Tocoa (Honduras) – La tenencia de la tierra en el departamento de Colón, en el Caribe de Honduras, es motivo de un conflicto, de décadas, que ha dejado alrededor de 200 muertos, sin que asome a corto plazo una solución, a lo que se suma una también larga presencia del narcotráfico en la zona.
El ambiente en Colón, principalmente en lo que se conoce como el valle del Aguán, es de «miedo y terror» que infunden terratenientes, empresas que han «usurpado tierras» y gente aliada a ellos, que «amenazan y mandan matar» a quienes intentan recuperar terrenos que les heredó el Estado, dijeron a EFE pobladores en el municipio de Tocoa y alrededores.
Las tierras que reclaman campesinos organizados fueron otorgadas por el Estado a mediados de los años 70 del siglo pasado mediante un programa de reforma agraria impulsado en una de las facetas de los regímenes militares.
Colón figura entre las regiones más violentas por los problemas de tierra y el narcotráfico que ha venido operando con toda libertad, desde hace muchos años, con el apoyo de políticos (algunos diputados y alcaldes), militares, policías y empresarios, entre otros, atemorizando a la población civil, que en su mayoría prefiere no hablar para proteger su vida y la de su familia.
Otro problema en Colón es la explotación minera, a lo que grupos ambientalistas se han venido oponiendo por los daños causados, como la contaminación de ríos, entre otros, lo que ha derivado en amenazas y muerte de ambientalistas, la más reciente, el 14 de septiembre de 2024, cuando fue asesinado Juan López, quien tenía medidas cautelares locales y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
López, de 46 años, era ambientalista, concejal de la Alcaldía de Tocoa y «delegado de la palabra de Dios y miembro del Consejo de la Parroquia», recordó a EFE el párroco de Tocoa, Carlos Orellana.
La Iglesia católica, organismos ambientalistas y de derechos humanos, entre otros, afirman que en el asesinato de López están implicados ejecutivos de la empresa minera Pinares Ecotec y el alcalde de Tocoa, Adán Funez, del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre).
Según Orellana, en Tocoa «se respira un ambiente de silencio» y «solamente aquí en la Iglesia es donde recordamos a Juan López».
La misma gente que calla y teme por su vida en Colón, por los conflictos de tierra, la explotación minera y el narcotráfico, le recomienda a los que llegan de otros lugares del país, como periodistas, por ejemplo, que «debe cuidarse», «no se quede a dormir en Tocoa porque aquí es muy peligroso», «no salga de noche», «no ande tomando fotos» y «no se detenga a platicar con desconocidos».
«Aquí a la muerte la vemos de cerca», afirmó un pequeño agricultor a EFE en un restaurante, al que en una media hora ingresaron 11 hombres, armados con pistola automática visible en la cintura, aparentemente calibre nueve milímetros, que estuvieron en distintas mesas con otras personas.
«Aquí uno no sabe si está hablando con un narcotraficante o con un matón a sueldo de los que le han usurpado las tierras a varias cooperativas agrícolas», que cultivan palma africana, indicó a EFE otro pequeño agricultor en Bonito Oriental, a unos 30 kilómetros al este de Tocoa.
El conflicto agrario en el Aguán, una de las regiones más fértiles de Honduras, lleva tres décadas y le ha costado la vida a unas 200 personas, según varias fuentes, incluyendo profesionales de las leyes.
El ambiente se comenzó a calentar en Colón luego de que el expresidente hondureño Rafael Callejas (1990-1994, ya fallecido), en 1992, mediante una reforma, le dio vía libre a grandes empresarios para que adquirieran tierras en el Aguán, de las entregadas a campesinos hace medio siglo, que por ley no pueden ser vendidas.
Ante el incremento de la violencia por los reclamos de campesinos que buscan recuperar las tierras que aseguran les fueron «usurpadas por empresarios», en 2012 el Parlamento hondureño aprobó un decreto para un desarme en el departamento de Colón.
Pero después de 12 años la medida no dio resultados, los crímenes, en su mayoría con armas de fuego, han continuado, por lo que el Gobierno que preside Xiomara Castro, en octubre de 2024, y ante protestas por la medida, resolvió en Consejo de Ministros derogar un artículo del decreto de 2012 que prohibía el uso de armas.
La nueva disposición tampoco ha frenado la violencia en Colón. JS
