En noviembre de 2022, José Woldenberg pronunció en México un discurso histórico en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE). Lo hizo mientras el partido en el poder buscaba reformar su estructura y someterlo al voto popular, debilitando su autonomía. A pesar de las advertencias, ese mismo partido ganó las elecciones de 2024, tras haber erosionado sistemáticamente la legitimidad del árbitro electoral.
El patrón fue claro: sembrar duda, imponer narrativa, obtener poder. Hoy, ese mismo libreto se reproduce en Honduras, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) está siendo objeto de señalamientos y presiones que podrían comprometer su independencia.
Tras las primarias del 9 de marzo, desorganizadas y cuestionadas, inició una narrativa persistente contra el CNE. Las críticas que inicialmente apuntaban a mejorar el proceso, han derivado en una escalada de tensión que incluye movilizaciones y la posibilidad de acciones judiciales contra sus concejales. El riesgo no es menor. En lugar de fortalecer al árbitro, se le debilita en el momento en que debería actuar con mayor firmeza. No es una estrategia improvisada: es una operación que, sin modificar leyes, logra distorsionar las reglas mediante la presión y la narrativa.
Pero esta historia no se reduce a nombres ni fechas. Es parte de una lógica más profunda: la del desgaste de la democracia desde adentro. Cuando quienes detentan el poder pierden el sentido de la medida, cuando se anteponen intereses al bien común, y cuando se normaliza la desconfianza como forma de control, la institucionalidad se vacía de alma.
En tiempos así, no siempre los problemas son técnicos: muchas veces son éticos. Porque cuando el poder se vuelve insensible, cuando ya no siente el peso de sus decisiones, aparece lo más peligroso: el avance de los desalmados.
Frente a este escenario, lo que Honduras necesita no es silencio ni resignación. Se requiere una acción ciudadana articulada, madura, que reivindique el derecho a un proceso limpio y transparente. Un comunicado y otras acciones conjuntas de organizaciones civiles, académicas y políticas podría ser una señal de alerta, pero también una muestra de responsabilidad histórica. No se trata de confrontar al Estado, sino de recordarle que su fortaleza proviene del respeto a las reglas y a los ciudadanos, no de la imposición ni del temor.
Vivimos rodeados de críticos de salón y de discursos encendidos que nunca se traducen en acción. Pero también de hacedores silenciosos: quienes desde sus espacios mantienen viva la esperanza de un país funcional. Hoy no basta con exigir al CNE que actúe con firmeza e imparcialidad. También hay que protegerlo de quienes pretenden arrinconarlo. El pueblo necesita instituciones sólidas, pero también necesita saberse acompañado por ellas. Esa confianza solo se sostiene con coherencia, integridad y transparencia.
Honduras está en una encrucijada. Puede continuar por la ruta del desgaste encubierto o puede reaccionar con dignidad y decisión. Puede permitir que la desconfianza defina las elecciones o puede defender las garantías que hacen posible una transición en paz.
Que no sea demasiado tarde para decirlo: si el alma institucional se desvanece, será la ciudadanía quien deba recordarle a quienes gobiernan que la autoridad no es sinónimo de poder absoluto, sino de responsabilidad compartida.
¿Será poisble que avancen los que no tienen alma?
