Tegucigalpa – “Las compras directas son legales y necesarias para la seguridad del pueblo”, expresó la ministra de Defensa, Rixi Moncada, quien señala que estas serán para la construcción del “Centro de Reclusión de Emergencia, radares, sistema de comunicación, cámaras hiperbáricas, reparación de aeronaves y pista en Gracias a Dios”.
La publicación del acuerdo ejecutivo 190-2024 en el Diario Oficial La Gaceta, donde la presidenta Xiomara Castro da poder absoluto a Moncada, quien es además precandidata presidencial del oficialista Libertad y Refundación (Libre), para realizar contrataciones directas ha generado suspicacia, entre los que se pronunciaron está el presidenciable, Jorge Cálix.
Para el precandidato del Partido Liberal, este acuerdo, es “una carta abierta para robar».
Cálix cuestionó que «a cuenta de qué», a la Secretaría de Defensa, la que recordó está dirigida por una precandidata presidencial, que el 8 de noviembre tiene que ir a presentar su planilla para las elecciones internas, “se le va dar carta abierta para que compre”.
El diputado dio estas declaraciones está tarde, preguntándose qué es lo que harán las Fuerzas Armadas que requiere de compras directas.
Horas después, la ministra Moncada compartió un comunicado donde da una explicación sobre las acciones que requieren hacer compras directas y donde señala que “el traidor está descalificado”.
Plan de Solución Contra el Crimen
En el comunicado en mención, la Secretaría de Defensa recuerda el Plan de Solución Contra el Crimen, aprobado en junio pasado donde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad ordenó a esa secretaría proveer todas las herramientas y la tecnología requerida por las FFAA para impedir que Honduras siga siendo utilizada como puente para el tráfico de droga.
“Para cumplir con los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, durante el proceso de adquisición de bienes, suministros y construcción de obras; con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Contratación del Estado, se requiere la aprobación y publicación del Acuerdo de Autorización de la Presidenta de la República y Comandante General de las Fuerzas Armadas Xiomara Castro Sarmiento”, cita el comunicado.
Asimismo detalla que la Secretaría de Defensa y las FFAA ejecutarán “un potente programa de equipamiento y construcción de obras que incluye: reparación y adquisición de radares para vigilancia y control del espacio aéreo y marítimo”.
Además informa de un sistema de energía para la Base Naval de Caratasca, la repotenciación del sistema de comunicaciones militares, la rehabilitación de la pista aérea de Gracias a Dios y la instauración de una fuerza de tarea especial en el Mar Caribe, además de la reparación de helicópteros y aviones en mal estado y compra de equipos.
Las compras directas serán usadas para la construcción inmediata de la primera etapa del Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) para aislamiento de dos mil cabecillas de maras y pandillas en la zona aislada entre Olancho y Gracias a Dios.
El comunicado señala que durante el 2012-2022, se ejecutó directamente y bajo secretividad unos 28 mil millones de lempiras a través de la Tasa de Seguridad.
Además hace referencia los radares, fragata y diversos equipos adquiridos mediante compra directa a dos empresas israelíes por más de cinco mil millones de lempiras, se encuentran en mal estado, “incluido un radar aéreo que actualmente está instalado pero inservible sin software ni hardware para operar”.
“El acuerdo presidencial para compras directas será aplicado con plena transparencia, cumpliendo las normas legales y técnicas, en defensa de nuestra soberanía y contra la narcoactividad y el crimen organizado transnacional”, finaliza el comunicado. VC
