Tegucigalpa – La Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC), en conjunto con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), presentó este miércoles un caso denominado “Pandora” que involucra a 38 funcionarios, entre ellos varios diputados, que habrían malversado fondos por 282 millones de lempiras de las arcas nacionales.
– UFECIC presentó el requerimiento fiscal y en el mismo pide la inmediata captura para los implicados, la mayorías actuales funcionarios y diputados del Congreso Nacional.
– Las fundaciones DiBatista y Todos Somos Honduras son mencionadas como medios por los que se drenaron los recursos.
– El Ministerio Público y la UFECIC en su requerimiento fiscal solicitan medidas cautelares consistentes en órdenes de captura contra los imputados, así como el aseguramiento de bienes, dijo Calderón.
El requerimiento fiscal fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hasta donde llevaron siete cajas de las diligencias investigativas, porque involucra a actuales funcionarios y diputados del Congreso, dijo la vocera interina de la MACCIH, Ana María Calderón.
La investigación demuestra el compromiso de la Misión para seguir impulsando la lucha anticorrupción fortaleciendo las entidades del Estado, en este caso el MP, externó la funcionaria de la MACCIH.
#EncuestaPD????¿Cree que UFECIC seguirá empujando casos de corrupción que involucran a ‘altos personajes’ con el mismo ímpetu tras el fallo de la Sala de lo Constitucional?
— Proceso Digital (@ProcesoDigital) 13 de junio de 2018
Este caso “Pandora” -explicó Calderón- que fue apoyado también por expertos de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO). “Este equipo integrado ha realizado una gran acción que ha significado muchas noches y muchas amanecidas para establecer finalmente el requerimiento fiscal que está siendo presentado en estos momentos ante la Corte Suprema”, adicionó.
Las acusaciones involucran a 38 imputados, entre ellos diputados, funcionarios públicos y personas particulares por los presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras.
Calderón narró que el caso comenzó tras la denuncia de Pietro DiBatista, inversionista italiano y exconsul honorario en Roatán, que refería sobre la presunta utilización indebida de la fundación D‘Batista en operaciones atípicas y no autorizadas. Luego en 2016 se acumuló a la denuncia la auditoría especial que había el Tribunal Superior de Cuentas en la gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
“Le propusimos al Ministerio Público que teníamos la sospecha que se trataba de una red de corrupción y se propuso que pasara a la UFECIC para que pudiera ser trabajada por los equipos integrados de investigación”, declaró.
Continuó que “se hallaron indicios suficientes que fondos públicos que estaban destinados a fondos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas a favor de madres jóvenes, que estaban destinados a fortalecer políticas agroalimentarias en Olancho, Intibucá y Colón para el mejoramiento de la capacidad para la siembra de granos básicos en las comunidades de Yorito, Victoria, Sulaco, una escuela de campo para los agricultores de Francisco Morazán, La Paz, El Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios y Comayagua, habían sido destinados para financiar campañas políticas de tres partidos políticos en 2013 y otros gastos personales”.
El monto descubierto fue de 282 millones 116 mil 175 lempiras. Todos estos fondos son públicos que provienen de la SAG, así como de la Secretaría de Finanzas. Para drenar estos fondos se usaron las fundaciones DiBatista y Todos Somos Honduras.
Tres partidos políticos beneficiados
A las referidas fundaciones se les otorgó los fondos, sin embargo los recursos fueron depositados en cuentas de particulares, así como de candidatos a diputados, a alcaldes y regidores del Partido Nacional, Frente Amplio y a las arcas del Partido Liberal.
La funcionaria de la MACCIH dijo que parte de estos fondos se usaron para financiar la Tarjeta Cachureca, entrega de fondos a coordinadores del Partido Nacional. Todos estos recursos se entregaron el 24 de noviembre de 2013, el día de los comicios generales.
Además, se compraron dos oficinas en el edificio Metrópoli, se pagaron préstamos del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) por un valor de 99 millones 030 mil lempiras.
“Estos hechos revelan una gravedad, es por ello que el Ministerio Público y la UFECIC en su requerimiento fiscal está solicitando medidas cautelares consistentes en órdenes de captura contra los imputados, así como el aseguramiento de bienes”, declaró.
La vocera interina de MACCIH, recordó que este es el cuatro caso que presenta la UFECIC y que antecede a: “Red de Diputados”, “Caja Chica de la Dama” y “Pacto de Impunidad”.
Igualmente, Calderón agradeció las gestiones del fiscal Óscar Fernando Chinchilla por su compromiso con la MACCIH, así como al fiscal Luis Javier Santos, encargado de UFECIC.
“Luis Javier Santos es un fiscal hondureño que con valentía lidera el equipo de UFECIC y él es personalmente quien está presentando el requerimiento fiscal y la copiosa documentación con la que se cuenta”, concluyó la vocera de la MACCIH.
