Tegucigalpa- El viceministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Rafael Alegría reconoció que en Honduras existe un conflicto agrario latente por la posesión de tierras, donde se habla de al menos 66,000 hectáreas señaladas como invadidas por parte del sector privado. Sin embargo, aclaró que no todas las cifras son precisas, ya que parte de esas tierras están en disputa histórica entre campesinos y empresas privadas.
Alegría recordó que el conflicto agrario no es nuevo, y que ya entre 2008 y 2010 el país enfrentó una crisis con el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), que dejó una herida profunda en la historia rural de Honduras.
“En su momento se trató de resolver medianamente. Luego, en el periodo 2012-2016, surgió otro movimiento vinculado a la Plataforma Agraria, que hoy sigue exigiendo la devolución de tierras que, en los años 80 y 90, fueron entregadas al campesinado y que después, con las políticas neoliberales, pasaron a manos de tres o cuatro empresas privadas”, explicó.
Reconoció que el problema continúa, pero destacó un cambio sustancial con el actual Gobierno. “A diferencia del gobierno anterior, donde nunca hubo voluntad de buscar una solución, con la compañera Xiomara Castro se han nombrado comisiones y se nos ha permitido sentarnos a la mesa para discutir a fondo este problema. No es fácil, porque se trata del tema de la propiedad, pero por lo menos ahora hay diálogo”, afirmó.
Uno de los avances más significativos, según Alegría, ha sido la reducción de la violencia en zonas de alta tensión como el Bajo Aguán, donde en el pasado se registraron numerosos asesinatos y enfrentamientos. “Hoy ya no hay confrontación, porque hay acuerdos entre campesinos y empresarios. En algunos casos, los campesinos trabajan en las fincas, cosechan la fruta y la venden a las mismas empresas privadas, lo que beneficia a ambas partes”, destacó.
Aunque el sector privado estima que hay alrededor de 66,000 hectáreas invadidas, Alegría señala que el Instituto Nacional Agrario (INA) tiene registros de aproximadamente 38 desalojos en distintas zonas del país. “Ha habido iniciativas para establecer protocolos que eviten violaciones a los derechos humanos. En muchos casos, los campesinos reclaman que es tierra nacional, que pertenece al Estado, pero no siempre se investiga a fondo y eso genera conflictos innecesarios”, advirtió, al tiempo que evadió hablar de cifras concretas de hectáreas invadidas. LB
