Tegucigalpa – A poco más de un mes de haber sido juramentada, la Unidad de Fiscalización de la Ley de Política Limpia tiene ante sí la urgente necesidad de aprobar el reglamento que regirá la ley, así como la selección del personal que estará a su cargo, mismo que a petición de la MACCIH debe ser certificado para evitar riesgos de politización partidaria.
El reglamento de la Ley de Política Limpia es la herramienta que permitirá echar a andar esta normativa que tendrá de cara al proceso electoral de noviembre próximo, un papel trascendental en cuanto a poner coto al financiamiento ilícito de campañas políticas a los partidos políticos y las candidaturas independientes.
El financiamiento ilícito de campañas se ha convertido en muchos países latinoamericanos, donde Honduras no es la excepción, en una forma de penetración del crimen organizado en las instituciones políticas y estatales que está generando serios problemas para la gobernanza y la democracia de los países.
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— Proceso Digital (@ProcesoDigital) 9 de julio de 2017
Honduras aprobó recientemente la Ley de Transparencia y Financiamiento de las campañas políticas, conocida como Ley de Política Limpia, impulsada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
La ley contempla una Unidad Fiscalizadora y para ello se juramentó a tres comisionados responsables de darle cuerpo y vida a la ley y a la Unidad. Esta tiene entre sus funciones rastrear el origen del dinero que llega al financiamiento de las campañas políticas, los montos y procedencia, entre otros aspectos.
Los responsables de esta Unidad Fiscalizadora fueron juramentados hace un mes en medio de la polémica por la politización partidaria del proceso, en la que se involucraron las tres principales fuerzas políticas hondureñas, pero al margen de ello, la sociedad les está dando el beneficio de la duda para ver cómo harán que se cumpla.
El reglamento de la Ley
La Unidad de Fiscalización está adscrita al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Según la ley de la política limpia, un mes después de haber entrado en vigencia el reglamento de la ley debe haber sido aprobado para su vigencia. Los responsables de la Unidad deberán entregar al pleno de magistrados del TSE la propuesta de reglamento de la ley para empezar a operar. Siguiendo el cronograma de la ley de política limpia, ese reglamento debe estar vigente ya, este mes de julio o agosto por tarde.
En paralelo, los comisionados de la Unidad de Política Limpia deben también empezar a seleccionar el personal que va trabajar con ellos. La MACCIH ha solicitado acompañar ese proceso de selección como se ha hecho con los juzgados anticorrupción y la UFECIC, la unidad especial que está conformando el Ministerio Público.
Esa selección, sostienen los miembros de la Misión, deben ser personas altamente calificadas para desempeñar un trabajo técnico dentro de la Unidad Fiscalizadora, libre de injerencia político-partidaria para poder hacer de esta herramienta de la ley de política limpia, un instrumento eficaz en la lucha contra el dinero ilícito en las campañas políticas.
La MACCIH considera que debe haber un comité de selección para escoger a quienes trabajarán con los comisionados de la Unidad de Fiscalización de la Ley de Política Limpia. Ellos consideran que ese proceso de selección en función de los tiempos se debe concretar expeditamente.
Los comisionados de la Unidad y el TSE deberán dar respuesta a esta iniciativa que contribuiría a fortalecer y dar mayor transparencia al desarrollo del proceso electoral de noviembre próximo.
El monitoreo de campañas y candidatos
El reglamento de la ley de política limpia, según los expertos en temas electorales, deberá contemplar un mecanismo de denuncia y protección de los denunciantes, pues gran parte de la fiscalización de la ruta del dinero en las campañas políticas dependerá de las denuncias ciudadanas que lleguen hacia la Unidad Fiscalizadora.
Esta Unidad también debe contemplar en sus líneas de trabajo cómo dará seguimiento a diversos apartados de financiamiento potencial que son una especie de filones para los inversionistas de las campañas.
Deberá, además construir manuales en cuanto al componente de los aportantes, el lavado de activos y el financiamiento de los partidos políticos. Es decir, debe poner a desarrollar el espíritu de la ley de la política limpia y para ello requiere de un equipo técnico y profesional altamente calificado y comprometido.
La revisión de las hojas de antecedentes de los candidatos políticos, el sistema de monitoreo de las campañas, entre otros aspectos, son parte de las funciones a las cuales debe empezar a tomar el pulso la Unidad de Fiscalización, sus comisionados y el Tribunal Supremo Electoral.
Las elecciones de noviembre próximo se caracterizarán porque en la contienda no solo participarán 10 partidos políticos legalmente inscritos, sino que correrá por primera vez la figura de la reelección presidencial y la de una alianza de oposición política, además de candidaturas independientes.
Estos elementos y los escenarios políticos cambiantes, más la presencia del narcotráfico como un actor potente en la vida institucional en Centroamérica, hace que la ley de la política limpia sea de urgente aplicación para mayor garantía de transparencia y legitimidad al proceso electoral.
La selección de personal, el reglamento y los manuales con los cuales deberá trabajar la Unidad de Fiscalización son una agenda prioritaria y urgente a la cual los comisionados de la Unidad y el propio tribunal electoral deben dar respuestas oportunas y contundentes.
