Tegucigalpa – Los capitalinos se muestran escépticos sobre la reunión de pleno del Supremo hondureño que se reúne este martes para dilucidar la constitucionalidad o no del Decreto 04-2022, mejor conocido como Pacto de Impunidad. Algunos predicen que todo está escrito, otros exigen que se declare su ilegalidad para que pueda llegar la CICIH a Honduras.
Una consulta ciudadana realizada por Proceso Digital en el parque central de Tegucigalpa sobre su valoración a la amnistía política para favorecer a exfuncionarios ligados al gobierno de Mel Zelaya (2006-junio de 2009) mostró voces a favor y en contra.
Algunos de los capitalinos consultados señalaron que no es correcto que funcionarios o políticos estén incurriendo a amnistías para librarse de la justicia hondureña por algún ilícito que cometieron.
Otros ciudadanos, que admitieron ser simpatizantes del partido en el gobierno, defendieron la aplicación de la amnistía política argumentando que sí hubo persecución política en la crisis política de 2009 por la destitución de Mel Zelaya en el poder.
Sin embargo, hubo voces que defendieron la amnistía política, pero que esta figura no tuvo que haberse aplicado a exfuncionarios o políticos por delitos de corrupción.
Aunque la mayoría de los entrevistados concordaron que la amnistía no será declarada inconstitucional por sus implicaciones.
Este martes, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reunirá para conocer los recursos de inconstitucionalidad presentados en contra del decreto de amnistía política o Decreto 04-2022.
Origen de la amnistía
Cabe recordar que el Congreso Nacional aprobó hace dos años el decreto legislativo 04-2022 que fue denominado “Ley para que la construcción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan”, mejor conocido como amnistía política.
Según el espíritu de la ley, el objetivo es reprochar la destitución de Mel Zelaya, condenar el Golpe de Estado y otorgar amnistía a “defensores de la soberanía nacional”.
En este último apartado, la publicación en La Gaceta establece en conceder amnistía general, amplia e incondicional en favor de las personas en contra de quienes se hayan ejercitado acción penal pública, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme y en ejecución ante los tribunales de justicia, o que se encuentren en proceso de investigación, por los supuestos delitos cometidos hasta la fecha.
Bajo esta herramienta, muchos exfuncionarios de la administración de Manuel Zelaya, que estaban siendo investigados o tenían sentencias por cometer delitos contra la administración pública, se sometieron a esta figura y recibieron numerosas cartas de libertad.
Lo anterior generó una ola de reacciones negativas por varios sectores de la sociedad hondureña, que la calificaron como un nuevo pacto de impunidad, solo que a favor de los allegados del gobierno del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Entre las figuras destacadas que se favorecieron con la amnistía están el exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza; el exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri; el exgerente administrativo en la Secretaría de la Presidencia, Rafael Barahona; y parcialmente el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri.
Pulso ciudadano
El ciudadano Luis Gómez consideró como una tontería la convocatoria del pleno de magistrados de la CSJ, alegando que ya se sabe cuál será el resultado de la reunión.
Vaticinó que se declarará inadmisible los recursos de inconstitucionalidad en contra de la amnistía argumentando que favorece al gobierno.
“Es una payasada, ya se sabe que no van a quitar eso, les conviene al partido que está en el gobierno porque la amnistía los va a salvar de la cárcel”, declaró a Proceso Digital.
Incluso advirtió que si el pleno de magistrados de la CSJ declara inconstitucional la amnistía política, no se podrá revertir, indicando que el daño ya está hecho y los que se favorecieron no volverán a ser juzgados.
En el caso de Rodolfo Flores Flores, consideró que no es correcto que políticos sean favorecidos con amnistía y queden libres.
“No es correcto que les perdonen, las leyes tienen que cumplirse por fuerza en el país, no es correcto que ellos salgan favorecidos y los dejen libres, en mi concepto”, sostuvo.
Mientras que el señor Jorge Servellón afirmó que no cree que la CSJ declare inconstitucional la amnistía, señalando que no favorecería a los políticos.
Incluso aseguró que uno de los requisitos para que se instale en el país el mecanismo internacional anticorrupción, mejor conocido como CICIH, es que se derogue la amnistía política.
En ese sentido, aseveró que no se quitará la amnistía porque favorece a la mayoría de la clase política y tampoco quiere que llegue la CICIH.
“Tampoco quieren que la CICIH no llegue porque saben que si llega van a pedir que suspenda la amnistía y meter presos a todos los diputados que aprobaron”, exteriorizó.
Voces a favor de la amnistía
Un ciudadano de nombre Luis López es de las personas que se mostró a favor que se haya otorgado amnistía política a los exfuncionarios de Mel Zelaya.
Incluso fue más allá al exigir que se derogue la amnistía a las personas que participaron en la destitución de Mel Zelaya como los miembros de las Fuerzas Armadas.
Bajo ese mismo renglón se pronunció Eduardo Romero, quien sugirió que se derogue la amnistía otorgada a favor de los militares que participaron en el Golpe de Estado, entre ellos Romeo Vásquez Velásquez.
Agregó que estas personas deberían ser inhabilitadas por un plazo de 10 años de cualquier actividad política y ser capturados por cometer delitos de traición a la patria.
El ciudadano acusó al Partido Nacional y el Partido Liberal de ser los responsables por la no instalación de la CICIH.
Igualmente, se pronunció a favor de la amnistía política el ciudadano César Augusto Henríquez López, quien externó que lo apoya por razones ideológicas.
Apoyó que el pleno de magistrados de la CSJ revise si su aplicación fue correcta o no, pero que su resolución debe ser a favor de la amnistía política.
De su parte, Ramiro Mejía apoyó la aprobación de la amnistía política afirmando que hubo personas que fueron perseguidas por razones políticas por pronunciarse en contra del Golpe de Estado y apoyar en las protestas de 2009.
Indicó que la amnistía es para beneficiar a cada persona que fue afectada por persecuciones en su contra en el Golpe de Estado.
“Yo fui uno de los afectados, le inventaba los delitos, por andar protestando le imponían el delito de reuniones ilícitas en contra del Estado y de conspiración”, contó.
Sostuvo que esta amnistía debía de darse y meter preso a las personas que mataron a cada ciudadano que protestó en contra del Golpe de Estado.
La familia no puede estar indemnizando a las familias afectadas sin aplicar justicia cuando los jefes de Estado son responsables, subrayó.
Para el pueblo no hay amnistía
Por otro lado, el ciudadano Marco Antonio Zúñiga indicó que la amnistía política solo se aplica a los diputados, funcionarios o cualquier magistrado de una institución del Estado.
“Amnistía política es para los magistrados, los diputados y todos los de su clase; para el pueblo no hay nada de beneficio”, aseveró.
Lamentó que toda persona que llega al gobierno solo comete actos de corrupción, incluso los que no lo eran antes de llegar al poder, pero que terminan contagiándose.
Finalmente, Hubert Vega aceptó que se debe aplicar amnistía a las personas que sufrieron de persecución política y lo consideró como beneficioso.
No obstante, señaló que en el caso de otorga amnistías a políticos y funcionarios es complejo, y que tuvo que revisarse cada caso para garantizar si su aplicación fue correcta.
“Si sé que muchas personas que lucharon le levantaron procesos como a estudiantes o defensores del pueblo, y allí conviene amnistía”, opinó. AG
