Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El pequeño Enoc Pérez desapareció en 2019, en el norte del país; en Julio de 2020, cinco garífunas fueron sacados de sus casas por la fuerza y luego desaparecidos en la comunidad de Triunfo de la Cruz en Tela Atlántida; La joven Angie Peña desapareció en la paradisiaca isla de Roatán en la que vacacionaba con su familia en enero de 2021 y en julio de 2022 la joven Belkis Molina fue privada de su libertad en Intibucá, Occidente de Honduras; en diciembre de 2023 cinco jóvenes fueron privados forzadamente de su libertad en Intibucá.
Sólo este mes de junio que recién concluye, 13 personas más fueron desaparecidas en la aldea Crique Las Marías, en Tela, Atlántida; otros 10 ciudadanos fueron privados de su libertad en Baracoa, departamento de Cortés.
Todos estos casos aún no tienen una respuesta concreta. Las víctimas siguen desaparecidas.
En Tegucigalpa este junio también registró desapariciones forzadas: cinco jóvenes que fueron encontrados por la Policía hasta cuando cuatro de ellos ya habían sido asesinados y del quinto aun no se sabe su paradero.
Historias que se narran de los casos que han trascendido en medios de comunicación reportan al menos 38 hondureños desaparecidos en los últimos cuatro años y medio años en Honduras. Jóvenes, mujeres y menores de edad engrosan esta lista de personas que son buscadas, pero que no encuentran respuestas en las acciones ejecutadas por los cuerpos de seguridad del Estado.
Las estadísticas concretas sobre las desapariciones en el país son mínimas. Ni el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, ni el Comité para la Defensa de Derechos en Honduras (Codeh), ni el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), manejan cifras actualizadas sobre la cantidad de personas desaparecidas en el país.
Un recuento de enero de este 2024 del Codeh, retrata que, en los últimos seis años, un total de 794 personas se reportan como desaparecidas en el país, una situación que lejos está de encontrar las respuestas que se demandan de los operadores de justicia.
Mientras, datos del Conadeh apenas refrendan que en 2023 se atendieron 28 denuncias relacionadas con la desaparición de personas. En tanto, los recuentos de la Policía Nacional dan cuenta de 200 personas desaparecidas, de los que unos 30 corresponden a las últimas semanas.
Un reporte de la Secretaría de Seguridad, de julio de 2023, cita que un total de 9 mil 838 personas permanecían desaparecidas en Honduras en la última década. En 2021 se reportaron 1,120 personas desaparecidas y mientras en 2022 las desapariciones registraron a 940 personas.
La desaparición de personas en Honduras es un drama que se matiza con la escasa respuesta por parte de las autoridades de seguridad, quienes insisten que en muchos de los casos hay elementos que se escapan de su radio de actuación.
Informes de organismos defensores de derechos humanos atribuyen que muchas de las historias de los desaparecidos, especialmente las mujeres, son víctimas de trata de personas dentro y fuera de Honduras. A ellas las utilizan principalmente para fines de explotación sexual, servidumbre doméstica y práctica de trabajo forzado urbano y rural. Este flagelo crece con el paso de los días.
Desde el 6 de diciembre de 2022 Honduras vive un estado de excepción que se ha prolongado en 12 ocasiones; defensores humanitarios y líderes civiles lo califican de violatorio de las libertades además de afectar gravemente los derechos humanos de sectores vulnerables de la sociedad. Es en este contexto en el que las desapariciones se intensifican en el país.
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La máxima autoridad de la Secretaría de Seguridad, Gustavo Sánchez defiende que los resultados avalan el estado de excepción y clama por reformas profundas al Congreso Nacional para hacerle frente a criminalidad y que la lucha no sea desigual, justifica.
El drama de las desapariciones adquiere matices mayores cuando en algunos de los casos las personas que fueron privadas de libertad aparecen ejecutadas días después de los hechos. Tal es el caso de cinco jóvenes privados de su libertad mientras realizaban una mudanza en la capital del país.
Los jóvenes, todos ellos etiquetados por las autoridades estatales como “personas de bien”, fueron llevados, – de acuerdo con la narrativa oficial, – por la fuerza, por miembros de la Pandilla 18 que se oponían a que éstos rentarán una vivienda en la colonia Mirador de Oriente y que tenían previsto fuera uno de sus centros de operaciones criminales en esta zona donde el control policial no hace gala de sus facultades y mucho menos de su eslogan: “servir y proteger” a la población.
Tras varios días desaparecidos, 4 de los jóvenes fueron encontrados sin vida la noche del pasado viernes en una zona montañosa de Tatumbla, un lugar inaccesible para las propias autoridades que tuvieron que utilizan la fuerza aérea para movilizar los cuatro cadáveres, ya que de uno de ellos aún se desconoce su paradero.
A través de la autopsia se logró reconocer a las víctimas: la pareja compuesta por Roger Alberto Coleman Dempster y Annie Rachelle Villatoro, así como a sus amigos Alejandro Enrique Aceituno Antúnez y Kenneth Gabriel Cruz Banegas, éstos últimos identificados a través de odontograma forense. Queda pendiente localizar el cuerpo de Elvin Josías Izaguirre Galindo.
Por este caso hay cinco presuntos miembros de la Pandilla 18, quienes habrían cometido los asesinatos. A ellos se les encontró pertenencias de las víctimas como las llaves del vehículo en que se conducían los occisos, así como un teléfono móvil de una de las víctimas, suficientes pruebas para incriminarlos en estas ejecuciones indicaron los portavoces de las fuerzas de seguridad.
Secuestro de 13 personas, un hecho inédito
La tragedia de esta realidad adquiere matices extraordinarios cuando se produce la desaparición forzada de 13 personas a manos de un grupo criminal que presuntamente toma venganza de sus contrarios en zonas donde la propia autoridad ha confesado no tener presencia y mucho menos control.
Este suceso ocurrido en la aldea Crique Las Marías, en Tela, Atlántida, donde al menos 13 personas fueron privadas de su libertad presuntamente por disputas de bandas criminales que opera en la zona, de acuerdo con lo informado por la Policía.
La privación de libertad de estas personas ocurrió hace dos semanas y según versiones de los familiares las víctimas se encontraban en sus casas, todos trabajaban en la recolección de palma africana y en otras labores agrícolas. Fueron privados de su libertad por varios hombres vestidos de militares, fuertemente armados.
La Policía ha negado que se trate de recolectores de frutas y atribuye el suceso a la disputa de organizaciones criminales que pelean por el control de esa zona en el Caribe de Honduras para el trasiego de drogas hacia el norte del continente.
Los 10 desaparecidos en Baracoa
El secuestro de las 13 personas en Tela sería una respuesta a 10 personas que previamente fueron privadas de su libertad en Baracoa, departamento de Cortés.
Según la relación de hechos desde la narrativa ofrecida por las autoridades, – una persona vinculada al narcotráfico y que es hermano de un extraditable, junto a otras nueve personas que fungen como sus guardaespaldas fueron secuestradas como parte de la disputa del territorio por la banda contraria.
El capo, dice la Policía, responde al nombre de José Octavio Sosa Méndez, hermano del hondureño pedido en extradición José Rafael Sosa Méndez, quien tiene una extradición diferida y guarda prisión en una cárcel de máxima seguridad.
Según lo trascendido públicamente, Sosa Méndez y sus guardaespaldas desaparecieron hace dos semanas en el sector de Baracoa, departamento de Cortés, mientras buscaba comprar una residencia en esa zona.
Varios hombres armados con vestimenta militar aparecieron donde estaban Sosa Méndez y sus guardaespaldas y se los llevaron a las montañas que conducen a la barra de desembocadura del río Ulúa y el sector Crique Las Marías.
De acuerdo con las hipótesis oficiales, la estructura criminal a la que pertenece Sosa Méndez hizo desaparecer a estas 14 personas el 17 de junio por venganza por la desaparición del capo.
Sosa Méndez es buscado por el Ministerio Público desde el 9 de agosto de 2019, cuando en esa fecha, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), ejecutó la Operación Pegaso en los departamentos de Atlántida y Colón contra personas que envían drogas a Europa.
Una fuente oficial reveló que la hija del citado condenado por lavado de activos en el país y con extradición diferida a EE. UU., es la pareja sentimental de uno de los personajes que figura en la disputa de estas dos bandas criminales.
Angie, Belkis, Enoc, garífunas y jóvenes de Intibucá
Pero la historia de desaparecidos es una desdicha que constantemente golpea a las familias hondureñas. En la retina de todos está la historia de la joven Angie Peña desde dos años y medio, de quien se dice desde la propia autoridad policial que está viva, mientras otros altos mandos aseguran murió en accidente cuando se desplazaba en una moto acuática.
El suceso con muchos cabos sueltos no logra desenmascarar que hay detrás de este enigmático suceso que cada vez agrega más interrogantes sobre el paradero de la joven Peña.
A estos sonados casos se suma Belkis Molina, quien desapareció cuando salía de una cooperativa en la que laboraba en Intibucá el 21 de julio de 2021. Por este suceso se capturó a una persona, el presunto novio, que está procesado por su desaparición y se busca a otro de los autores. Desde aquella fecha nunca se volvió a saber el paradero de la joven, pese a los reclamos ciudadanos.
Hay otras historias dolorosas como Enoc Pérez, un niño llegado al norte hondureño desde España, país donde vivía con su madres, él sólo quería convivir unos días con su familia paterna y su mamá no ha descansado, buscando infructuosamente dar con su paradero. El suceso se dio en 2019, en el hecho violento falleció su abuelo y un tío del menor.
En diciembre de 2023 en Intibucá, se reportó la desaparición de cinco jóvenes en el municipio de San Antonio, al occidente de Honduras. Ellos fueron identificados como Alejandra Guzmán, Yoselin Adayani Ramos Mejía (16), Daysi Orellana, Juan Antonio Ramos Mejía (18). Nunca se supo nada de ellos y la investigación oficial lo liga con operaciones en las que está involucrada la recién extraditada María Mendoza, alias “La Patrona”.
Martha Matute, una joven madre de 31 años, paseaba en una moto acuática junto a su novio en la isla de Roatán, Islas de la Bahía, siempre en el Caribe del país, cuando a eso de las 5:00 de la tarde desapareció, todo sucedió en 2017, pero el caso ha vuelto a ser un tema de interés debido a que en esas mismas circunstancias y en ese lugar desapareció Angie Peña (22).
También están presentes en la memoria de los hondureños, los cinco líderes de la comunidad garífuna, Alberth Centeno, Milton Martínez, Suami Aparicio, Gerardo Róchez, Junior Juárez, su comunidad sigue a la espera de que el caso se esclarezca y que aparezcan. La hipótesis policial establece que fueron ejecutados, luego incinerados y disueltos en ácido.
Así, Honduras reedita una época de zozobra marcada por desapariciones. En la década de los 80, cuando el país vivió el terror de la doctrina de la seguridad nacional, al menos 182 hondureños fueron víctimas de desapariciones forzadas, son casos dolorosos vinculados a la extrema polarización ideológica que sacudió las Américas durante la guerra fría y que además dejó en este país 200 asesinatos extrajudiciales.
Hoy, el país vuelve a reeditar a los desaparecidos, sus casos están vivos y la mayoría sin respuestas concretas y científicas. No se sabe que les ha motivado, son materia pendiente pendientes en la agenda del gobierno de Xiomara Castro, mientras el fenómeno parece no dar tregua. (PD)
