Tegucigalpa – Las recomendaciones que La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), hizo al Estado de Honduras, como una salida a la crisis política que sacudió Honduras en junio de 2009, son tan vigentes en el actual panorama nacional que constituyen un poderoso fundamento en el contexto del Diálogo Político que reúne a las principales fuerzas partidarias y Gobierno, bajo la facilitación de la ONU.
Este informe, presentado hace ya más de siete años, sigue a la espera de que la clase política pueda darle continuidad a fin de fortalecer la debilitada institucionalidad.
La ex rectora de la UNAH y miembro de la CVR, Julieta Castellanos, considera la importancia del seguimiento, por ejemplo, a la revisión constitucional, la creación del antejuicio, examinar que a las Fuerzas Armadas (FFAA) no se les dieran funciones políticas, y el seguimiento a los hechos relacionados con violaciones a los derechos humanos.
Para la académica, el adecuado cumplimiento de lo recomendado hubiera podido evitar el desgaste de la cohesión social en Honduras. “Probablemente no tendríamos toda esta ruptura social que existe, porque hay mucho resentimiento de los actores políticos, sobre todo de quienes fueron sacados del poder”, analizó.
Castellanos, señaló que “esa ruptura no se trabajó como se tenía que hacer y por eso existe esa fractura y esa confrontación. Mientras no haya un conocimiento real de los hechos y se apliquen las medidas, esto continuará así. El presidente Manuel Zelaya Rosales, no colaboró con la Comisión de la Verdad y prohibió a su Gabinete que diera entrevistas, solamente tres exfuncionarios hablaron y eso no era lo que se esperaba”.
Finalmente consideró que “todas las recomendaciones siguen vigentes, se deberían retomar en el Diálogo Político Nacional. Es importante que las que aun apliquen, se actualicen; a nueve años del golpe, se deberían revisar para conocer las que contribuirían a que el país pueda tender puentes y acercamientos, no solo en la clase política, sino también otros sectores y que haya un interés genuino para avanzar, hay que sanar las heridas que se tienen y que se han profundizado en las últimas elecciones».
Voluntad, el escollo
Proceso Digital, consultó al analista político, Olban Valladares, ¿Por qué Honduras no atendió las más importantes recomendaciones de la CVR? en respuesta, dijo que “nunca hubo voluntad de seguir los lineamientos de las recomendaciones, nunca hubo voluntad política en el país”.
Valladares explicó que “pasaron las marejadas y las cosas siempre se mantuvieron así, pero ahora en este Diálogo se ha tomado el informe de la Comisión de la Verdad como un insumo para hacer las transformaciones necesarias ya sean de cualquier índole”.
Recordó que “se recomendó tratar el tema de la reelección, que es el punto toral de toda esta discordia”, y uno de los hechos que está en la mesa de conversaciones del Diálogo Político, al igual que otras reformas al sistema electoral.
El Origen
La crisis de 2009 llegó a su punto de quiebre cuando el entonces presidente Manuel Zelaya quiso quedarse en el poder, desoyendo la prohibición de un juez, tras su abrupta salida de la Presidencia y con ella la crisis institucional, una de las respuestas para conocer la verdad de los hechos, fue darle vida a la CVR, en la administración del entonces presidente Porfirio Lobo (2010-2014).
Su fundamento indica que la misma nace “dotada de independencia funcional, administrativa, técnica y financiera la cual tiene como objetivo esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio de 2009, a fin de identificar los actos que condujeron a la situación de la crisis y proporcione al pueblo de Honduras elementos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro”.
En ese sentido, la CVR, calificó la salida del poder de Manuel Zelaya Rosales, “como un golpe de Estado al Ejecutivo, por lo que presentó 84 recomendaciones y cuatro sugerencias para mejorar el marco jurídico del país en el tema constitucional, derechos humanos, seguridad y lucha contra la corrupción, así como en cuatro materias más, necesarios para acabar con la crisis desprendida del 28 de junio del 2009”.
Dos años después de su creación, en junio del 2011, la CVR presentó el informe.
La Comisión de la Verdad estuvo conformada por tres Comisionados Internacionales, Eduardo Stein de Guatemala, María Zavala de Perú y Michael Kergin de Canadá, y dos Comisionados Nacionales, Julieta Castellanos y Jorge Omar Casco, como Secretario Ejecutivo se nombró al Licenciado Sergio A. Membreño Cedillo.
La CVR indagó en la realidad política nacional, del antes, durante y después de los acontecimientos del 28 de junio y luego de una serie de entrevistas con personajes involucrados en la crisis constitucional, se confirmó un rompimiento al orden constitucional, violaciones de derechos humanos entre otros problemas, que profundizaron en las dificultades políticas hondureñas.
Las principales sugerencias no se cumplieron a la fecha, porque la división política en el país sigue afectando y se refleja en la alta polarización social.
Más de siete años después, (2011- 2018), el informe de la CVR, sigue en espera en sus puntos fundamentales.
Recomendaciones constitucionales
En cuanto a las recomendaciones en el ámbito constitucional, la CVR propuso modificar los artículos 373 y 374 de la Constitución hondureña, además de regular el juicio político o separación del cargo de los miembros del Poder Ejecutivo, es necesario que la Constitución política establezca la figura del juicio político y fijar escrupulosamente sus procedimientos.
Según el artículo 373 “la reforma de esta Constitución podrá decretarse por el Congreso Nacional, en sesiones ordinarias, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros. El decreto señalará al efecto el artículo o artículos que hayan de reformarse, debiendo ratificarse por la subsiguiente legislatura ordinaria: por igual número de votos, para que entre en vigor”. En tanto el artículo 374 indica que el anterior no puede reformarse y especifica los apartados constitucionales con referencias específicas.
Constitucionalistas consultados son del pensamiento que se pueden reformar los artículos en un Congreso Nacional sin necesidad de llamar a una Asamblea Constituyente.
Sobre las facultades del Congreso de la República en torno a la Carta Magna, la CVR concluye que se “debe adecuar la Constitución actual de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la atribución del Congreso Nacional de interpretar la Constitución de la República y debe mandar a publicar dicha sentencia”.
Respecto a la restricción de las competencias, derechos y obligaciones de las Fuerzas Armadas se sugirió “que en la Constitución de la República, revisar sus funciones incluyendo la supresión de cualquier misión de carácter político para las mismas, así como establecer claramente la prohibición de utilizarse para funciones policiales, a no ser en caso de estado de excepción, de conformidad con las prescripciones que al efecto establece el sistema interamericano de protección de derechos humanos y bajo un control judicial independiente”.
Asimismo, recomienda la CVR, “Crear un Tribunal de Justicia Constitucional con competencia para conocer la defensa de la Constitución contra el abuso de la ley, dirimir la competencia y los conflictos entre los Poderes del Estado y velar por la protección de los derechos humanos”, señala.
En torno a la Secretividad de los juicios que involucran a servidores públicos, la CVR establece en sus recomendaciones que “la Constitución debiera especificar que los procesos judiciales en contra de un funcionario del Gobierno deben ser públicos y registrados, la Secretividad crea la posibilidad de que observadores imparciales puedan tener dudas genuinas con respecto al inicio de procesos judiciales. Por ello, la Secretividad solo puede ser admitida por vía de excepción, en la etapa de investigación”.
Asimismo, en torno a las reformas políticas, consideró que “la grave crisis política que ha tenido lugar en Honduras debe servir para que los actores principales de la política y sus instituciones asuman plenamente su responsabilidad en las acciones políticas y generen cambios para que estos no se repitan. De esta manera, se presentan un conjunto de 12 recomendaciones al sistema político, los partidos políticos y las instituciones democráticas especialmente el TSE”.
“El sistema político-electoral hondureño necesita dar un salto de calidad para reconducir el proceso de consolidación democrática, a tres niveles simultáneamente, que tienda a incidir en la no repetición de los sucesos de junio de 2008: En la cultura política, en lo institucional-normativo y en el comportamiento de los actores”, destaca la CVR.
El seguimiento
Según el monitoreo para el avance en el cumplimiento de las recomendaciones de la CVR, se ha diseñado un Sistema de Seguimiento que funcionó hasta diciembre del 2013, tras la presentación del informe sobre las 84 recomendaciones había en ese entonces 37 de ellas que se cumplieron, 32 en proceso de cumplimiento y 15 que no mostraban ningún inicio de cumplimiento.
Al desagregar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones por ámbito, se observaron que los avances más importantes en el ámbito de derechos humanos; de la memoria histórica; de combate a la corrupción y medios de comunicación.
El historiador Rolando Sierra, fue parte del corto periodo en que funcionó de la unidad de seguimiento y a su criterio “este conjunto de recomendaciones orientadas a fortalecer la política electoral, institucionalidad democrática y el estado de derecho es fundamental, especialmente hoy en día para el diálogo político nacional”.
Externó que de las 84 se lograron cumplir al menos 37 de ellas, según Sierra, en algunas de ellas ha habido involución como con el Consejo de Judicatura que tras su creación solo ha tenido un mandato pleno, mismo que fue interrumpido tras los procesos contra sus miembros, señalados por corrupción. El órgano ha quedado disuelto.
Destacó como parte del cumplimento la creación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
“En este contexto del Diálogo, la agenda está en las recomendaciones, especialmente en el tema de la reelección, las políticas electorales, que tienen que ver con la autonomía electoral, orientadas a generar una nueva cultura política en el país”, apuntó.
A su juicio “en la mesa del diálogo se tiene que priorizar en cómo generar procesos electorales más transparentes, el tema del financiamiento electoral, como los asuntos de los derechos humanos y su violación, hay una relación y esto sería fundamental retomarlo porque las recomendaciones tienen orientaciones claras”.
La Unidad de Seguimiento a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad, surge mediante el decreto Ejecutivo PCM 071 2011, adscrita a la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos que funcionó en el 2012 y 2013 y era la encargada de custodiar las recomendaciones.
La exministra de DDHH Ana Pineda reafirmó que, al finalizar su gestión, la Unidad de seguimiento había logrado monitorear el cumplimiento de 37 recomendaciones, 32 estaban en curso y en 15 no se había logrado ningún cumplimiento.
Las grandes reformas propuestas por la CVR están en el ámbito constitucional, las metas juridicidad y de constitucionalidad del poder originario de una asamblea nacional constituyente, la creación del Tribunal Constitucional, juicio político, revisar en la Constitución de la República, la función de las Fuerzas Armadas, son parte de los grandes temas pendientes, puntualizó.