Tegucigalpa (Proceso Digital / Por Isis Rubio) – Al menos siete requerimientos fiscales contra altos funcionarios de la Policías Nacional, por presunto lavado de activos estarán listos en los próximos días para ser presentados por la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial, adelantó el fiscal Luis Echeverría, jefe de la unidad.
– El Ministerio Público se enfrenta a dos juicios orales en enero contra altos cargos de la institución policial.
Echeverría, explicó a Proceso Digital que se trabaja en la investigación de cada uno de los expedientes que fueron turnados al Ministerio Público unos por la Comisión Depuradora de la Policía Nacional y otros por la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol).
“Varios de los casos están en proceso de investigación y ya a punto de llegar al siguiente paso que es el respectivo requerimiento fiscal”, indicó.
Sostuvo que la unidad tiene 100 expedientes en proceso de investigación, varios de ellos de altos funcionarios y de otros cargos intermedios, pero entre ellos los hay que no presentan indicios de delitos, detalló.
El fiscal Echeverría aseguró que la mayor parte de los casos son por presunto lavado de activos.
La semana que recién concluyó, el Ministerio Público llevó a cabo la Operación Omega XII, que es la última del 2021, para realizar acciones de comiso sobre 104 bienes y productos financieros vinculados a dos exoficiales de Policía.
(LEER) MP busca evitar que bienes incautados a jerarcas policíales sean devueltos
Reforma a la Ley de Lavado de Activos
Sostuvo que las investigaciones se amplían a vinculaciones criminales con terceras personas presuntos involucrados en tráfico de drogas, trata de personas, entre otros delitos.
Recalcó sobre siete expedientes que están ya por terminarse y a punto de presentarse los respectivos requerimientos fiscales.
El fiscal Echeverria recriminó los efectos de la reforma a la ley de lavado de activos ya que la misma tiene alcances que afectan la formulación de los casos.
Pandemia trastocó investigaciones
Señaló que la pandemia trastocó el proceso de investigación de casos debido a los efectos, incluso en el personal del MP.
Sostuvo que pese a todo lo que ha vivido el país con la pandemia, se han presentado investigaciones e interpuesto los requerimientos respectivos.
Dos juicios en enero
Señaló que hay dos juicios que están programados para enero.
Entre los juicios dijo está el del comisionado Leonel Sauceda, por lo que “nosotros estamos listos para demostrar con los medios de prueba la responsabilidad penal del alto oficial”.
La Sala II del Tribunal de Sentencia programó del 10 a 14 de enero de 2022 el desarrollo del juicio oral y público al excomisionado de la Policía Nacional, Leonel Sauceda, y su esposa Patricia Estrada.
Ambos son acusados por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de lavado de activos. Sauceda y su esposa fueron capturados el 11 de febrero de 2020 durante un allanamiento en la residencial Jardines de Toncontín en la ciudad de Comayagüela.
Agregó que el otro juicio es el del comisionado en condición de retiro Ambrosio Maradiaga Ordoñez.
Según el Ministerio Público, el exfuncionario policial, participó en el blanqueo de al menos 27 millones de lempiras.
Cabe recordar que el excomisionado de la Policía Nacional, fue capturado en marzo del 2019 en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán, por supuestas incongruencias patrimoniales en un periodo de siete años.
“Ya estamos listos para irnos a juicio y demostrar en el mismo los actos cometidos”, reiteró el fiscal Echeverría.
Casos activos
El fiscal sostuvo que en la actualidad son cuatro los casos judicializados que se encuentran en varias etapas y detalló que los mismos son los relacionados al comisionado Leonel Sauceda, Ambrosio Maradiaga Ordoñez, José Orlando Leiva Natarén y Lorgio Oquelí Mejía, éste último prófugo de la justicia.
El titular de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial, recordó el caso del comisionado de policía, Jorge Alberto Barralaga que fue declarado culpable por lavado de activos y condenado a 10 años de cárcel.
IR
