Ciudad de Guatemala– Diversas organizaciones no gubernamentales impulsan en Guatemala la migración laboral temporal bajo esquemas de «reclutamiento ético», como una alternativa para frenar los flujos irregulares hacia Estados Unidos y romper el ciclo de deudas y prácticas próximas a la trata de personas.
Entidades como CIERTO, un contratista internacional de trabajadores agrícolas, y la Fundación Avina, a través del proyecto ‘Voces Migrantes para el Cambio’, promueven un modelo que prioriza la «migración circular», que consistente en viajar, trabajar de forma regular y retornar con capital a las comunidades de origen.
La directora ejecutiva de CIERTO Guatemala, Cesia Ochoa, explicó a EFE que la diferencia entre una oportunidad legítima y una estafa radica en la asunción de los costos.
«La persona trabajadora no debe pagar por un empleo. En visas como la H-2A y H-2B para Estados Unidos, los costos debe cubrirlos el empleador», afirmó Ochoa.
Sin embargo, en las zonas rurales de Guatemala, intermediarios no regulados -conocidos como «coyotes» o reclutadores fraudulentos- cobran a los campesinos entre 5.000 y 25.000 quetzales (entre 650 y 3.200 dólares) por supuestos trámites de visados.
Esta práctica, identificada como reclutamiento no ético, empuja paradójicamente a la migración irregular.
«Un guatemalteco que ya pagó 25.000 quetzales por una visa temporal de cuatro meses es muy probable que no retorne, sino que permanezca en Estados Unidos de forma irregular porque técnicamente ya pagó un tipo de coyotaje», advirtió Ochoa.
Aunque la demanda de mano de obra guatemalteca en el extranjero es alta, las vías legales resultan insuficientes.
Según datos de CIERTO, el país centroamericano envía aproximadamente 20.000 trabajadores al año bajo programas regulares, frente a una capacidad humana y demanda real que superan las 65.000 personas.
Esta brecha es aprovechada por estructuras criminales. Para contrarrestarlo, CIERTO opera como una agencia de reclutamiento con certificación internacional -IRIS, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y ClearView-, lo que garantiza procesos transparentes y libres de costos para el trabajador.
«Migración tripartita»
Asimismo, se han implementado proyectos piloto de «migración tripartita», que conectan a agricultores guatemaltecos con el mercado laboral del norte de México para su capacitación y, posteriormente, con empleadores en Estados Unidos, elevando así sus estándares de productividad.
Para Sindy Hernández, coordinadora del proyecto ‘Voces Migrantes para el Cambio’, de la Fundación Avina, estas iniciativas son vitales en un escenario donde el Estado no logra cubrir las necesidades básicas de la población.
«Guatemala no les ofrece oportunidades, principalmente económicas, y lo económico es transversal para la educación, la recreación y la salud», señaló Hernández.
La coordinadora denunció además la existencia de un «doble discurso» por parte de los países de destino, especialmente Estados Unidos: mientras exigen una migración «ordenada y segura», las políticas restrictivas y la burocracia limitan la obtención de visados formales.
«Es un escenario de adversidad donde las políticas de rechazo a la migración son cada vez mayores y más agresivas», lamentó Hernández, quien subrayó la necesidad de generar condiciones de inclusión socioeconómica en los países de origen.
El proyecto ‘Voces Migrantes para el Cambio’, apoyado por la cooperación internacional, facilitó en 2025 la creación de la Mesa de Reclutamiento Ético en Guatemala, un espacio inédito para definir estándares de protección laboral.
El objetivo final trasciende el envío de trabajadores y busca garantizar su retorno y reintegración exitosa.
«No miramos a la persona trabajadora como un número, sino como un proyecto de vida que brinda desarrollo a nivel comunitario», remarcó Ochoa. EFE/ir
