Tegucigalpa – Que el Congreso explique claramente cuáles son los objetivos de las reformas al artículo 115 de la Ley de Administración Pública, de lo contrario quedará la sensación que están defendiendo intereses particulares, que sigue el blindaje o que tienen algún malestar con la actuación del Ministerio Público, señalaron diversos miembros de la sociedad civil consultados por Proceso Digital.
A los miembros de la Comisión Dictaminadora del Congreso Nacional salieron al paso el jueves en cuanto a que dicha reforma no les favorece a ellos, ya que es aplicable únicamente para los integrantes del Poder Ejecutivo.
Asimismo, señalaron que el objetivo de la misma es eliminar el vacío que ocurre en los representantes de los sectores empresariales, obreros y colegios profesionales en las juntas directivas de entes y empresas estatales.
Pero varios diputados y sectores señalaron que la misma le restaba competencias de investigación al Ministerio Público (MP) y le entregaba la exclusividad al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) determinar las responsabilidades en material civil, administrativa y penal, para lo cual transmitiría los informes al ente acusador.
Los diputados alegan que no impulsan impunidad o buscan “blindar la corrupción”, como señalaron los acusadores, sino regular la situación de dichos representantes de gremios de la sociedad civil en los gobiernos corporativos de entes y empresas públicas.
Defienden intereses
Lester RamírezPara Lester Ramírez, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), las reformas propuestas “hacen pensar que están defendiendo intereses particulares, obviamente aquí hay un poder oscuro que está gestando la situación”.
Indicó que la iniciativa en la Cámara Legislativa provoca convulsión, ya que no existen argumentos de peso en cuanto a los propósitos de la reforma.
El miembro de la organización ASJ se interrogó “¿Dónde está el problema en el artículo 115?”, así porque los órganos colegiados de las instituciones no se han pronunciado al respecto, en especial sobre las investigaciones del Ministerio Público.
“Si nadie se queja, es porque el Ministerio Público ha estado actuando de manera coherente, es por eso que el argumento del Congreso, no responde a la realidad, incluso hay órganos colegiados como el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que aún siendo investigado, no se ha quejado por dichas acciones”, indicó Ramírez.
Quieren seguir con impunidad
Julieta CastellanosMientras la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, afirmó que la iniciativa de los congresistas en cuanto a reformar el artículo 115 “solo demuestran que quieren seguir encubriendo y bajo la impunidad”, ya que quieren impedir a la Fiscalía General actuar con impunidad.
“Lo que pasa es que TSC actúa a posteriori, cuando ya un proyecto ha concluido y sus informes son sobre hechos consumados y eso es una desventaja y una debilidad, ya que no hay investigación preventiva”, indicó.
Indicó la exrectora que se percibe claramente el deseo de proteger a las elites políticas o de otro sector, indicando que no se explica porque los diputados corren el riesgo y asumir el costo de su reputación al presentar estas iniciativas.
Castellanos señaló que deberían explicar “cuál es la insatisfacción que tienen con el Ministerio Público y porqué le están dando la supremacía al TSC”, que es un órgano que actúa a posteriori.
Solidarios en juntas directivas
Rodulio PerdomoRodulio Perdomo, del Foro Social de la deuda Externa de Honduras (Fosdeh), consideró innecesario de argumentar el problema de los particulares en las juntas directivas de las empresas e instituciones del Estado.
“Ya se sabe que los miembros de una junta directiva son solidarios con las decisiones que se tomen, es decir, acarrean con la responsabilidad administrativa o penal por esas mismas decisiones”, manifestó.
Indicó que cuando una persona cometió un acto de corrupción lo hizo en coalición con muchas personas y las mismas podrían estar sembrando barricadas para que en el futuro los abogados tomen los asideros para defender a funcionarios públicos.
No aclaran responsabilidades
José María CastellanosEl expresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), José María Castellanos, dijo que la reforma la referida Ley de Administración Pública no aclara en el segundo párrafo el tipo de responsabilidad penal que tendrán los miembros colegiados.
“La reforma va encaminada al segundo párrafo porque no especifica qué tipo de responsabilidad incurrirá, es decir, también incurrirá en responsabilidad las decisiones del colegiado mencionara los intereses del organismo al que pertenezca”, puntualizó el expresidente de los abogados.
Señaló que no puede decir si hay un blindaje a diputados porque el segundo párrafo no indica que tipo de responsabilidad tendrán los funcionarios, penal o civil.
“Si la redacción dice que no se deduce responsabilidad penal, podemos hablar de un segundo pacto de impunidad”, indicó.
