Tegucigalpa – Un proyecto orientado a poner coto al financiamiento de las campañas políticas a fin de impedir el control del “dinero sucio” procedente del crimen organizado u otros ilícitos, espera ser abordado próximamente en el Congreso Nacional que tiene como punto de partida tres propuestas, una de ellas procedente del Poder Ejecutivo que contempla fuertes limitaciones al respecto.
A medida que se acerca la próxima contienda electoral, a mediados de 2016 cuando el Tribunal Supremo Electoral convoque a elecciones primarias e internas para escoger los candidatos presidenciales del nuevo sistema político de partidos políticos, el tema del costo de las campañas parece aglutinar por ahora el consenso entre los parlamentarios para blindar el proceso del dinero ilícito.
El tema del financiamiento de las campañas políticas, es de momento, el único punto en donde se percibe un consenso absoluto entre los diputados del parlamento hondureño, mientras otras reformas igual de importantes como la viabilidad o no de una segunda vuelta electoral o balotaje no termina de cuajar ni gustar a gran parte de los legisladores.
Sobre la procedencia de los fondos de las campañas, existen en el Congreso Nacional tres propuestas en el tintero: una del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que data desde el 2012 y ha sido archivada por el parlamento; otra enviada recientemente por el Poder Ejecutivo y una última presentada por el diputado del izquierdista partido Unificación Democrática (UD), Edwin Pavón.
Ambas propuestas esperan ser armonizadas para sacar un buen proyecto de ley que deje de lado las viejas prácticas de regulación electoral, tomando en cuenta el nuevo escenario político electoral de Honduras y el surgimiento de nuevas fuerzas que pujan por reformas electorales que reflejen un sistema de partidos mucho más plural y competitivo.
El origen de los fondos, eterno debate
El financiamiento ilícito de la política se debate en América Latina como uno de los nuevos enemigos o amenazas a la democracia. Las campañas electorales y los partidos políticos están siendo canales para el financiamiento ilícito de la política por parte del narcotráfico y el crimen organizado, aseguran expertos locales e internacionales en materia de reformas políticas y electorales.
En el caso de Honduras las preocupaciones sobre este tipo de dinero sucio preocupan cada vez más a la ciudadanía y también a las elites políticas cuando les cuesta justificar cómo y quién financia sus campañas, en su mayoría millonarias y en regiones muy apartadas.
El dinero ilícito con el que se financian algunas campañas no solo puede prevenir del crimen organizado y el narcotráfico, sino que también de fondos públicos de diversas dependencias del Estado.
En tal sentido, el poder Ejecutivo envió recientemente al parlamento hondureño una propuesta de ley de 34 artículos en los cuales pone no solo tope al financiamiento, sino que también controles a las donaciones y aportaciones naturales o jurídicas que reciben los partidos políticos, así como multas a sus administradores si incumplen la regla de rendir cuentas y transparentar sus acciones.
La propuesta del Ejecutivo se denomina Ley sobre Transparencia, Control, Financiamiento y Patrimonio Político Electoral, que tiene entre sus objetivos regular y auditar el financiamiento de las campañas electorales y de los partidos políticos a fin de evitar la infiltración del dinero procedente del narco, el crimen organizado y otras fuentes irregulares de dudosa procedencia.
Esta iniciativa se suma a la del TSE que ha estado engavetada y a la del diputado udeísta Edwin Pavón, último que ha expresado no tener inconveniente en hacer un solo proyecto más sólido y ampliamente consensuado para ser discutido y aprobado en el hemiciclo.
El mensaje de Washington
Una reciente publicación sobre el proceso electoral pasado, publicado por el Centro de Documentación de Honduras y el Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, indica que muy poco se sabe en este país sobre la procedencia u origen del dinero en las campañas.
“Ningún partido ni candidato proporciona las cifras exactas ni sus fuentes de financiamiento. Existen denuncias públicas de que detrás del financiamiento de las campañas se encuentra el dinero ilícito proveniente del crimen organizado, pero poco o nada se ha investigado al respecto”, señala el documento.
El mismo trae a colación las declaraciones brindadas por la entonces embajadora de Estados Unidos, Lisa Kubiske, en el 2013, al referirse al tema del financiamiento de las campañas.
En esa oportunidad, Kubiske dijo: “quiero mencionar otro peligro que el dinero ilícito representa, y eso tiene que ver con el año electoral, y este es un año electoral en Honduras. Manejar una campaña cuesta dinero y ese dinero puede venir de una variedad de fuentes. Todos los candidatos, candidatos a la Presidencia, para el Congreso, las alcaldías o cualquier otro cargo de elección popular deben asegurarse de que sus campañas no están empañadas con dinero sucio”.
“Así como los bancos deben conocer a los clientes, los candidatos deben conocer también a sus donantes y deben rechazar fondos de cualquier fuente cuya legitimidad está en duda. Esto es responsabilidad de los candidatos y los partidos y la ignorancia intencional no es una defensa”, dijo en ese entonces la embajadora Kubiske.
En este sentido, en las tres propuestas que tiene el legislativo para definir nuevas normas de financiamiento en las campañas políticas, se contemplan desde multas y sanciones penales hasta acciones administrativas a los presidentes y tesoreros de los partidos políticos que no presenten en tiempo y forma sus estados financieros o que utilicen cuentas secretas, entre otros aspectos.
Partidos pueden desaparecer
En el tintero de las propuestas se establece que si se comprueba que un partido político ha recibido fondos ilícitos en su campaña electoral deben ser eliminado del sistema político de partidos políticos; igual debe desaparecer si recibe fondos más allá del techo límite establecido.
Tanto los proponentes como los legisladores coinciden en que las campañas deben tener un techo límite, algo que la actual Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas no contempla.
La idea de los legisladores es que el financiamiento de las campañas políticas, a la luz de las sombras que siguen su actual financiamiento, deje esos tonos grises y oscuros para dar paso a una rendición de cuentas que devuelvan al elector y al sistema de partidos la confianza y credibilidad que requieren las elites políticas para no seguir cayendo en el desgaste.
Se espera que antes de culminar el año, las reformas políticos electorales cobren más fuerza en el debate entre los legisladores y si bien las que ameritan reformas constitucionales tiene un panorama incierto aún, en el caso del financiamiento a las campañas políticos los legisladores confían en que el consenso de poner límites al financiamiento de las campañas políticas, ataje la entrada del llamado “dinero sucio” procedente del narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción pública y privada, entre otro tipo de fuentes ilegales.
