad que se adueña de estos espacios donde se alojan jefes del hampa, cabecillas de maras, líderes de estructuras criminales y reos considerados de máxima peligrosidad.
Los militares cuidan la parte externa de las cárceles.Videos que se viralizaron el pasado fin de semana muestran ambos crímenes en el interior de estos recintos penitenciarios. El denominador común de estos sucesos deja entrever la inacción de agentes penitenciarios, así como el manejo de armas de fuego a las que tienen acceso los confinados en estas cárceles.
El asesinato con saña del capo Magdaleno Meza Fúnez es una clara afrenta a la administración de las cárceles de alta seguridad. Varios reclusos, identificados como miembros de pandillas, le propinaron más de 20 disparos en la cabeza y apuñalaron su cuerpo ya inerte en el suelo e incluso intentaron arrancarle una extremidad inferior, pero no lo pudieron llevar a cabo por la premura con que se cometió el asesinato.
Los abogados de Meza Fúnez denunciaron varias veces, a través de los medios de comunicación, que el privado de libertad corría peligro y que urgentemente debía ser sacado de la cárcel El Pozo y llevado a una instalación militar, pero la petición que hicieron ante las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y un juez con jurisdicción nacional no tuvo eco.
Meza era ligado a una narcolibreta que salió a relucir este mismo mes durante el juicio que le realizó en Estados Unidos al exdiputado hondureño Juan Antonio Hernández.
Finalmente, el capo fue asesinado y el video que captó el momento rápidamente se viralizó en teléfonos y dispositivos electrónicos. Las autoridades han prometido que el hecho será investigado y que los responsables ya están aislados para que respondan por el crimen. Igualmente, el director del presidio fue suspendido y se analiza la posible remoción de las autoridades penitenciarias.
Desde que se abrieron las cárceles de máxima seguridad han estado en el debate.
Igualmente, las autoridades de Seguridad han negado la existencia de la narcolibreta, aunque los abogados defensores confirman su existencia, pero denuncian que nunca se plasmó en el expediente sobre la captura de Meza Fúnez.
Además del hacinamiento y de la carencia de medios de rehabilitación, los centros penitenciarios del país son escenario de constantes fugas, riñas entre privados de libertad que derivan en lesiones y muertes, introducción de drogas y armas.
Hace unos años el sistema penitenciario fue sacudido por sendas tragedias -107 muertos en uno y 361 en otro- luego de incendios en las cárceles de San Pedro Sula y Comayagua, respectivamente. También las fugas masivas y las matanzas colectivas han ocurrido en estos espacios carcelarios.
Los registros para las visitas son rigurosos.Más de 21 mil privados de libertad componen la población penitenciaria en Honduras. En los últimos siete años esta cifra casi se duplicó tomando en cuenta los registros de 2012 que lo situaban en 11 mil reos.
Situación requiere de atención urgente
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, dijo que la situación de los centros penales del país es grave y requiere de una atención urgente por parte del Estado hondureño, ya que no se respeta ni el derecho a la vida.
Roberto Herrera Cáceres.El Ombudsman hondureño condenó el hecho violento ocurrido, este sábado, en el Centro Penal de Ilama, Santa Bárbara, que cobró la vida del privado de libertad conocido como Magdaleno Meza Fúnez y dejo herida a otra persona.
El hecho violento ocurrió luego que un supuesto custodio abrió la puerta de un módulo de donde salieron varios privados de libertad fuertemente armados con puñal y armas de fuego, que descargaron contra la humanidad del fallecido.
El Defensor del Pueblo declaró que las constantes muertes violentas de privados de libertad en los centros penitenciarios solo reflejan la falta de seguridad y que no se garantizan adecuadamente los derechos humanos de esa población, principalmente en las cárceles de máxima seguridad.
“El Estado tiene que actuar siempre para proteger la seguridad de las personas que están privadas de su libertad especialmente en los centros de alta seguridad en los que también se han estado manifestando problemas últimamente”, dijo.
Herrera Cáceres, es del criterio que se necesita de personal más profesional, formado especialmente para las prisiones, a fin de fortalecer la capacidad de control interno y externo que necesita el Estado para cumplir con su obligación de proteger los derechos humanos.
Se requiere de un sistema penitenciario que lleve a cabo con seriedad y profesionalismo su labor de custodia de los centros penales y entienda, sobre todo, la necesidad de diseñar y ejecutar verdaderos programas de trabajo y educación para los internos, precisó.
Intervención y separaciones
Hugo Maldonado.Otro de los que reaccionó a los hechos violentos del fin de semana fue el presidente del Comité de Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, quien pidió una intervención en el Instituto Nacional Penitenciario (INP), y separar de sus cargos a la directora y subdirector, Rosa Gudiel y Germán McNiel.
“A quien debería intervenir no es La Tolva y El Pozo, sino a todo el Instituto Nacional Penitenciario porque este país no puede vivir en esta circunstancia”, declaró Maldonado en torno a la determinación de intervenir ambos recintos.
Lamentó que las cárceles sigan siendo escenarios del crimen, donde reos pierden sus vidas y de lejos dejan de ser establecimientos de rehabilitación.
Maldonado afirmó que la muerte de Magdaleno Meza en el interior de la cárcel El Pozo estuvo planificada con participación directa de las autoridades.
Es comprensible que los abogados del fallecido, tras el asesinato de su cliente Magdaleno, han invertido por completo la versión coherente que mantuvieron durante un año tanto en los medios de comunicación de manera pública como en privado. ¿será por temor? 1/7
— Luis Suazo (@LuisFSuazo) 27 de octubre de 2019
Criticó que la intervención y la suspensión de los directores de los centros penitenciarios no representarán un gran cambio en la situación.
El abogado Omar Dubón escribió textualmente en un chat con el abogado Germán McNeil (4 de octubre 2019, 9:18 am) que “mi cliente puede desmentir esa versión de la narco libreta”, …. 2/7
— Luis Suazo (@LuisFSuazo) 27 de octubre de 2019
Antecedentes recientes
En mayo, 14 agentes del Instituto Nacional Penitenciario fueron objeto de un atentado criminal, por parte de sujetos desconocidos, que se transportaban en motocicleta. En el acto violento tres agentes resultaron gravemente heridos cuando acababan de salir de sus labores en el Centro Penitenciario de Juticalpa, Olancho.
En julio, fue encontrado, en avanzado estado de descomposición, en un sector de La Montañita, el cuerpo de un agente penitenciario, que había desaparecido cuando se dirigía a visitar a sus familiares en Danlí, El Paraíso.
El 12 de junio pasado, la Penitenciaria Nacional de Támara fue escenario de un nuevo enfrentamiento entre miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y reos comunes conocidos como “Paisas” que dejó como saldo 3 privados de libertad muertos y decenas de heridos, lesionados y fracturados.
A estos hechos violentos se suma al suscitado, el pasado 30 de junio, en el Centro Penal de Ilama, Santa Bárbara, donde perdieron la vida los internos Duanys Vásquez Espinal (19) del Módulo 6 y Junior Daniel Membreño de (23) del módulo 5, por causas desconocidas.
El 25 de octubre también se suscitó otro hecho violento donde perdió la vida violentamente otro privado de libertad en la cárcel de máxima seguridad “La Tolva”, en Morocelí, El Paraíso.
