Tegucigalpa.- Honduras inicia a partir de este mes una nueva etapa en los procesos de fortalecimiento del sistema de justicia al instalarse formalmente la Junta Nominadora para la selección y elección de una lista de 45 nominados que serán enviados al Congreso para elegir una nueva Corte Suprema de Justicia que durará siete años en sus funciones.
La cámara legislativa juramentó este 2 de septiembre a los siete integrantes de la Junta Nominadora, quienes dentro de 143 días deberán presentar al país su lista final de nominados de una cifra de postulantes que puede rondar las 200 personas, entre propuestos y auto propuestos, según estimaciones preliminares.
Es el tercer proceso de su índole que se hace en el país, desde que a inicios de la década del dos mil se estrenó por primera vez la creación de una Junta Nominadora para elegir a los magistrados del poder judicial a fin de evitar el sinsabor de reparto abierto de cuotas políticas que se estilaba antes.
Esa creación de la Junta Nominadora fue una lucha que ganó a pulso la sociedad civil que salió a las calles para demandar prácticas más democráticas en la elección de los magistrados del poder judicial, además de intensos cabildeos y socialización de la novedad del proceso a nivel nacional. La cooperación internacional se sumó a este esfuerzo como parte de los acuerdos de transformación post Mitch. El avance no hubiera sido posible sin la voluntad política del expresidente Ricardo Maduro (2002-2010).
Marchas por la primera Junta Nominadora
El huracán y posterior tormenta tropical Mitch fue un parte de aguas para Honduras en materia de democratización y participación ciudadana, además de iniciar el camino de exigencia a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que hoy día tienen más vigencia, validez y demanda social.
La primera Junta Nominadora sorprendió con la elección de una Corte Suprema de Justicia en la que por primera vez en la historia del país, salieron electas siete mujeres de un total de 15 magistrados. La presidencia recayó en la abogada Vilma Morales, de filiación nacionalista.
El proceso de la junta nominadora cautivó a sectores civiles quienes sistematizaron la experiencia para ir mejorando futuros procesos y blindando mecanismos de transparencia.
Luego, un segundo proceso con una nueva Junta Nominadora se produjo en enero de 2009, el cual estuvo bastante agrietado ante los intereses abiertos otra vez para politizarlo y hacer el tradicional reparto de cuotas de antaño.
Surgieron también los primeros criterios de rigor impuestos por la entonces Junta Nominadora para depurar a los aspirantes que fueron alrededor de 200. En el camino se quedó mucha gente vinculada abiertamente a la política, así como algunos magistrados que esperaban ser reelectos y se sometieron al proceso de la nominadora.
Presiones para viciar el segundo proceso
El primero en querer viciar el proceso y que abrió casi una crisis política, fue el ex presidente Manuel Zelaya, empeñado en reelegir una magistrada que no se había sometido al proceso de la Junta Nominadora, hecho que generó el repudio de la sociedad que llegó incluso a montar vigilia en los bajos del congreso nacional para que el trabajo de la nominadora no fuera trastocado.
Zelaya, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, amenazó incluso con romper el orden constitucional y el día de la elección de la actual Corte en el Congreso, tanquetas militares estaban apostadas en los bajos de la antigua casa de gobierno, se asegura, mientras emisarios del ex gobernante presionaban a los legisladores a lo interno del hemiciclo.
Esa parte de la historia está recogida en ese informe en donde se afirma que el entonces embajador de Estados Unidos, Hugo Llorens, habría tratado de interceder en el Congreso para que le dieran al ex presidente Zelaya los magistrados que quería al margen de la ley.
En medio de las tensiones se dio la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, recayendo la presidencia en el abogado Jorge Rivera Avilés, de filiación liberal.
La cuenta regresiva
Ese segundo proceso lleno de matices y altibajos no ha sido hasta ahora sistematizado por las instancias civiles que han estado pujando por adecentar el sistema de justicia.
Lo bueno y lo malo de ambos procesos y del papel de las Juntas Nominadoras es una deuda pendiente con la ciudadanía y ahora con el tercer proceso en marcha y con una nueva Junta Nominadora se espera que las anteriores experiencias sirvan para dar al país y a la ciudadanía una elección diferente, más creíble y más transparente.
En este tercer proceso, la instalación formal de la Junta Nominadora da paso a una cuenta regresiva en donde empieza a señalarse la necesidad de contar con una metodología para hacer más confiable la depuración. Instancias como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) anuncian que crearán un portal de transparencia para la Junta Nominadora y que es necesario que apliquen a los aspirantes las pruebas de confianza.
Otros anuncian veedurías sociales más rigurosas para vigilar no solo a quienes se postulan, sino también a quienes integran la nominadora, en un afán por intentar controlar al controlador, aunque la decisión final la tiene el Congreso Nacional al ser quien elige a los 15 magistrados de una nómina de 45.
El reloj comenzó a marcar la cuenta regresiva de un proceso en donde la apuesta se centra en elegir una Corte de Justicia que apuntale a aplicar las leyes en el marco del debido proceso, sin una carga de moras por retardo de justicia y que demuestre que nadie está por encima de la ley. Esa es la cuenta regresiva que arrastra no solo al Parlamento que elegirá, sino que también a la Junta Nominadora obligada a ser más quisquillosa que las otras dos que le han antecedido.
