Tegucigalpa – Era la madrugada del sábado 18 de julio de 2020 -en plena pandemia de COVID19- cuando sujetos vestidos con indumentaria de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), irrumpieron en la comunidad garífuna El Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida, para llevarse por la fuerza a cinco líderes de esa etnia y hasta el día de hoy -1,095 días después- no hay respuesta de los entes de seguridad del Estado.
– Este caso emblemático es otro de los miles que engrosan las cifras de impunidad en Honduras.
De forma inmediata se dispararon las alarmas para visibilizar el suceso. Organismos defensores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, se hicieron eco de la noticia, pero tres años después no hay una versión que apunte las causas y el paradero de las víctimas.
Los líderes garífunas desaparecidos fueron identificados con los nombres de: Alberth Sneider Centeno Thomas, Milton Joel Martínez, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Róchez Cálix y Junior Rafael Juárez.
Desde ese acontecimiento en 2020, decenas de líderes de la etnia garífuna han perdido la vida bajo circunstancias violentas, bajo el denominador común de la nula investigación, y por ende, judicialización de los casos.
Decenas de protestas han sido realizadas por los pueblos garífunas para reclamar por los cinco hombres que nunca más regresaron a sus hogares en El Triunfo de la Cruz. Los reclamos se han trasladado a la capital hondureña, donde con pancartas en mano, los garífunas claman por justicia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordenó al gobierno de Honduras que determinara el paradero de los desaparecidos y estableció -incluso- plazos para que brindara un informe a ese organismo sobre la recuperación de los garífunas.
Proceso Digital indagó en la Fiscalía hondureña sobre el avance en las investigaciones, pero el ente acusador del Estado respondió que el caso estaba bajo la tutela de la DPI, brazo investigativo de la Policía Nacional. Igualmente acudimos a este ente policial y no obtuvimos respuestas.
Pueblos garífunas en peligro
El presidente de la Organización Garífuna Gemelos, Santos Israel Centeno, en conversación con Proceso Digital recriminó que la comunidad garífuna en el litoral Atlántico se encuentra amenazada por diversos sectores, incluyendo el crimen organizado.
Las comunidades garífunas viven en constante amenaza por la riqueza que hay en las mismas, por ende sus pobladores defienden sus territorios y se convierten en defensores de las tierras.
“Nadie puede desconocer que en el Triunfo de la Cruz hay una gran cantidad de arrecifes muy apetecidas, pero las comunidades garífunas han tratado de defender esa riqueza marina, es por ello que pasan en constante peligro, terror y que sean desplazados a otros sectores”, arguyó.
Sostuvo que es terrible que a tres años de la desaparición de los cinco garífunas no se sepa de ellos, pero aparte de la desaparición de los cinco activistas en estos tres años se han reportado 25 muertes en las diferentes comunidades que siguen en la impunidad, no hay ningún crimen resuelto.
Centeno hizo un llamado a la Fiscalía de Etnias a conformar un equipo de investigación que realmente investigue estas muertes y no engrosen las estadísticas de impunidad.
Indicó que el ente fiscal debe de investigar los raptos, secuestros, asesinatos de los garífunas que año con año se convierten en parte de las estadísticas del país.
Justicia
La activista garífuna Miriam Miranda, a través de sus redes sociales, exigió justicia por la desaparición de los cinco garífunas de la comunidad del Triunfo de la Cruz en el municipio de Tela, departamento de Atlántida, ocurrido hace casi tres años.
A través de su cuenta de Twitter, Miranda recordó la desaparición de cinco garífunas, entre ellos, el presidente del patronato del Triunfo de la Cruz, Sneider Centeno.
Denunció que se está implantando el terror para detener la lucha por el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
No se sabe nada, todo sigue en la impunidad
“Nosotros hemos estado consultando sobre el caso para dar seguimiento, pero el caso de los garífunas es tan complejo como el caso de Enoc Pérez o cualquier otro caso de impunidad, en Honduras”, dijo a Proceso Digital el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado.
Señaló que el 85 a 95 % de las desapariciones forzosas y víctimas de criminalidad están en total impunidad.
El caso de los cuatro garífunas va a dormir el sueño de los justos en la impunidad, al igual que muchos casos, en los que no se sabe nada, todo está impune, “solo sabemos lo que salió en los medios, que desaparecieron, que la investigación está cerrada porque nadie da respuestas”, arguyó.
El presidente del Codeh lamentó que no haya resolución en los casos de desaparecidos porque no se ve voluntad para llevar a cabo una investigación y más bien el Estado sigue poniendo en peligro a los activistas de derechos humanos, sus familias siguen llorando su ausencia, manifestó.
“Estos casos son para Ripley y para fomentar la impunidad en el país, nunca hay una respuesta los familiares siguen pidiendo justicia”, apuntó.
Nulo cumplimiento de sentencias
Los miembros de las comunidades de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz dado el historial de Honduras de nulo cumplimiento en las sentencias, temen que los casos de las sentencias del pueblo Garífuna, corran el mismo riesgo de otras y pasen a formar parte de esas sentencias sin cumplir.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) lamentó que el Estado hondureño tiene “un nulo cumplimiento” de las sentencias emitidas por la Corte Interamericano de los Derechos Humanos (Corte IDH) en lo que respecta a la obligación que tiene, este país centroamericano, de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones cometidas.
De 310 sentencias emitidas por la Corte IDH desde 1988, 17 han sido contra el Estado hondureño, de las cuales 9 fueron dictadas desde el 2012.
Estado de indefensión
El presidente de la Asociación de Afrodescendientes del Valle de Sula, Humberto Castillo, en conversación con Proceso Digital dijo que a tres años del suceso que privó de la libertad a los dirigentes garífunas del Triunfo de la Cruz “mínimamente pedimos una investigación con todos los elementos que la ley manda, para que las familias puedan darse cuenta qué pasó con sus parientes”.
Clamó que “el problema que tenemos en este momento es que no se ha dicho nada. El régimen anterior no nos dijo nada, no atendió la situación, hizo algunos simulacros, pero no se esclareció nada, ni tan siquiera hubo alguna información clara para la gente de la comunidad y en la actual administración ni tan siquiera han llegado a la zona (Triunfo de la Cruz) a platicar con los parientes”.
Lamentó que muchos organismos de derechos humanos que existen en el país, no se han acercado a la comunidad garífuna para al menos recoger algunas pesquisas y “simular” que harán una investigación al respecto.
Humberto Castillo aseveró que los derechos de los pueblos indígenas están altamente vulnerados, “nadie está seguro” y en los últimos cuatro años hay un reporte de más de 40 personas asesinadas y muchos de ellos dirigentes, entre ellos hombres y mujeres.
“Seguimos todavía preguntando lo que ha ocurrido con estos hermanos garífunas. El problema es que no tenemos certidumbre, aquí todavía campea el terror, la gente está asustada y los dirigentes ni digamos, es una situación de angustia día a día porque no se establecen las cosas. Si van hasta nuestras comunidades y atentan contra nosotros, nos asesinan o nos raptan, y nadie dice nada, y los organismos internacionales reclaman, pero no ocurre nada en el país, sinceramente estamos en un estado de indefensión y es terrible”, se quejó el entrevistado.
A criterio del presidente de la Asociación de Afrodescendientes del Valle de Sula, de nadie es un secreto que los pueblos garífunas ostentan tierras apetecidas.
“No nos extrañaría que la tierra fuera una motivación”, respondió a la consulta que hubo detrás de la desaparición de los líderes garífunas.
Reveló que como organización poco o nada han logrado investigar sobre el paradero de los cinco dirigentes garífunas privados de su libertad desde la comunidad El Triunfo de la Cruz.
Narró que “llegaron en plena pandemia, eran sujetos con atuendos de la DPI y raptaron a los jóvenes y desaparecieron. A partir de ahí qué huella podemos seguir nosotros como organización, lo único que hacemos es denunciar y hacer los reclamos al gobierno”.
Concluyó afirmando que seguirán reclamando para que los hechos sean esclarecidos, “seguimos pidiendo al actual gobierno en la reunión que tuvieron con nosotros hace un año, el mismo asesor del gobierno, Manuel Zelaya dijo que se tenía que esclarecer esta situación y que la administración de Xiomara Castro haría lo posible. Bueno, sigue en deuda con nosotros y queremos que se esclarezca o que nos compartan lo que han investigado”.
Comunidades bajo ataque
El también representante de los pueblos garífunas, Kenny Castillo, apuntó que desafortunadamente se ha demostrado cómo las comunidades garífunas están bajo ataque, con la ocurrencia de hechos violentos que alteran completamente el ambiente de paz que caracteriza a esas zonas del Caribe hondureño.
“Hemos venido documentando estos hechos y le pedimos a las autoridades atención, es urgente la elaboración de una estrategia de seguridad especial para nuestras comunidades, pero hasta ahora lo único que conseguimos es que nos den la espalda”, clamó.
Dijo no tener la información estadística, pero si tuvieran que cifrar el porcentaje de investigación, judicialización de casos pertenecientes a garífunas, concluirían que es muy bajo, es realmente una situación de desprotección e indefensión en la que viven esas comunidades de la zona norte.
Por ejemplo -insistió Kenny Castillo- nos preguntamos ¿por qué no instalar cámaras del 911 en las comunidades? ¿Por qué? ¿Es que nuestras vidas valen menos? ¿No importan las vidas garífunas? Por la forma que nos tratan pareciera obvia la respuesta.
Reflexionó que “sin duda, hoy que transcurren 3 años, de la desaparición de los muchachos del Triunfo de la Cruz, nos damos cuenta que a pesar de contar con todos los mecanismos, todos las fuerzas, inteligencia, al Estado de Honduras no le interesa decirle al pueblo hondureño, a la comunidad internacional y a los garínagu qué fue lo que ocurrió, capacidad tienen pero cuando se trata de seres humildes, cuando no son parte de las élites, entonces el Estado calla, permite este tipo de cosas y a veces hasta las facilita”.
Puntualizó que la desaparición de estos muchachos ocurre en plena pandemia, cuando el país estaba parado, bajo estado de excepción, como cronistas de lo que pasa en la comunidad garífuna no quisiéramos que este caso quedará sin resolverse porque significaría que en vez de avanzar, más bien retrocedemos. PD
